Ley de bienestar animal
El sector de la caza promete batalla al Gobierno "en la calle" y "en las urnas" por su ley animalista
Hay amenazas... y amenazas. Y esta es de las que suenan creíbles con motivo. ¿Por qué? Porque los antecedentes próximos indican que hay que tomársela en serio. Tras conocerse que el Consejo de Ministros iba a aprobar el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, que fue una de los principales objetos de crítica de la macromanifestación del mundo rural de marzo, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, se plantó este lunes con gesto grave delante de una cámara y grabó este mensaje "urgente" dirigido al Gobierno de España y especialmente al PSOE.
Son palabras contundentes. "Hoy es un día aciago para la democracia de este país", llega a decir Gallardo, para quien la ley –que aún debe ser aprobada por el Congreso– "atenta frontalmente" contra la actividad cinegética y sigue esa "ideología animalista que pretende acabar con nuestro modelo social". La única forma de que tal cosa no ocurra es que el PSOE "cumpla sus compromisos" y la "actividad cinegética" quede "fuera" de la norma, que ha sido elaborada por la Consejería de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida por Ione Belarra (UP). ¿A qué se refiere Gallardo? Tras la aprobación en febrero en primera vuelta del anteproyecto, que suscitó fuertes críticas del mundo de la caza, el PSOE se mostró permeable a algunas de sus reivindicaciones y acordó con la RFEC excluir a los "animales auxiliares" de la ley.
De no quedar los animales de caza fuera de la ley, afirma Gallardo, "estaremos ante un episodio sin precedentes en el que un partido miente a cientos de miles de personas, que no podrán creer más en la palabra del Partido Socialista". Y añade: "Nos veremos en las calles, nos veremos en una confrontación absoluta, nos veremos en las urnas. Ya nos hemos visto en las urnas en Andalucía, en Castilla y León. Nos veremos en las urnas en las comunidades y en las generales". La RFEC cuenta con más de 300.000 socios.
La advertencia de movilizaciones de Gallardo gana en verosimilitud porque el mundo de la caza fue el principal impulsor de la masiva manifestación del mundo rural en marzo, dirigida contra el Gobierno y respaldada por el PP y Vox. El partido de Santiago Abascal ya anunció este lunes que "defenderá en las calles" las reivindicaciones de la caza.
Incluidos los perros de caza
Lo cierto es que sus palabras no detuvieron al Gobierno, que aprobó el anteproyecto de la ley y una reforma del Código Penal que endurece las penas por maltrato animal, dos normas cuya tramitación previa suscitó un rechazo frontal de la RFEC y de la Fundación Artemisan, otro agente clave del mundo de la caza, así como de su principal referente mediático, la revista Jara y Sedal.
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Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ya había adelantado este mismo miércoles que los perros de caza seguirían incluidos en la ley, con lo que la actividad cinegética no queda fuera, como exige la RFEC. "Un perro es un perro independientemente a lo que se dedique", afirmó. La ministra, que no compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a pesar de que pasaba por el mismo un anteproyecto de su departamento, afirmó que quienes cuiden bien a sus animales, "que son la mayoría", no tendrán "ningún problema".
Hay más elementos de la norma que suscitan el rechazo de organizaciones como la RFEC y Artemisan [ver aquí información en detalle]. El mero concepto de los "derechos de los animales" o "seres sintientes" fue objeto de crítica, así como las nuevas exigencias para la tenencia y esterilización de perros y la prohibición de actividades como el tiro al pichón, entre otros. El Gobierno también aprobó este lunes una reforma del Código Penal que tipifica la condena del maltrato de los "animales vertebrados", ampliando así el espectro cubierto, en la línea de Alemania y Reino Unido. Esto también suscita rechazo en el sector de la caza.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, afirmó que la Ley de Bienestar Animal, de carácter "pionero", genera un "marco legal común" y está en "plena sintonía" con una sociedad en la que "en uno de cada tres hogares" hay un animal.