El pasado 9 de agosto el Gobierno en funciones celebró otra de sus sesiones de Consejo de Ministros. En la agenda, un asunto: las transferencias a los ayuntamientos para la lucha contra la violencia machista. El objetivo, cumplir el mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en septiembre de 2017, que obliga a repartir 20 millones al año a las corporaciones locales para impulsar el desarrollo de medidas contra la violencia sobre las mujeres. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género acaba de hacer pública la resolución que detalla las transferencias, su cuantía y su reparto.
La partida está disponible, en el seno de cada entidad local, hasta el 30 de junio de 2020, aunque todavía está pendiente de ingreso. En ese periodo de tiempo, los ayuntamientos podrán realizar las actuaciones previstas para luchar contra la violencia de género. Una vez concluido el ciclo de actuación, como ya ocurrió con la anterior y primera partida, tendrán que justificar sus acciones mediante una memoria que deberá estar terminada el 31 de octubre del año que viene. Un vistazo por el documento que detalla el reparto evidencia diferencias importantes entre territorios. El motivo tiene que ver con los criterios establecidos a la hora de distribuir el presupuesto. En primer lugar, se marca una cantidad fija que asciende a 689 euros. A partir de esa base, la cuantía se incrementa en función del número de habitantes de derecho del municipio, siguiendo la regla de 0,18 euros por habitante.
Esta forma de proceder hace que sólo haya 59 municipios con una partida superior a los 30.000 euros. El ayuntamiento que pasa a ocupar el número uno en el podio es Madrid, con 588.981,56 euros. Por el contrario, el que menos presupuesto recibe es Illán de Vacas, en Toledo, con 689,90 euros. Como éste existen otros consistorios que ajustan sus estrategias a un presupuesto inferior a los mil euros. ¿Es suficiente?, ¿qué margen de actuación tienen? Paula Ríos, activista en la Plataforma Feminista Galega, pone en duda el alcance de las cuantías más bajas. "Ese reparto, tal y como se hace, es tirar dinero, son parches insuficientes", critica en conversación con infoLibre. A su juicio, lo único que puede hacer un ayuntamiento con 700 euros son carteles, pero no políticas reales. "Necesitamos medidas estructurales, una inversión real y de compromiso para crear servicios dentro de los ayuntamientos", de manera que la estrategia pase por ir "a la raíz de la cuestión" y contemple "recursos permanentes".
Charlas, talleres y atención a víctimas
¿De qué manera gestionan los fondos las entidades locales? De acuerdo a lo establecido, los proyectos o programas contemplados tienen que cumplir un único requisito: servir para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre las acciones contempladas, se encuentra la realización de campañas de sensibilización y prevención, con la elaboración de materiales informativos. También es positiva la creación y mejora de Unidades de Apoyo y Mesas de coordinación local, así como el refuerzo de los servicios municipales de atención a las víctimas e incluso de la Policía Local de Proximidad adherida al Sistema VioGén. La contratación y formación especializada de profesionales del ámbito local que proporcionen información, asesoramiento jurídico o atención psicológica es otra de las patas de la estrategia que han de seguir los ayuntamientos.
Pero el margen de actuación es bien distinto en cada territorio, del mismo modo que las necesidades varían de forma sustancial en los diferentes puntos del mapa. En Pamplona, que recibe 51.529,91 euros, el Ayuntamiento pilotado por Enrique Maya (UPN) se encuentra aún "definiendo las actividades a desarrollar con la nueva partida". Según relata Laura Laquidain, técnica de Igualdad, la corporación municipal está interesada "especialmente en trabajar con población joven y desde un enfoque preventivo, generando reflexiones y debates conjuntos para avanzar hacia una sociedad libre de violencia sexistas". Laquidain asegura que continuarán también "ofreciendo formación al personal municipal y espacios de empoderamiento individual y colectivo para las mujeres".
Con la partida anterior, que se aplicó en los ayuntamientos entre agosto de 2018 y junio de 2019, el Consistorio de la capital navarra realizó una "charla pública sobre desvinculación afectiva", con el objetivo de "reflexionar en torno a la culpa de las mujeres" en los procesos de ruptura y con la psicóloga especializada Norma Vázquez como ponente. También el Ayuntamiento desarrolló un curso personal dirigido al Servicio Municipal de Atención a la Mujer (Smam) y un encuentro sobre violencias sexistas para "generar un espacio para el debate y la profundización en buenas prácticas", dirigido a profesionales de las instituciones o relacionados con el activismo.
