Los tesoreros de los partidos darán cuentas todos los años en el Congreso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto a los partidos políticos este miércoles, en su primera intervención durante el debate del estado de la nación 2013, un pacto contra la corrupción "desde la lealtad" para evitar que se escriba una "leyenda negra" de España y acabar con el "clima" que empieza a ser "irrespirable" por que se está extendiendo la idea de que todos los políticos son corruptos cuando no es así, sino que se trata de "excepciones" que brotan como "malas yerbas".

Para ello, ha propuesto una batería de medidas que no son excluyentes de otras que puedan presentar los grupos parlamentarios. Entre estas medidas, está el mayor control de gastos e ingresos de los partidos y sus fundaciones, una auditoría del patrimonio y los ingresos de los dirigentes políticos cuando dejen el cargo, un control de la función de los gerentes o tesoreros de los partidos, que tendrán que comparecer en el Parlamento, agilización de los procesos judiciales y un aumento de las penas para los corruptos, así como de los plazos de prescripción de este tipo de delitos.

Rajoy ha dejado claro que cualquier volumen de corrupción "es demasiado", que "toda corrupción es insoportable", "corrosiva" para el espíritu cívico y "lesiona" la democracia y "desacredita" a España. Pero también se ha mostrado inflexible a la hora de dejar claro que en España la corrupción no es generalizada. "Eso es una insidia", ha exclamado para acto seguido precisar que "ni España es la nación más corrupta, ni todos los políticos son corruptos, ni nos hundimos por culpa de la corrupción". Para Mariano Rajoy, los casos de corrupción son "las excepciones", que sólo son representativas de sí mismas y que "brotan" como "malas yerbas".

No más "leyenda negra"

En opinión del jefe del Ejecutivo una cosa es condenar y perseguir a los corruptos y otra muy distinta es "sembrar o ayudar a que se difunda la especie de que España es un país corrupto, incluso de los más corruptos". Por ello, fue contundente a la hora de afirmar que no va a permitir que se escriba "otra vez" de España una "leyenda negra".

"España es un país limpio", proclamó y advirtió que no quiere que este país se convierta en un lugar "inhabitable" porque se "aplaudan las acusaciones sin pruebas" que acaban causando daños que ni la "rectificación" podrá reparar. Según dijo, es necesario acabar con "este clima" que empieza a ser "irrespirable". Pero, tras afirmar que como no se trata de "ocultar", "trivializar" u "olvidar", propuso un "amplio acuerdo" desde la "lealtad institucional", la "autoexigencia" y la "responsabilidad colectiva" con los ciudadanos, porque estos, apostilló, tienen derecho a confiar en sus representantes y las instituciones.

Tras comprometerse a que sus medidas no serán excluyentes de otras que puedan presentar los grupos, que también serán debatidas en profundidad, planteó que los criterios de la Ley de Transparencia sean de aplicación también a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y a todas las entidades que se financien con fondos públicos. No aclaró si se incluiría la Casa del Rey, aunque hasta el momento el Gobierno siempre se ha negado a tal posibilidad. 

Refuerzo del Tribunal de Cuentas

A ello, añade la propuesta de que haya un mayor control sobre las cuentas y la gestión de los partidos, para lo que el Gobierno trasladará al Parlamento un proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Una norma que modificará otras ya existentes, que supondrá nuevas exigencias para los partidos, extenderá el control a las fundaciones vinculadas a los mismos y reforzará el papel del Tribunal de Cuentas al que dotará de más instrumentos de control.

Con esta nueva regulación aumentarán las exigencias en la aprobación de las cuentas de los partidos, tendrán que estar recogidas en sus estatutos y les obligará a depositar estas cuentas en un registro público específico. A ello se sumará una regulación de los procedimientos de contratación de los partidos y se establecerán "con claridad" las normas de quienes contraten en su nombre.

Esta legislación fijará además "reglas claras" sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económica de los partidos políticos, lo que se podría traducir en un mayor control sobre la función de los gerentes o tesoreros de los mismos. Así, Rajoy especificó que se incluirá en la ley un "doble control externo" sobre las funciones de los responsables económicos, que tendrán el deber formal de colaborar con el Tribunal de Cuentas y por otro lado, la obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la forma en que se han gestionado los recursos de todos los partidos.

Además de esta norma para mejorar el control de los partidos, el presidente propuso también reformas para garantizar la "actuación ejemplar de sus dirigentes, de los altos cargos de la Administración" y de todos los que representan a los ciudadanos.

Un "verdadero Estatuto del cargo público"

El jefe del Ejecutivo considera que este propósito se puede lograr con una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas. Se trataría, según dijo, de un "verdadero Estatuto del cargo público" en el que quedarán tasadas las "escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que puede haber derecho a compensación tras el cese", reforzando también la Oficina de Conflicto de Intereses. Con ello pretende transmitir "seguridad y certeza" a los ciudadanos, pero también a los políticos, porque todos tendrían que responder de la misma manera a las obligaciones de transparencia, con la presentación de las declaraciones de la renta, de bienes y de actividades con los mismos "estándares".

Pero además, Rajoy propuso que se establezca un procedimiento de auditoría de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato. De esta forma se podría detectar cualquier incremento injustificado de su patrimonio o de rentas que fueran incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público.

El jefe del Ejecutivo considera que esta medida debería extenderse también a los diputados y senadores a través de la reforma de las normas que regulan el funcionamiento de las Cámaras. Una reforma en la que cree que también debería incluirse la regulación parlamentaria de los llamados lobbies, organizaciones de intereses, para clarificar cuáles pueden ser sus actividades y cuáles sus límites.

Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción propuesto por Mariano Rajoy (debate del estado de la nación, 20 de febrero de 2013)

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Siempre habrá un "resquicio"

A ello añadió la propuesta de modificar el Código Penal para endurecer las penas previstas por los delitos de corrupción y aumentar los plazos de prescripción, así como una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos para que el tiempo de respuesta ante el delito no favorezca la impunidad del delincuente y también para que no se condene a una "sentencia pública" al que no lo es.

Mariano Rajoy afirmó que con estas medidas se ganará en transparencia, pero admitió que con ellas no se acabará definitivamente con la corrupción porque aunque se mejore la regla "siempre hay quien encuentra un resquicio para vulnerarla".