Las siete líneas rojas en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio

El Parlamento Europeo se posiciona sobre el TTIP. Este miércoles, el pleno de la Eurocámara votará un informe que contiene las líneas maestras que, a juicio de los eurodiputados, debe seguir la Comisión Europea en el resto de las negociaciones con los EEUU. El documento, que aún se encuentra en fase de borrador, rechaza la privatización de los servicios públicos y exige el fin del espionaje norteamericano, pero también aborda la posición del Parlamento con respecto a mecanismos como el polémico tribunal privado de arbitraje entre inversores y Estados (ISDS, en sus siglas en inglés).

El pasado día 28, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votó el borrador final de este informe, que plantea recomendaciones a la Comisión Europea de cara a las próximas rondas de negociación con EEUU y recoge la postura de otras 13 comisiones con respecto al TTIP. Su aprobación definitiva supondría una guía –eso sí, no vinculante– para los negociadores europeos en sus conversaciones con los norteamericanos. Y, pese a que aún está abierto a enmiendas y no puede considerarse definitivo, el texto ofrece varias directrices claras y otras de carácter más genérico:

1. Sacar los servicios públicos del TTIP

El borrador del informe plantea una línea roja tajante: excluir del ámbito de aplicación del TTIP "los servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y futuros". Entre estos servicios, según se especifica expresamente en el borrador, se encuentran el "agua, salud, servicios sociales, sistemas de seguridad social y educación", en los que cada Estado mantendría su normativa actual.

La idea, según sostiene el informe, es "garantizar que las autoridades nacionales y, cuando proceda, las locales siguen teniendo pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o rechazar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos". La exclusión del ámbito de aplicación del TTIP incluye también los servicios públicos con alguna parte externalizada, ya que el texto deja claro que "se aplicará con independencia de cómo se presten y financien dichos servicios".

2. Reformar el tribunal de arbitraje entre inversores y empresas

El borrador del documento que se someterá a votación el miércoles también aborda la enorme polémica generada por la pretensión de la Comisión Europea y los EEUU de incluir un tribunal de arbitraje privado compuesto por abogados y no por jueces para resolver los contenciosos entre Estados y empresas. Este ha sido uno de los puntos más controvertidos del TTIP desde que comenzó a negociarse en 2013, y ha generado un amplio rechazo entre los grupos de izquierda en el Parlamento Europeo y entre la propia ciudadanía: en una encuesta realizada por la Comisión Europea, un 97% de los participantes votaron en contra del ISDS.

En este sentido, el epígrafe referido a este tribunal dentro del borrador –pactado por los grupos socialista, liberal y popular– pide que se utilicen los tribunales de Justicia ordinarios europeo y estadounidense para resolver las disputas entre empresas Estados. De igual forma, plantea que, a largo plazo, la creación de un tribunal internacional encargado de estos casos, gestionado por “jueces profesionales e independientes” y que incluya un mecanismo de apelación “podría ser” la mejor solución para dirimir los conflictos. No obstante, el enunciado no incluye un rechazo tajante al ISDS dentro del TTIP, lo que provocó las críticas de grupos como los Verdes o la Izquierda Unitaria Europea, que acusaron a los socialistas de haber cedido en su postura inicial.

Por ello, el grupo socialdemócrata presentó hace unos días una nueva enmienda –que se votará el mismo miércoles– en la que se fija un rechazo taxativamente claro contra el ISDS, ya que se plantea que el informe debe incluir que la resolución de disputas entre inversores y Estados se hará “sin el uso” de este tribunal y además se especifica que la creación de un tribunal internacional gestionado por jueces profesionales “es” –frente al “podría ser” que se aprobó el pasado día 28– el mejor método para resolver este tipo de contenciosos.

El PSOE anunció este lunes que, de no aprobarse esta enmienda, votaría en contra del informe completo, si bien el grupo socialdemócrata aún no ha fijado una posición conjunta. En cualquier caso, EEUU ya ha dejado claro que su intención es que el ISDS esté dentro del texto final del TTIP, y asegura que el hecho de que las empresas puedan denunciar los cambios legislativos de los Estados no supone una pérdida de soberanía.

3. El Consejo de Cooperación Regulatoria

La propuesta de informe dedica otro punto a expresar su postura sobre el Consejo de Cooperación Regulatoria, uno de los órganos que más dudas genera a grupos como el Verde o el de la Izquierda, que aseguran que será una herramienta que permitirá que las multinacionales puedan ejercer presión sobre los órganos legislativos democráticamente elegidos a la hora de redactar y aprobar leyes. La Comisión Europea, en su propuesta negociadora, sostiene que este órgano "no tendrá el poder de aprobar leyes", pero sí que podrá hacer "propuestas para la actualización, modificación o adición de medidas sectoriales".

