El TS activa la querella del emérito por cinco delitos tributarios: el fiscal tiene, otra vez, la última palabra

Tres meses después de recibirla, la Sala de lo Penal del Supremo activa su maquinaria. La querella que un grupo de juristas y periodistas presentó el pasado mes de noviembre contra Juan Carlos I ya ha sido trasladada al Ministerio Fiscal, que tendrá que pronunciarse ahora sobre la competencia del tribunal y sobre el contenido del escrito, en el que se acusa al rey de haber cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública entre 2014 y 2018. Ahora, según piden los querellantes, el siguiente paso tendrá que ser necesariamente el de informar al emérito. Porque hasta ahora, señalan, tan sólo ha podido tener constancia de esta querella a través de la prensa. A partir de ahí la Fiscalía tendrá que elegir entre dos caminos: o volver al de 2022 o emprender uno totalmente contrario.

Todo se remonta al pasado 25 de noviembre. Fue entonces cuando una docena de personalidades a las que luego se sumaron otras tantas presentaron una querella [puedes consultar su texto íntegro aquí] por las actividades que presuntamente habría cometido Juan Carlos I mediante dos fundaciones: Zagatka (con sede en Liechtenstein) y Lucum (afincada en Suiza). El objetivo, apuntaban, habría sido ocultar sus ingresos y evitar pagar impuestos en España, una operación con la que además se habría financiado gastos personales como viajes de lujo o incluso armas. En un total de cinco ejercicios fiscales, el rey habría defraudado más de tres millones y medio de euros, lo que estaría penado con penas de cárcel de entre dos y seis años por cada uno de los delitos y lo que le obligaría, además, al pago de seis veces el importe desfalcado.

Entre los firmantes iniciales se encontraban el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el periodista Josep Ramoneda, el jurista y activista por los Derechos Humanos Joaquín Urías, la periodista y viuda del escritor José Saramago, Pilar del Río, el escritor Santiago Alba Rico y el exfiscal y exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que explica a infoLibre que ya se ha solicitado el envío a Abu Dhabi del escrito presentado en noviembre.

La admisión a trámite y un posible archivo

Lo que entienden los querellantes es que el primer paso ya está dado y que el proceso, por tanto, ha echado a andar. Cuando se presenta una querella, explica el jurista en conversación telefónica, el tribunal puede rechazarla de plano, tras entender que lo expuesto no es constitutivo de delito o que no se ha presentado ante los organismos competentes. Sin embargo, el traslado del escrito al Ministerio Público descarta la primera opción, y la condición de aforado del emérito descarta la segunda. Por tanto, recuerda, ahora debe ser la Fiscalía la que formule un dictamen sobre su estimación o desestimación. Pero primero tiene que poder acceder a la querella el propio Juan Carlos I.

Será su defensa la que solicite entonces, explica Martín Pallín, el archivo de la causa. Y los querellantes no descartan que así ocurra. Sería además seguir el mismo camino que ya marcó en 2022 el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, que decretó el archivo de tres investigaciones que se mantenían abiertas desde hacía dos años, de las cuales dos hacían referencia a las actividades del ex jefe del Estado con Zagatka y Lucum. El argumento que se utilizó entonces fue que lo supuestamente defraudado se había regularizado, que el caso había prescrito y que en cualquier caso las posibles comisiones recibidas se produjeron cuando aún era rey y, por tanto, inviolable.

La invalidez de las regularizaciones y la prescripción ampliada

Sin embargo, los querellantes ya contraargumentaron en el escrito firmado en noviembre. En primer lugar, los querellantes esgrimieron que las regularizaciones llevadas a cabo en 2020 y 2021 no pueden ser consideradas válidas porque se produjeron después de que el propio Juan Carlos I tuviera conocimiento formal de estar siendo investigado. Y en ese caso, recuerda Martín Pallín, no se cumple el carácter de "espontaneidad" que la ley recoge como requisito inispensable para que este tipo de operaciones sean válidas.

Si en su día sí sirvieron estas regularizaciones fue porque se entendió que las notificaciones enviadas al rey donde se especificaba que estaba siendo investigado no incluían detalles específicos ni se advertía claramente que las irregularidades fiscales que se habían detectado podían ser constitutivas de delito, lo que pudo hacer creer al rey que todavía estaba a tiempo de arreglar sus cuentas con Hacienda. Sin embargo, y en su querella, los firmantes aseguraron que la Fiscalía "nunca" puede tener los "detalles pormenorizados" que sí conoce la Agencia Tributaria.

Los impulsores de la querella contra el emérito piden a la Fiscalía que se pronuncie ya tras ser admitida por el TS

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Por otro lado, y en cuanto a la prescripción de los delitos fiscales, los querellantes explican que en este caso no debe tenerse en cuenta el plazo de cinco años desde que supuestamente se cometió el fraude. Según estiman los querellantes, los delitos de los que se acusa al emérito deberían considerarse como agravados por haber superado la cuantía de 600.000 euros y por haber usado fundaciones, asociaciones y paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Por eso el plazo de prescripción se ampliaría de esos cinco años a los diez. ¿Y eso no dejaría fuera a lo sucedido en 2014? Tampoco, porque lo que se tendría que tener en cuenta no es el fraude de ese año, sino el periodo en el que se debería haber declarado correctamente lo correspondiente a entonces. Es decir, 2015. Sería ahora cuando prescribiría, durante 2025.

¿Y si la Fiscalía no archiva?

De cualquier manera, que ya lo hiciera en 2022 no implica que ahora también tenga que hacerlo. Como explica Martín Pallín, el Ministerio Público puede tomar ese camino, pero también podría emprender el contrario y omitir las peticiones que previsiblemente realizará la defensa del emérito para, directamente, llamarle a declarar. O para iniciar alguna diligencia de investigación.

Los querellantes solicitaron ya en noviembre que ocurriese lo primero, para lo cual el emérito podría intervenir por videoconferencia desde Abu Dhabi. Fue el 3 de agosto de 2020 el día en el que Juan Carlos I anunció que había decidido abandonar España por "la repercusión pública" que generaron "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". Hacía entonces unos pocos meses desde que España había trasladado a Suiza la comisión rogatoria para conocer los detalles sobre el envío de 65 millones de dólares a la cuenta de la fundación Lucum.