El proceso de cesión a manos privadas de la gestión de otros seis hospitales madrileños construidos con dinero público vive sus momentos más determinantes estos 9 y 10 de enero. Los cincuenta magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) están llamados estos días a decidir si el mayor plan privatizador de la sanidad española sigue o no adelante. Y eso ocurrirá porque el anterior presidente de esa Sala, el juez Gerardo Martínez Tristán –casado con una consejera de Cospedal y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP– decidió acumular bajo una instancia entonces controlada por él mismo todos los recursos sobre forma y fondo relacionados con este proceso que se estaban tramitando en diferentes salas del tribunal madrileño.
De hecho, este magistrado fue recusado formalmente por el PSM a causa de su parentesco, si bien esta inciciativa no salió adelante. Ahora, como ha pasado a ser miembro del órgano de gobierno de los jueces, Martínez Tristán ya no puede ejercer como magistrado. Le sustituye el juez Miguel Ángel Vegas Valiente.
01. Recurso del PSM contra su supuesta "falta de legitimación"
El primero de los escritos que resolverá la Sala será el recurso presentado por el PSM contra el auto de la Sección Tercera de este mismo tribunal en el que los jueces argumentaban que este partido no estaba legitimado para recurrir el proceso por no ser parte directa en la adjudicación. A través de este último escrito se levantó una suspensión cautelar que esta misma instancia había dictado dos semanas antes, el 10 de julio de 2013. El razonamiento del tribunal, que no entró en el fondo del asunto, fue que los seis diputados socialistas que lo firmaban –residentes en las zonas de influencia de los hospitales– no ostentaban "un interés legítimo". Los socialistas habían argumentado que la Consejería de Sanidad intentó mejorar las condiciones de la licitación ante la falta de ofertas.
En concreto, se refirieron a la reducción casi a una décima parte de la garantía que debían depositar las empresas aspirantes que la Comunidad llevó a cabo cinco días antes de expirar el plazo de ofertas. Pasó de más de 200 millones a apenas 28. Y eso se hizo cambiando la fianza que debían depositar de un 5% del valor total del contrato –de diez años de duración– que recogían los primeros pliegos al mismo porcentaje pero sólo sobre el valor de un año. De hecho, finalmente Ribera Salud, que opta a los hospitales de Vallecas y Arganda aportó un depósito de 11,7 millones de euros; Sanitas entregó una garantía de 4 millones por el de Coslada e HIMA San Pablo 11,2 millones por los de San Sebatián de los Reyes, Aranjuez y Parla.
02. Recurso de la Comunidad tras la suspensión cautelar que pidió AFEM
Aunque la primera suspensión cautelar de este proceso, que sólo duró catorce días, fue consecuencia de esa impugnación del PSM, el recurso que más preocupa al Gobierno regional es el que impuso la Comunidad de Madrid frente al auto de la Sección Tercera por el que cuatro jueces acordaron de nuevo la suspensión cautelar de la privatización el 11 de septiembre de 2013 tras un recurso de AFEM, el colectivo de médicos impulsor de la marea blanca. En esta ocasión, El TSJ de Madrid sí puso la lupa sobre el cambio de reglas de última hora en la privatización de los seis hospitales. Y además de suspender cautelarmente el proceso –como pedía AFEM– consideró que el Ejecutivo regional introdujo una "modificación sustancial" que "podría haber limitado el principio de libre concurrencia".
En su escrito contra la "publicación" de los pliegos, entre otros motivos, los médicos también argumentaron que la Consejería de Sanidad había cambiado las condiciones de la licitación a cinco días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para las empresas que querían acceder a la gestión de los seis hospitales. Señalaron, sin cuestionar el derecho del Ejecutivo a privatizar la gestión de seis hospitales más, que la Consejería había flexibilizado las condiciones al cambiar la cantidad económica que las empresas tenían que presentar a modo de aval. El departamento de Javier Fernández Lasquetty argumentó que el auto de suspensión no contenía "la precisión que requiere una medida cautelar".
03. Recurso de CCOO ante su expulsión del proceso
El pleno de la Sala también abordará el recurso de reposición del sindicato CCOO contra el auto de la Sección Octava que inadmitía el recurso interpuesto por este sindicato por falta de legitimación y lo expulsaba por tanto del proceso. Esta organización recurrió al tribunal porque el Gobierno de Madrid se negó a suspender el proceso privatizador tras un requerimiento suyo en el que argumentaba que el el Ejecutivo regional carecía de “potestades legítimamente atribuidas” para llevar a cabo la privatización y que había privatizado los hospitales por la vía de hechos, es decir, sin trámite administrativo.
04. Recurso de la Consejería ante la suspensión dictada por un juzgado de lo contencioso
Asimismo, la Sala debatirá el recurso de apelación de la Comunidad frente al auto del 2 de septiembre de 2013 del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid que acordó también la suspensión del procedimiento. En su auto, el juez Carlos Gómez Iglesias consideró que el ahorro que presupone la Comunidad con este proceso "resulta una incógnita en el momento actual". Y señaló que no se entendía bien cómo los encargados de gestionar este servicio "asumen sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia", entre otros argumentos. Este escrito provocó la ira del consejero Lasquetty, que respondió con un duro ataque personal contra el magistrado. De él dijo que emitía "opiniones de tipo personal y político impropios de un auto en un juzgado".
05. Solicitud de medidas cautelares de AFEM y AMYTS en otros juzgados
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Por otro lado, la Sala también tratará la solicitud de medidas cautelares planteadas por AFEM y el sindicato médico AMYTS, que reclaman la suspensión del procedimiento contractual. Ambas asociaciones presentaron sendos escritos contra las diferentes resoluciones de adjudicación de los seis hospitales a las tres empresas ganadoras del concurso. El argumento utilizado en todos los casos fue el cambio en las condiciones de adjudicación de estos centros en pleno concurso. Para tener más opciones de éxitos, estas organizaciones presentaron recursos en varios juzgados de lo Contencioso de la capital. Ahora la Sala deberá decidir sobre los dos que todavía no se han resuelto.
06 y 07. Recursos de otros diputados del PSM por falta de legitimidad
Por último, la Sala verá el recurso de varios miembros del PSM, distintos de los citados anteriormente, a los que también se expulsó del proceso por falta de legitimidad a pesar de que son residentes en las zonas de influencia de los hospitales. También decidirá sobre la solicitud de suspensión del proceso de estos representantes políticos, que recayó en el juzgado de la Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, que se inhibió después a favor de la Sección Tercera del TSJM.
El proceso de cesión a manos privadas de la gestión de otros seis hospitales madrileños construidos con dinero público vive sus momentos más determinantes estos 9 y 10 de enero. Los cincuenta magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) están llamados estos días a decidir si el mayor plan privatizador de la sanidad española sigue o no adelante. Y eso ocurrirá porque el anterior presidente de esa Sala, el juez Gerardo Martínez Tristán –casado con una consejera de Cospedal y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP– decidió acumular bajo una instancia entonces controlada por él mismo todos los recursos sobre forma y fondo relacionados con este proceso que se estaban tramitando en diferentes salas del tribunal madrileño.