El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha también un programa formativo sobre "intervención social con perspectiva feminista interseccional", dirigido al personal del Área de Acción Social, y otro relativo a "empoderamiento grupal para mujeres víctimas de violencia de género", con sesiones quincenales durante los meses de febrero a junio de 2019 y sesiones individuales de atención y apoyo.
En València, tal y como indican fuentes oficiales, las actividades para este año están "en proceso de discusión", aunque la primera acción está ya definida y en desarrollo. Se trata de la adjudicación del programa de intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia y con sus hijos y familiares. El Consistorio contempla 861 atenciones individuales, así como 95 sesiones anuales de los grupos de apoyo. Se trata de un programa que se financia con fondos procedentes del Pacto de Estado y que busca "potenciar la recuperación" de las víctimas, tanto si han denunciado o no a su agresor y que están siendo atendidas en el Espai Dones i Igualtat. València cuenta con una partida de 157.850,51 euros.
En Barcelona, tal como apuntan fuentes municipales, los fondos recibidos el año pasado se utilizaron para "cubrir el 39,7% del presupuesto del Centro Municipal d'Acolliment d'Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM)". El resto del presupuesto queda cubierto por el propio Ayuntamiento de Barcelona, cuya inversión asciende a 6.608.713,5 euros. "La aportación del Estado sólo cubre un 4,4% del presupuesto del Ayuntamiento para el abordaje de las violencia machistas", indican las mismas fuentes. La partida estatal para la capital catalana, que para 2019 se volverá a destinar a lo mismo, es de 292.434,62 euros.
El Pacto contra la Violencia de Género lucha por no languidecer tras ocho meses sin reunirse y más de un año sin avances
Mucho más modesto es el fondo que va a parar a Osorno la Mayor, un municipio de Palencia que recibe este año 914,36 euros. Aunque todavía no hay ningún nuevo proyecto trazado para este nuevo ejercicio, fuentes oficiales explican a este diario que el pasado año se destinó el presupuesto a un taller de marionetas por la lucha contra la violencia de género y a una obra de teatro de la misma temática, con un coste final de 1.094 euros. En Velilla del Río Carrión, también en Palencia, el presupuesto es de 928,40 euros. La alcaldesa socialista Belinda Mencía lleva en el cargo desde junio del presente año y explica que "la partida del año pasado se perdió". Por el contrario, sostiene al otro lado del teléfono, "la intención de este año es utilizarla en campañas de sensibilización y concienciación", en la línea de "charlas y talleres, que pueden ser muy importantes". Aunque reconoce que el importe "da para lo que da", la regidora asegura que "intentará con esos fondos hacer lo máximo posible".
Lo cierto es que la puesta en marcha de los objetivos marcados no es siempre tarea sencilla en los pueblos más pequeños. En Navia de Suarna (Lugo), fuentes oficiales de Servicios Sociales reconocen no tener conocimiento de dicha partida, que en su caso asciende a 894,20 euros. Las ayudas de la Xunta de Galicia, que son compatibles con el presupuesto del Pacto de Estado, no las solicitan porque, continúan las mismas fuentes, en el municipio no suelen ser necesarias ese tipo de acciones. Un portavoz oficial de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género recuerda que las comunidades autónomas deben también encargarse de informar a las entidades locales y que, evidentemente, en los casos de desconocimiento o no ejecución "algo se ha hecho mal".
Todos los ayuntamientos tienen la obligación de presentar una memoria que justifique los fondos comprometidos, mediante la presentación de documentos que tramita directamente la Secretaría de Estado de Igualdad. Respecto a la primera partida del pasado año, los consistorios tienen hasta el 30 de septiembre de este año para justificar su actividad. En caso de no haber gastado los fondos en el plazo previsto, los remanentes se mantendrán al año siguiente para el desarrollo de las actuaciones previstas, pero "el sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado", indica la resolución oficial. A finales de septiembre, dos años después de la firma del acuerdo estatal, las instituciones podrán hacer balance sobre el impacto en las entidades locales, fundamentales en la prevención y la ayuda a las víctimas.
El pasado 9 de agosto el Gobierno en funciones celebró otra de sus sesiones de Consejo de Ministros. En la agenda, un asunto: las transferencias a los ayuntamientos para la lucha contra la violencia machista. El objetivo, cumplir el mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en septiembre de 2017, que obliga a repartir 20 millones al año a las corporaciones locales para impulsar el desarrollo de medidas contra la violencia sobre las mujeres. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género acaba de hacer pública la resolución que detalla las transferencias, su cuantía y su reparto.