Un tribunal español obliga por primera vez a una Administración a aprobar un plan de calidad del aire

Por primera vez en España, un tribunal obliga a la Administración a elaborar un plan de calidad del aire. En un ámbito en el que las instituciones son expertas en pasarse la pelota, la Justicia se ha pronunciado por primera vez, para satisfacción ecologista, para cortar de raíz las excusas. Ha sucedido en Castilla y León, donde el Tribunal Superior autonómico ha obligado a la Junta, mediante una sentencia hecha pública este lunes, a elaborar un plan contra el ozono troposférico (O³), llamado coloquialmente ozono malo para diferenciarlo del ozono bueno, el estratosférico, que protege al planeta de radiaciones nocivas. Lo hace en base a una ley estatal: la 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que establece la obligación de las regiones de afrontar la contaminación en sus ciudades y zonas rurales.

El motivo del conflicto está en la interpretación de la ley. En las alegaciones al recurso, presentado por Ecologistas en Acción, la Administración arguye que, en el caso del ozono troposférico, como el Gobierno central no ha tomado en marcha ninguna medida para combatirlo, las comunidades autónomas no están obligadas a ello. El argumento es tumbado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: "Las alegaciones (…), referidas a que la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de la Comunidad Autónoma no es un hecho aislado pues se da en todo el territorio nacional y sur de Europa, poniendo de relieve que no se trata de un problema local y regional, no desvirtúan el carácter imperativo con el que los preceptos citados regulan el deber de actuar de las Administraciones Autonómicas en la elaboración y aprobación de los Planes de mejora de la calidad del aire". Es decir, que por mucho que el Ejecutivo haya pecado de inacción, obviando el ozono en sus Planes de Mejora de la Calidad del Aire, la misma inacción del Gobierno regional no es menos digna de reproche.

La ley 34/2007 es clara en el mandato: "Las comunidades autónomas, en los plazos reglamentariamente establecidos, adoptarán como mínimo los siguientes planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire en su ámbito territorial, así como para minimizar o evitar los impactos negativos de la contaminación atmosférica". Urge a aprobar dos en concreto: medidas de calidad del aire a largo plazo y a corto, de acción inmediata en caso de urgencia.

La sentencia se hace eco que la propia Junta de Castilla y León reconoce la existencia de incumplimientos a la normativa. Los magistrados destacan que "la solicitud de la que dimana el presente recurso se presentó en el año 2016, y que ya en el año 2012, se aprecian zonas en las que se superan los valores objetivos, como se desprende de los informes emitidos por la propia comunidad autónoma, sin que transcurridos ya más de seis años […] se haya adoptado plan alguno". Se trata de "una negligencia que está poniendo en riesgo la salud de buen parte de la población de Castilla y León", explica en una nota de prensa Ecologistas en Acción.

Es la primera vez que un tribunal español reconoce la obligatoriedad de una Administración de elaborar planes de calidad del aire, de acuerdo con la ley. Para Ecologistas en Acción es una magnífica noticia, ya que sienta precedente y abre la puerta a recursos a otras normativas, tanto estatales como autonómicas, que no mencionen ni traten el problema del ozono troposférico. Aunque cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que el fallo no es firme. En conversación con infoLibre, el responsable de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, manifiesta su alegría ante la respuesta judicial a "un problema de salud pública de primer orden", y confirma que la organización ha pedido explicaciones en vía administrativa a Aragón, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid sobre la ausencia del ozono malo en sus planes. Paralelamente, la asociación ha impuesto una demanda, aceptada a trámite, al Estado español ante la Audiencia Nacional por este mismo motivo.

¿Qué pasa con el ozono troposférico?

Para entender por qué las administraciones españolas son tan reacias a combatir el ozono troposférico, hay que acudir a sus características. Se trata de un contaminante secundario, ya que se forma por la interacción del dióxido de nitrógeno (NO²), otro gran enemigo de la calidad del aire, con la radiación solar. Por lo tanto, muchas administraciones entienden que, al combatir el dióxido de nitrógeno, indirectamente ya combaten la formación del ozono. Pero no funciona así: la presencia masiva en la atmósfera de NO² destruye el ozono, por lo que suele aparecer cuando la concentración es significativa, pero no demasiado alta. Además, se trata de un compuesto muy volátil, que se deja arrastrar por el viento y aparece en zonas a kilómetros de distancia de la generación de los contaminantes.

Sin embargo, y a pesar del argumento en contra, incluso la Unión Europea es permisiva con el ozono troposférico. Ecologistas en Acción presentó en julio de 2016 una denuncia al Reino de España ante la Comisión Europea para que incluyera al país entre los incumplidores de las directivas de calidad del aire por sus niveles de O³. El Ejecutivo comunitario la rechazó asegurando que una disminución de los niveles de NO² llevará a una disminución del ozono y que, por tanto, con vigilar el NO² basta.

El ozono troposférico, pese a que no se trata del contaminante más lesivo para la salud, es uno de los que protagoniza más incumplimientos por parte de España de la directiva comunitaria, que establece límites asumidos por la ley española al dedillo. Sobre todo en verano, cuando la radiación solar incide con más fuerza sobre la atmósfera. Según el informe sobre calidad del aire en España durante 2017 de Ecologistas en Acción, afectó a una población de 38,1 millones de personas, un 81,8% de la población total y 1,3 millones más de afectados que en 2016, según el valor diario recomendado por la OMS. La práctica totalidad de la población española respiró aire con concentraciones de ozono que superan el objetivo a largo plazo establecido por la normativa.

La contaminación bajó un 20% en el centro el primer mes de Madrid Central y también se redujo en zonas colindantes

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Niveles de ozono troposférico en España.

El ozono troposférico está relacionado con 500 muertes al año en España, una cuarta parte de los fallecimientos vinculados a las peligrosas partículas en suspensión, según una revisión de las cifras ofrecidas por la Agencia Europea de Medio Ambiente por los investigadores de la Universidad Carlos III Julio Díaz y Cristina Linares. Sin embargo, Díaz recuerda que "la mortalidad es el efecto más grave y más visible, pero no el único". Está relacionado con asma, con enfermedades cardiovasculares y respiratorias o con problemas en el nacimiento, además de ser el único contaminante atmosférico que afecta a la vegetación y supone un riesgo para una biodiversidad ya lo suficientemente amenazada con el cambio climático. Nadie se toma en serio al O³, aunque la sentencia del TSJ de Castilla y León podría cambiar la dinámica.