Unidas Podemos ha mostrado su oposición a los planes que baraja el Gobierno de fijar 2024 como fecha en la que se podrían implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del estado, al entender que es un "impuesto a las clases medias", según han trasladado a Europa Press fuentes de la formación. Según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, el horizonte de 2024 es la posible fecha para aplicar el modelo de peaje en la red estatal, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida. Sin embargo, este planteamiento ha sido criticado por Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, por ser una medida que afecta a las clases medias del país.
Mientras, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Antón Gómez-Reino ha asegurado que "no es el mejor momento" para plantear el debate de cara a extender peajes a la red viaria estatal. En declaraciones a los medios de tras interponer una denuncia por amenazas en la comisaría de Policía de la Cámara Baja, Gómez-Reino ha detallado que su formación política ha sido en diversas ocasiones "clara" en su posicionamiento sobre este tipo de medidas.
Por ejemplo, ha subrayado que, antes de hablar del futuro, hay que "solventar el pasado" para señalar que, en el caso de Galicia, está el caso de la AP-9, cuyo peaje es la "más caro del estado español" con el modelo de concesión que impulsó el PP en los tiempos del Gobierno de José María Aznar. "Es evidente que el marco europeo está sugiriendo medidas y directivas al respecto. Nosotros creemos que no es probablemente el mejor momento para abrir este tipo de cuestión y, en todo caso, entendemos que lo que se manda en el documento, en principio, es la apertura del debate público y ese debate público se tendrá que dar en el Gobierno y también en la sociedad y en la cámara (en alusión al Congreso), ha apostillado.
Ribera y Montero defiende su implantación cuando la recuperación esté asentada
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que esta posible implantación de peajes en las autovías españolas no tendrá lugar hasta "no tener asentada la recuperación" económica en España, señalando además que se tendrá en cuenta el "dar las respuestas adecuadas" para aquellos sectores afectados que necesiten "algún tipo matiz". En rueda de prensa, Ribera recordó que este mecanismo específico de pago por uso de la infraestructura"no es algo nuevo", ya que se ha planteado en el pasado en España y en países del entorno.
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No obstante, subrayó que este mecanismo de peajes en las carreteras españolas "no está definido ni perfeccionado", sino que es una propuesta en la que se está trabajando. "Lo que sí que hay es un compromiso por parte del Gobierno de buscar al máximo el consenso y que esta medida, que no está definida y no es de aplicación inmediata, no llegue a materializarse hasta no tener asentada la recuperación y la integración de aquellas respuestas adecuadas a los colectivos que necesiten algún tipo de matiz", dijo.
Por su parte, aa ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha situado su implantación "cuando la recuperación sea una realidad", por lo que ha reconocido el año 2024 como "una fecha tentativa" para la ejecución de la medida. En declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la presentación del Plan Industrial de Alcalá de Guadaíra 2021-2023, Montero ha precisado que la presencia de peajes en las autovías "se está estudiando", de manera que ha desechado que "se ponga en marcha ahora" y ha esgrimido que "el ministro Ábalos lleva tiempo comentándolo".
La ministra de Hacienda ha justificado la iniciativa que el Gobierno español ha planteado a las autoridades comunitarias en la búsqueda de "un modelo para homologar el mantenimiento de las carreteras con los países vecinos de la Unión Europea". Montero ha admitido, a preguntas de los periodistas, que 2024 podría ser una fecha para poner en marcha los peajes con el deseo de que para entonces "ojalá el crecimiento del PIB sea el previo a la pandemia".
Unidas Podemos ha mostrado su oposición a los planes que baraja el Gobierno de fijar 2024 como fecha en la que se podrían implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del estado, al entender que es un "impuesto a las clases medias", según han trasladado a Europa Press fuentes de la formación. Según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, el horizonte de 2024 es la posible fecha para aplicar el modelo de peaje en la red estatal, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".