Reporteros sin Fronteras señala a la ley mordaza como principal amenaza para la libertad de prensa en España

Reporteros sin Fronteras (RSF) ha hecho público, un año más, su informe sobre el estado de la libertad de prensa en 180 países del mundo. Los resultados del 2016, según el estudio, sitúan a España lejos de buen ejemplo en cuanto a evolución positiva. El país ha descendido un puesto en el ranking respecto al año anterior, pasando a ocupar el lugar 34, por detrás de territorios como Australia (25), Letonia (28), Alemania (16) o Luxemburgo (15).

El principal motivo del retroceso, que también han experimentado países europeos como Alemania –cayó del puesto 12 al 16–, Francia –del 38 al 45– o Reino Unido –del 34 al 38–, responde a las leyes antiterroristas que "afectan directamente a la libertad de prensa o el ejercicio profesional", entre las que se encuentra la ley mordaza española.

Tras en análisis de la situación en España, Malén Aznárez, presidenta de RSF en España, reclama en declaraciones a infoLibre que el Gobierno "deje trabajar en libertad a los medios públicos, que mejore la transparencia y el acceso a la información, que pueda haber preguntas en todas las ruedas de prensa con responsables gubernamentales y por supuesto, y en primer lugar, que se derogue la ley mordaza".

Ley mordaza contra los periodistas

A lo largo del 2016, la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana se materializó en toda una serie de sanciones e impedimentos para los profesionales de la información. Según el estudio de RSF, "varios periodistas han sido sancionados con fuertes multas administrativas por fotografiar manifestaciones, sucesos y acontecimientos en la calle y otros han sufrido medidas judiciales contrarias al derecho a informar, aunque en la mayor parte de los casos las peticiones fiscales se acabaron retirando o no prosperaron".

La primera represalia derivada de la ley mordaza llegó, para el sector de la información, en el mes de abril. Axier López, de la revista Argia, fue sancionado con una multa de 601 euros por publicar en la red social Twitter la fotografía de una detención. Finalmente, el periodista pudo esquivar la cuantía requerida, al haber recibido el respaldo de su propio medio y del Parlamento de Navarra.

La de Axier López fue la primera pero no la única sanción a un periodista durante el 2016. En junio, Esther Yáñez –reportera del Canal#0– fue multada con otros 601 euros tras haber fotografiado una cacerolada de protesta ante la sede del PP y no entregar las imágenes a las autoridades.

Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio, también fue multada con la misma cantidad por acercarse al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, cuando iba a declarar ante la Audiencia Nacional. La policía declaró entonces que la periodista había traspasado el perímetro de seguridad, que sin embargo no estaba señalizado. A día de hoy Alcocer está pendiente de la resolución de un recurso en trámite.

Miguel Ángel Valdivielso, fotógrafo del Diario de Burgos, se convirtió en otra de las víctimas de la ley mordaza. El periodista plasmó en imágenes un accidente laboral que causó la muerte de un joven, fotografías que decidió no borrar, pese a desobedecer así las peticiones de la Guardia Civil. Valdivielso también fue multado con 601 euros por "desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa a identificarse".

RSF subraya que la ley mordaza ha sido "cuestionada por todos los partidos excepto el PP en el Gobierno" y que, además, ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "por varios medios y juristas españoles, por las cortapisas que supone para el libre ejercicio de la información, especialmente las relacionadas con la prohibición de tomar y difundir fotografías de acciones policiales y las faltas de respeto y resistencia a la autoridad".

Malén Aznárez reitera su condena a esta ley, una denuncia que su organización abandera "desde que era un borrador". La plataforma "ha exigido sistemáticamente su derogación completa por considerar que se trata de una norma coercitiva, arbitraria e intimidatoria tanto para los periodistas como para los ciudadanos". Aznárez critica además que la normativa "perjudica directamente a la cobertura informativa y, por tanto, al derecho de los ciudadanos a ser informados". "Debe ser derogada en su totalidad", zanja.

Censura en las investigaciones

RSF recuerda, a través de su informe, el proceso abierto contra los periodistas del diario Abc, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, por sus informaciones sobre el sumario del caso Bárcenas. En este sentido, señala que en abril la Fiscalía pidió dos años y medio de cárcel para ambos por presunta revelación de secretos, algo que la organización considera contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional, "que hace prevalecer el derecho a la libertad de información cuando lo publicado es veraz y de interés general". Finalmente, el fiscal retiró la petición de prisión y solicitó el archivo del caso, aunque la acusación particular permanece a día de hoy.

Con la entrada de la segunda mitad del año, el diputado conservador por Asturias David González Medina, acusó a dos periodistas del diario El Comercio por un presunto delito de revelación de secretos, y solicitó pena de prisión para ellos. Marcos Moro e Íñigo Noriega habían publicado la condena del parlamentario en 2004 por tráfico de drogas, así como la sanción que recibió por consumo de estupefacientes, "hechos plenamente probados y contrastados", según indica RSF. "Moro y Noriega aportaban testimonios y datos obtenidos en diversas fuentes y hasta el propio fiscal del caso admitió no haber averiguado el modo en que los periodistas obtuvieron la información, y solicitó para ellos cinco y tres meses de prisión respectivamente, aun reconociendo que la presunta revelación de secretos era consecuencia de la labor periodística".

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Ya en diciembre, el diario El Mundo fue obligado a dejar de difundir información del caso Football Leaks, "abriendo la posibilidad de imponer a su director, Pedro G. Cuartango, penas de hasta cinco años de cárcel". La asesoría fiscal Senn Ferrero Asociados, autora de la denuncia, alegaba que la información tenía como origen un ataque informático, de modo que, argumentaba, trataba de proteger datos confidenciales, fiscales y legales de sus clientes, además de una investigación judicial que ya estaba en marcha.

"Para RSF se trató de un intento de censura sobre una información de indudable interés general", subrayan los autores del informe. El Mundo, recurrió el auto y siguió adelante con la publicación, mientras que el juez emitió un nuevo auto extendiendo la prohibición de informar sobre el caso a los otros doce medios europeos que lo habían investigado, "a pesar de no tener jurisdicción para ello".

Malén Aznárez admite que en España "no se puede hablar de censura clásica", en cuanto a "consignas oficiales o memorandos de directrices destinadas, como puede ocurrir en países como China, con censura institucionalizada y medios controlados desde el poder político". No obstante, recalca, "sí hemos dado cuenta durante 2016 de varios intentos de impedir la publicación de noticias de gran interés mediante procedimientos judiciales en los que se pedía penas de cárcel para periodistas o se amenazaba con prisión si se publicaban ciertos asuntos". Pese a lo preocupante de esta situación, la presidenta de la organización celebra que, "afortunadamente, suele imperar la cordura y el hecho de que se trate de interés público".