Los jueces ignoran las recomendaciones de su Comisión de Ética al protestar contra la amnistía
Buena parte del mundo judicial se ha echado este martes a la calle para protestar contra la amnistía y los acuerdos políticos del PSOE con las formaciones independentistas. Lo han hecho en media decena de provincias, en algunos casos convocados por los propios jueces decanos. Y a pocas horas de que arranque una sesión de investidura que culminará con la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Unas protestas que bordean las recomendaciones emitidas por la Comisión de Ética Judicial, que el pasado mes de septiembre desaconsejó a los jueces asistir a manifestaciones cuando su participación pueda percibirse "como una toma de posición política" o "pueda poner en entredicho la confianza" ciudadana en la justicia.
Una parte importante de los actos se han llevado a cabo en suelo andaluz. Allí, más de medio millar de personas, entre jueces, fiscales, letrados y otros operadores jurídicos, se han concentrado durante la mañana en Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén. La más numerosa de todas ha sido la primera, que ha aglutinado a más de cuatro centenares de personas ante la Audiencia Provincial. Entre ellos se encontraba Francisco Guerrero, juez decano de Sevilla, quien este lunes se encargó de convocar a los magistrados a través de una circular a esta concentración, en la que se ha expresado la adhesión de los presentes al comunicado emitido hace cinco días por las asociaciones judiciales y se ha rechazado las referencias al lawfare contenidas en el acuerdo político alcanzado por PSOE y Junts.
Durante el acto de protesta, Guerrero ha evitado entrar a valorar la propuesta de ley de amnistía. Algo que sí ha hecho, sin embargo, el magistrado Joaquín Yust Escobar, presidente en Andalucía de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), vinculada al sector conservador de la judicatura. "La propia ley es un lawfare, porque lo que viene a decir es que lo que ha ocurrido en un determinado periodo de tiempo no existe. Con lo cual de alguna manera nos está apuntando en el sentido de que parece ser que todo lo que ha ocurrido ahí a nivel judicial ha sido una persecución política. Eso es lo que se llama judicialización política", ha señalado en declaraciones recogidas por el diario El País.
Decenas de personas se han concentrado también este martes en Salamanca. En este caso, la protesta fue convocada por el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega, y el juez decano, Juan Rollán. Y, según Europa Press, estaba concebida "en defensa de la separación de poderes y contra la Ley de Amnistía". Sin embargo, el comunicado leído durante la concentración no contenía referencia alguna a la norma de olvido jurídico, sino que únicamente se centraba en el acuerdo político suscrito la pasada semana por independentistas y socialistas. "Estas expresiones –en referencia al lawfare–, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables", se ha encargado de leer Vega, que ha participado ataviado con la toga.
La Comisión de Ética Judicial, un organismo conformado por seis miembros de la carrera, se pronunció hace un par de meses sobre la asistencia de magistrados a protestas. En su dictamen, dejó claro que si bien los jueces "no están privados" del derecho de manifestación que tienen todos los ciudadanos, deben ser "conscientes" del "deber ético" –también en su vida privada– de "evitar" cualquier actuación que "pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad" en el Poder Judicial. Por ello, deben actuar "con moderación y prudencia", sopesando "si esa asistencia puede conculcar o poner en peligro" esos "valores y principios" y ponderando "el disfrute de sus derechos como persona individual y la responsabilidad que deriva de la función judicial".
Aquel dictamen, con el que se daba respuesta a una pregunta sobre la participación de los jueces en actos de este tipo como ciudadanos, recordaba que estas asistencias pueden ser posteriormente analizadas y publicitadas. Por eso, consideraba "desaconsejable desde una perspectiva ética" que un juez asista a una manifestación cuando su participación en la misma pueda "poner en entredicho la confianza ciudadana en la justicia" o pueda "ser percibida como una toma de posición política", entre otras cuestiones. "En suma, debe actuar de forma precavida absteniéndose de asistir a manifestaciones o retirarse de ellas cuando se corra el riesgo de poner en tela de juicio la imparcialidad o independencia del sistema judicial", completa.
No obstante, dicha resolución resaltaba en uno de sus puntos que merece "un juicio ético positivo" la presencia en manifestaciones en defensa de "la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales". "Se pueden, por lo tanto, agarrar a esto para justificar las protestas", apuntan algunas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre. De hecho, las menciones al Estado de Derecho han estado presentes, por ejemplo, en la concentración frente a la Audiencia Provincial de Sevilla. "El Estado democrático de derecho se basa en una serie de principios, entre ellos la independencia judicial, que es fundamental", ha señalado Guerrero durante el acto en la capital hispalense.
Prohibición de censurar a poderes y autoridades por sus actos
El juez decano de Sevilla también fue preguntado en la concentración por el dictamen de la Comisión de Ética. "¿Les preocupa que estas concentraciones puedan poner en cuestión esa independencia judicial?", lanzó una periodista. "Con el máximo respeto, considero que es un imperativo categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial y de todas las profesiones jurídicas con respecto a la independencia judicial", respondió Guerrero. La asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) se ha desvinculado por completo de este tipo de protestas: "La defensa de la separación de poderes exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad que estos actos no garantizan".
Los dictámenes de la Comisión Ética son solo recomendaciones. Es decir, y así se establece en los Principios de Ética Judicial, los actos de la misma "carecen de fuerza jurídica obligatoria y de efectos vinculantes". Sin embargo, a lo que sí están vinculados los magistrados es a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una norma cuyo artículo 395.1 establece lo siguiente: "[Les estará prohibido] dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial".
La ley de amnistía será 'exprés', deja fuera la corrupción y allana el regreso de Puigdemont
Ver más
Algunas fuentes jurídicas, sin embargo, no terminan de ver la aplicación de este precepto en este caso concreto. "El Supremo y el Consejo General del Poder Judicial han interpretado el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de que debe ser compatible con la libertad de expresión de los jueces, como dice la jurisprudencia europea. Solo en casos muy extremos sería admisible la sanción, cuando la censura se produce en el ejercicio de funciones judiciales", consideran las mismas fuentes. Otros juristas, como el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, sí que ven un "problema" en el hecho de que las protestas no sean a título individual, sino que se participe en las mismas a título de juez y convocados por el decano.
Si existe o no una vulneración sobre dichos artículos es algo que tendría que determinar la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial una vez instruido un procedimiento por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por este diario no creen que una denuncia de este tipo vaya a tener demasiado recorrido en el caduco órgano de gobierno de los jueces. De hecho, recuerdan que en los últimos tiempos se han producido "muchas protestas" de magistrados y "convocatorias de decanos a las puertas de los juzgados" y "nunca ha habido ningún expediente disciplinario".
En el CGPJ también recuerdan que las "concentraciones de jueces" se han realizado "desde hace años y por distintos motivos". Y que la Constitución "no restringe el derecho de reunión" de este colectivo. Además, apuntan que los "motivos aducidos ahora" para estas protestas "han sido respaldados" por todas las asociaciones judiciales y todas las asociaciones de fiscales, así como "por los órganos" del Consejo General del Poder Judicial y por las Salas de Gobierno "de muchos órganos judiciales", en las que están representados juezas, jueces, magistrados y magistradas "de todas las tendencias".
