La Operación Púnica ha dejado al descubierto esta semana cómo familiares y amigos de alcaldes y empresarios se repartían las cuotas de poder en los municipios, independientemente de su color político. El comentario de "estas cosas eran así... no deja de ser un pueblo" ha sido muy común estos días, cuando los vecinos, algunos asombrados y otros no tanto, conocían la noticia de las detenciones de sus dirigentes.
Valdemoro, la cuna del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en prisión incondicional tras ser detenido en el marco de la operación considerado por el juez el cabecilla de la trama, es el mejor ejemplo de cómo un cuñado de uno servía de secretario de otro, que a su vez conseguía con su empresa la adjudicación de un determinado proyecto.
El alcalde de la localidad, José Carlos Boza, también en prisión incondicional por delitos similares, pertenecía a la cuadrilla de Granados en Valdemoro pese a que bastante joven se fue a vivir a Ciempozuelos, donde todavía reside y en donde llegó a ser primer teniente de alcalde. Se da la circunstancia de que la actual regidora de este municipio, María Ángeles Herrera, es también cuñada de Boza, si bien ésta última no se ha visto salpicada por la trama.
También es cuñada de Boza (hermana de su mujer) Ana María Pilar Ramírez, que ha estado trabajando como secretaria para otro de los empresarios de la trama, David Marjaliza, con distintas sociedades repartidas por Valdemoro y otros municipios vecinos. De hecho, figura como apoderada del Centro Médico Valdemoro Plaza, sociedad mercantil de la que es gestor el empresario. Ramírez también ha ingresado en prisión.
Sin salir de Valdemoro, la polémica se acrecentaba el martes cuando, por cuestión de normativa municipal, las llaves de la Alcaldía accidental tenían que pasar a ser de Germán Alarcón, segundo teniente de alcalde de Valdemoro y cuñado de Francisco Granados -es hermano de su mujer, María Nieves Alarcón-.
Granados inauguró en 2008 la cárcel en la que ahora está preso
Con el alcalde y el primer teniente de alcalde, Javier Hernández, detenidos el día anterior, el número tres era Alarcón, por lo que le correspondía hacerse cargo de la Alcaldía. Sin embargo, renunció a la segunda tenencia de alcaldía para que no se diera esta circunstancia pero mantuvo la Concejalía de Cultura, Desarrollo Local del Empleo y Comercio.
Otro lazo familiar destacado es el que protagoniza el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, que ha dimitido de su cargo tras salir de prisión después de haber depositado una fianza de 60.000 euros. Es cuñado del empresario Daniel Marjaliza, también en prisión incondicional. Su hermana, Adela Cubas, ocupaba distintas responsabilidades en las empresas de su marido.
En Móstoles, el detenido fue un concejal adjunto de Medio Ambiente, Alejandro de Utrilla, que ya ha quedado en libertad. Es hermano de dos políticos conocidos en el PP: el actual alcalde de Sevilla La Nueva, Mario de Utrilla; y de Elena de Utrilla, exdiputada regional y procuradora del partido.
La Operación Púnica ha dejado al descubierto esta semana cómo familiares y amigos de alcaldes y empresarios se repartían las cuotas de poder en los municipios, independientemente de su color político. El comentario de "estas cosas eran así... no deja de ser un pueblo" ha sido muy común estos días, cuando los vecinos, algunos asombrados y otros no tanto, conocían la noticia de las detenciones de sus dirigentes.