En este sentido, el escrito de la Comisión de Comercio Internacional plantea que el polémico órgano tendrá que "respetar plenamente los sistemas de regulación establecidos a ambas orillas del Atlántico, así como el papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones de la UE y su control democrático de los procesos de regulación de la UE". Igualmente, se exige a la Comisión Europea que detalle "la función, la composición y el estatuto jurídico" del órgano.

De igual forma, el borrador llama la atención sobre el hecho de que "cualquier aplicación directa y obligatoria de sus recomendaciones [del Consejo de Cooperación Regulatoria] implicaría un incumplimiento de los procedimientos legislativos establecidos en los Tratados" europeos, y plantea la necesidad de dejar claro que este órgano "preserva plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas, en particular las políticas sociales y medioambientales".

4. Firmar y aplicar los convenios de la OIT

Una de las exigencias más concretas del borrador es la referente a las condiciones de trabajo mínimas que deben garantizarse en los sectores donde se aplique el TTIP. En ese sentido, el documento plantea como una necesidad "vinculante" la "ratificación, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", y también exige a la Comisión Europea que ponga como condición la aplicación del "Programa de Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos internacionales fundamentales en materia de medio ambiente".

Estos planteamientos, no obstante, parecen complicados de llevar a la práctica, ya que EEUU tan sólo tiene firmados dos de los ocho convenios fundamentales de la OIT –los referentes a la "abolición del trabajo forzoso" y el dedicado a "las peores formas de trabajo infantil"–, y no aplica los relativos al derecho de sindicación, la edad mínima o la igualdad de remuneración. De igual forma, los norteamericanos tampoco se someten a las normas del Protocolo de Kioto, si bien el pasado año firmaron junto a otros 189 países un pacto que pretende ser la antesala del gran acuerdo que está previsto firmar en 2015 para sustituir al veterano tratado.

5. Puerta abierta al fracking

El informe incluye también un apartado sobre energía, en el que no se menciona la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica o fracking. No obstante, uno de los temores de las organizaciones ecologistas –que aseguran que el TTIP facilitará a las empresas norteamericanas iniciar trabajos con estas técnicas en Europa– podrían cumplirse, ya que el documento propone que no se otorguen ventajas a las compañías europeas con respecto a las estadounidenses.

En este sentido, los eurodiputados piden a la Comisión Europea "garantizar que el derecho de cualquiera de los socios a dirigir y regular la exploración, explotación y producción de fuentes energéticas no se vea afectado por ningún acuerdo", pero también matizan que, una vez se decida la explotación, se deberá aplicar "el principio de no discriminación". En cualquier caso, existe una llamada genérica a "incorporar garantías claras de que no se socavarán las normas de la UE en materia de medioambiente y sus objetivos en el ámbito de la acción por el clima".

6. Protección de datos y fin del espionaje

Hay una exigencia muy clara dentro del borrador: que el TTIP "excluya plenamente del acuerdo al actual y futuro marco jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales", por lo que el acuerdo no podría modificar la legislación europea al respecto. El resto de referencias a la protección de los datos personales de los europeos –en EEUU la legislación es más laxa en esta materia– es genérico, aunque el informe hace hincapié en que el TTIP debe "garantizar que el acervo de la UE en materia de privacidad de los datos no se vea comprometido por la liberalización de los flujos de datos, en particular en el ámbito del comercio electrónico y los servicios financieros".

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Por otra parte, también se incluye una crítica al escándalo del espionaje de la agencia estadounidense NSA realizó a cientos de miles de ciudadanos europeos y que fue hecho público en 2013 tras la filtración de uno de los extrabajadores de esta agencia, Edward Snowden. "La aprobación por parte del Parlamento Europeo de la versión definitiva del TTIP podría correr peligro mientras no cesen por completo las actividades de vigilancia masiva generalizada de los Estados Unidos", denuncia el borrador.

7. Acuerdo abierto y Transparencia

El documento que se someterá a votación pide a la Comisión Europea "garantizar que el TTIP es un acuerdo abierto", lo que significa que tras su eventual aprobación podría ser modificado, una característica que despierta recelos entre los grupos reacios al tratado. El informe también plantea la necesidad de buscar fórmulas para acabar con la opacidad que rodea las negociaciones desde sus inicios, por lo que pide a la Comisión Europea "alentar a los Estados miembros a que asocien a los parlamentos nacionales en consonancia con sus respectivas obligaciones constitucionales", así como mantenerlos "oportunamente informados sobre las negociaciones en curso".