Las banderas saharauis continúan ondeando en Barajas. La sala de inadmitidos del aeropuerto madrileño continúa dando cobijo a 37 solicitantes de asilo, once de los cuales permanecen en huelga de hambre en protesta por la decisión del Ministerio del Interior de denegarles la protección a la que, defiende su abogada Fátima Fadel, tienen derecho. "Hay pruebas de que Marruecos les persigue pero no se están valorando estas pruebas", denuncia la letrada. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya ha ordenado la deportación de diez de ellos. Cuatro, especifica Fadel, serán devueltos "de forma inminente". Y su destino será el que precisamente provocó su marcha.
La orden de expulsión es firme, pero ya ha provocado fricciones en el seno del Gobierno. Este martes, los diputados de Sumar Estrella Galán, Jaume Asens y Vicent Marzà enviaron una carta a Interior advirtiendo de que su decisión podría "constituir una posible violación del derecho internacional, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y del derecho de asilo". Y exigieron, por tanto, aplicar el principio de no devolución . Tan sólo unas horas antes fueron Enrique Santiago y Tesh Sidi los que, desde el propio aeropuerto, quisieron presionar a sus socios. "Nuestro Gobierno, un gobierno de coalición progresista, debe velar y poner los derechos humanos en el centro de sus políticas", criticó la parlamentaria de origen saharaui.
Las críticas también llegaron desde Podemos. "Es incomprensible que España haya acogido a 40.000 venezolanos, algunos con problemas económicos y otros con sentencias de terrorismo, y que este Gobierno diga que no se puede acoger a una treintena de sahararuis", criticó su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez. Este lunes fue su secretaria general, Ione Belarra, la que fue hasta el aeropuerto para mostrar el apoyo de la formación morada, pero se le impidió la entrada, algo que ha derivado en una petición de amparo a la Mesa de la Cámara Baja. "Todas las diputadas estamos habilitadas para recabar información donde se puedan estar socavando derechos humanos", explicó en sus redes sociales.
Interior, sin embargo, defiende su postura. Su decisión, argumentó el propio Marlaska este lunes, está amparada por la "legalidad nacional e internacional". "Serán devueltos todos aquellos que no se hayan estimado como acreedores de protección internacional", aseguró el ministro. El problema, a juicio de la defensa de los saharauis, es que ni siquiera se ha estudiado con detenimiento si esto es así. "Ha sido un procedimiento muy rápido, y en frontera. Se debería haber autorizado la entrada para analizar caso por caso y, luego sí, tomar una decisión", valora el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente. "No se han cumplido las garantías procesales", lamenta, por su parte, Fadel.
Todo esto sucede en un momento de máxima colaboración entre la monarquía marroquí y el Gobierno español en materia migratoria. Hace apenas una semana, el departamento que dirige Marlaska aplaudía el "gran esfuerzo" que las autoridades marroquíes habían empleado para contener los intentos de entrada de centenares de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta. "Esta vez no ha pasado nada porque Marruecos se ha aplicado a fondo, ha hecho un despliegue importante de Gendarmería y otros cuerpos de su lado de la frontera y han conseguido evitarlo", celebró Agustín Leal, portavoz de Justicia Guardia Civil.
Hace tan sólo dos años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba además un giro de 180 grados a la política española sobre el Sáhara Occidental reconociendo en una una carta enviada al rey Mohamed VI que el plan de soberanía marroquí sobre el territorio constituye "la base más seria y realista" para lograr una solución a este conflicto.
Pasaporte marroquí, asilo y apatridia
Todo estalló este fin de semana, pero la situación viene de lejos. Los solicitantes de asilo pertenecientes al grupo que aun hoy continúa varado en Barajas empezaron a llegar a finales de agosto y, poco después, empezaron a denegarse las peticiones de protección. Todos ellos aterrizaron con un pasaporte marroquí que aseguraron, y así lo defiende Fadel, había sido "impuesto". "Lo primero que hacen siempre al llegar es renunciar a ella", lamenta la letrada.
