Los impulsores de la querella contra el emérito piden a la Fiscalía que se pronuncie ya tras ser admitida por el TS

El 25 de noviembre de 2024, un grupo de juristas y periodistas presentó una querella ante el Tribunal Supremo, bajo la fórmula de acusación popular, contra Juan Carlos de Borbón y Borbón porque consideraban que de las diligencias de investigación que había realizado en su día la Fiscalía General del Estado se desprendía la existencia de cinco delitos contra la Hacienda Pública. El pasado día 28 de enero, los querellantes recibieron una notificación de la Secretaría de Causas Especiales del Tribunal Supremo, en la que se comunicaba que se daba traslado de la querella al Ministerio Fiscal para que informase sobre la competencia del tribunal y lo que estimase oportuno.

Los impulsores entienden que, no habiendo sido rechazada de plano, “la querella ha sido admitida a trámite”. Recuerdan que, según la Ley de Enjuiciamiento criminal, la querella se puede inadmitir cuando los hechos en los que se funda no constituyen delito. Pero en caso de duda hay que admitirla, salvo que el Tribunal no se considere competente para tramitarla, algo que consideran por descontado ya que el jefe del Estado está aforado y es el TS el que resuelve. Por tanto, recuerdan, ahora debe ser la Fiscalía la que formule un dictamen sobre su estimación o desestimación. Y se debe dar además traslado de la querella a la representación procesal del rey emérito, “ya que en estos momentos solo tiene conocimiento de su contenido a través de los medios de comunicación”. Y así se lo han comunicado este 26 de febrero a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Un grupo de juristas y periodistas se querellan contra Juan Carlos I por cinco delitos fiscales

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La querella criminal [consultar aquí el texto íntegro], la primera de este tipo contra el ex Jefe de Estado, establece que Juan Carlos I habría cometido cinco delitos agravados contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018. Unos hechos que, consideran los querellantes, violan “no sólo los preceptos del Código Penal sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos”.

El escrito estaba firmado inicialmente por una docena de personas, entre ellas la del exfiscal y exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el periodista Josep Ramoneda, el jurista y activista por los Derechos Humanos Joaquín Urías, la periodista y viuda del escritor José Saramago, Pilar del Río, y el escritor Santiago Alba Rico. 

Un aspecto que aborda querella es la posible prescripción de los delitos fiscales, ya que estos dejan de serlo a los cinco años de haberse cometido. Los querellantes argumentan que los delitos del emérito se deben considerar como agravados por haber superado la cuantía defraudada los 600.000 euros y haber usado fundaciones, asociaciones y paraísos fiscales para eludir impuestos. Esto significaría que el plazo de prescripción aumentaría de esos cinco años a los 10, por lo que todos los delitos podrían ser aún juzgados.