Ruz imputa a siete exdirectivos de CCM por crear un agujero de 267 millones tras otorgar créditos bajo sospecha

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado este martes la comisión de un delito de administración desleal a los siete miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla La Mancha en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2007 y marzo de 2009, al considerar que la aprobación por parte de este órgano directivo de "operaciones singulares" contribuyó a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.

En la causa, en la que se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Caja, ya se encuentra imputado el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó, por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

Los siete nuevos directivos imputados –Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato, Florencio Hernández, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo– han sido citados a declarar para los próximos 20 y 21 de noviembre ante el magistrado.

El juez destaca que, por el momento, sólo se ha dirigido el procedimiento contra Hernández Moltó "sin que por el momento se haya procedido en idéntico sentido respecto de los restantes miembros de la Comisión, en consecuencia, administradores de derecho de la sociedad que, de igual manera que el primero, habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad".

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En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Todas ellas, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser "contrarias a la normativa bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad financiera.

Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010. Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una "generalidad de personas" afectadas por el "perjuicio patrimonial", como son "los depositantes y los acreedores" de la caja de ahorros.