En ese momento, cada saharaui, explica Fadel, ha podido acogerse, en concreto, a dos solicitudes. Una es la de asilo; otra, la de apatridia. ¿En qué se diferencian? Como explica Valiente, la primera "responde a situaciones de persecución" y habitualmente amparan a personas procedentes de territorios en conflicto. La segunda, en cambio, se concede "en ausencia de nacionalidad" y se reconoce a las personas saharauis "de forma generalizada". El último informe de la organización que dirige, de hecho, reflejó que sólo en 2023 hubo 909 reconocimientos de personas apátridas, 901 de los cuales procedían del Sáhara Occidental. Dicho de otro modo: el 99% de las personas reconocidas como apátridas el año pasado eran saharauis.
¿Y ahora? ¿Ya no se reconocen como tal? Según Fadel, el problema es que ni siquiera se ha valorado si lo son o no. "Interior se ha escudado en que no es competencia suya tomar esa decisión", señala.
¿Y qué ocurre con el asilo? En este caso, dice la letrada, sí se ha denegado expresamente, pero sin haber estudiado las peticiones con detenimiento. Según explica, muchos de los saharauis retenidos en el aeropuerto madrileño son reconocidos activistas contra la ocupación marroquí de territorios del Sáhara Occidental que cuentan con pruebas de la persecución sistemática de las autoridades del país. Además, el último informe mundial de Human Rights Watch reflejó que Marruecos continúa restringiendo "la actividad de las personas defensoras de los derechos humanos y la independencia en el Sáhara Occidental mediante acoso, vigilancia y, en algunos casos, prolongados encarcelamientos tras juicios injustos".
"Sea cual sea el procedimiento hace falta estudiar las peticiones con detenimiento. Lo que ha decidido Interior es un rechazo en frontera que supone además un agravio comparativo. Si hubieran iniciado los trámites ya en territorio, se habrían estudiado mejor", lamenta Valiente.
¿Contra la legislación nacional e internacional?
Interior deportará a Marruecos a diez de los activistas saharauis que pidieron asilo en Barajas
Sin embargo, no es sólo un "agravio". Como lamenta Fadel, lo que ha ocurrido en Barajas contraviene la legalidad internacional recogida en la Carta de Naciones Unidas y en la Convención de Ginebra de 1951, además de la normativa nacional de la Ley de Asilo.
España todavía está considerada por la ONU la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, por lo que está obligada a cumplir con los artículos 73 y 74 de su carta de derechos. En concreto, y según la norma, "los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo". Para Fadel esto no se está respetando. Pero tampoco la Convención de Ginebra, que establece "que ninguna persona refugiada debería ser devuelta al país en el que su vida o su libertad corren grave peligro".
La Ley de Asilo, por su parte, reconoce unas garantías procesales que, denuncia la letrada y CEAR, no se han respetado. Y no sólo porque no se han estudiado en profundidad las solicitudes, sino porque los traductores impuestos a las personas saharauis retenidas en Barajas, incluso, tienen nacionalidad marroquí. Y no es una cuestión baladí. "Las autoridades españolas deben garantizar en las instalaciones aeroportuarias la presencia de intérpretes de hassanía, el dialecto árabe que emplean la mayoría de saharauis, tal y como también ha recomendado el Defensor del Pueblo. Este requisito es imprescindible para poder obtener una valoración adecuada de los expedientes", reclama la organización en defensa de los refugiados. "Es una burla que a personas que llegan denunciando la persecución de un estado ocupante se les imponga la traducción de una persona de esa nacionalidad. Ni siquiera están respetando su relato", concluye Fadel.
Las banderas saharauis continúan ondeando en Barajas. La sala de inadmitidos del aeropuerto madrileño continúa dando cobijo a 37 solicitantes de asilo, once de los cuales permanecen en huelga de hambre en protesta por la decisión del Ministerio del Interior de denegarles la protección a la que, defiende su abogada Fátima Fadel, tienen derecho. "Hay pruebas de que Marruecos les persigue pero no se están valorando estas pruebas", denuncia la letrada. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya ha ordenado la deportación de diez de ellos. Cuatro, especifica Fadel, serán devueltos "de forma inminente". Y su destino será el que precisamente provocó su marcha.