La estrategia de la derecha

La respuesta de Bruselas obliga al PP a seguir en la calle para no ceder espacio a Vox en contra de la amnistía

Alberto Núñez Feijóo saluda a sus seguidores durante la concentración contra la amnistía celebrada el domingo en Madrid.

PP y Vox van a tener que esperar. La expectativa que la derecha había puesto en que el comisario de Justicia, Didier Reynders, diese un paso al frente y enviase una señal clara al Gobierno de Pedro Sánchez en contra de la amnistía no ha funcionado. “La situación de Cataluña sigue siendo un tema interno de España que se dirimirá según su Constitución”, reafirmó el representante de la Comisión en el pleno del Parlamento de Estrasburgo a petición de los grupos del PP europeo, de los liberales y de la ultraderecha europea. Como testigos, apenas medio centenar de eurodiputados, apenas el 7% de la Cámara, lo que resume la escasa preocupación que suscita la preocupación por el estado de derecho en España.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, cada uno por su lado porque Génova sigue negándose a compartir el liderazgo de la contestación política frente a Sánchez pese a la insistencia de sus socios en coordinar sus actuaciones, no pueden seguir por ahí. De las palabras de Reynders se deduce que no habrá un pronunciamiento a favor o en contra del perdón a los afectados judicial o administrativa por el procés hasta que la ley haya superado todos los trámites que tiene pendientes, en el Congreso, en el Senado y después, con toda probabilidad, en el Tribunal Constitucional, que será quien decida en última instancia si la norma es compatible con el ordenamiento jurídico español.

“El debate y análisis sobre la ley de amnistía ha de producirse en España, dentro del marco constitucional español y ha de empezar en el Parlamento español”, se justificó el comisario. Y lo hará teniendo en cuenta los textos que se aprueben en el Congreso, no los acuerdos PSOE-Junts, como pretende la derecha, que todo lo más que ha logrado es un compromiso de Bruselas para seguir “muy de cerca” y de forma “muy cuidadosa y objetiva” el debate y cualquier modificación que afecte a la proposición de ley de amnistía durante su tramitación. Como hace, por otra parte, con todas las normas que debate y aprueban los Estados miembros.

El gesto que no llegó

PP y Vox esperaban otra cosa. Al menos un gesto que cuestionara los planes del Gobierno o la legitimidad de los acuerdos que han hecho posible la investidura. Sobre todo después de que el propio comisario pidiese, hace dos semanas, “explicaciones” sobre la medida cuando aún no había siquiera un texto legal y ni siquiera se había cerrado el acuerdo de investidura con los independentistas catalanes. Aunque después matizó que se había limitado a trasladar al Gobierno las “preocupaciones” que le había traslado cientos de ciudadanos y los representantes políticos de la derecha española.

El discurso oficial que difunden los dirigentes del Partido Popular es de satisfacción —la portavoz en Estrasburgo, Dolors Montserrat, declaró este jueves que “el comisario lo dejó bien claro, que esto es un tema europeo, que no es un tema nacional”, pese a que Reynders dijo textualmente todo lo contrario—. Pero, más allá de eso, en el PP se ha desvanecido la esperanza de que la Comisión Europea se pronuncie a corto o medio plazo. “La Unión Europea antes o después va a tener que actuar, porque el que pone en peligro el Estado de Derecho en España es el presidente del Gobierno y presidente de turno del Consejo de la UE”, razonó este jueves el vicesecretario del PP, Miguel Tellado. 

Mientras tanto, a Feijóo no le queda otra alternativa que dar una respuesta “dura, serena y responsable, parlamentaria y en la calle”, a la amnistía y al nuevo gobierno. Y eso significa competir con Vox, que tiene la misma estrategia y que, para este viernes, apoya una huelga general que cuyo fracaso en Génova dan por descontado mientras ellos mismos se preparan para movilizarse como prólogo al aniversario de la Constitución.

“Pataleta”

La lectura que el Gobierno hace del debate celebrado en Estrasburgo está en las antípodas de la derecha. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo considera un fracaso del PP y ha pedido a Feijóo que deje “la pataleta” y haga oposición constructiva.

“Creo que el PP se equivocó con esta estrategia y fue muy claro ayer que no consiguió que su problema fuera un problema para la UE. Fue claro el comisario al decir que el asunto debe debatirse en nuestro país”, aseguró Alegría en declaraciones realizadas antes de la reunión de ministros europeos de Educación que preside.

La portavoz del Gobierno recordó que ahora se abre el trámite parlamentario de la ley de amnistía en España, que es una proposición “impoluta desde el punto de vista jurídico y constitucional”.

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En el PSOE están convencidos de que la estrategia del PP no sólo ha fracasado, sino que, según fuentes socialistas, “ha demostrado en sede europea que es indistinguible de Vox: usan el mismo tono bronco y las mismas mentiras. Su objetivo es dañar al Gobierno progresista, pero lo que hacen es perjudicar la imagen de España”. 

El fin de la democracia

El PP no va a dar, ni mucho menos, marcha atrás. Su prioridad es mantener vivo este asunto y convertir las elecciones europeas de junio de 2024 en un plebiscito contra Pedro Sánchez con el objetivo de redoblar su exigencia de una repetición electoral. Génova sabe que ya es tarde para cambiar de rumbo. No puede dar “carta de normalidad” a la situación después de meses denunciando su gravedad, hablando de un ataque a la independencia judicial “inasumible en una democracia”. De ahí que cada vez sean más las voces de la derecha mediática que apuestan por situar en la portavocía del grupo parlamentario o en la secretaría general del partido a Miguel Tellado, que además de ser la mano derecha de Feijóo es en estos momentos el dirigente más duro de cuantos tienen asiento en el comité de dirección de Génova.

De la radicalidad de sus posiciones volvió a dar muestras él mismo este jueves, negando que España siga siendo una democracia: “Si se ataca la separación de poderes y a los jueces, España ya no es una democracia como son el resto de países de nuestro entorno comunitario. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre”, sentenció en una entrevista concedida a EsRadio en la que recibió.

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