La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del sólo sí es sí, vuelve a colocarse en el primer plano de la agenda política nacional. Los partidos tenían hasta este lunes para poner sobre la mesa sus modificaciones a la reforma planteada por los socialistas para acabar con los "efectos indeseados" de la norma –más de siete centenares de reducciones de condena–. Y Unidas Podemos, como era de esperar, ha dado un paso al frente. Los morados han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas, coincidentes con las planteadas por otros socios del Ejecutivo, orientadas a endurecer el castigo para las agresiones sexuales. Cambios que, aunque persiguen lo mismo, los socialistas rechazan con contundencia.
La norma es, desde hace meses, un foco importante de tensión entre las dos almas del Ejecutivo de coalición. Ambas formaciones son partidarias, a día de hoy, de llevar a cabo un endurecimiento de las penas contra este tipo de delitos. Ahora bien, difieren en la fórmula. Los socialistas apuestan por subtipos agravados en cada uno de los artículos básicos de las agresiones sexuales. Sus socios de Gobierno y de investidura, sin embargo, quieren que ese endurecimiento se haga a través del precepto vinculado a las circunstancias agravantes, sin alterar los llamados tipos básicos. En ambos casos, y a efectos prácticos, se consigue lo mismo. Pero en el fondo hay un debate más político que técnico que complica el avance de las negociaciones.
¿Qué plantean Unidas Podemos, ERC y EH Bildu?
Las enmiendas planteadas tanto por Unidas Podemos como por ERC y EH Bildu son idénticas a grandes rasgos. Los tres partidos proponen dejar los tipos básicos de las agresiones sexuales como están: de uno a cuatro años para aquellas sin penetración –artículo 178 del Código Penal– y de cuatro a doce años cuando exista acceso carnal –artículo 179 del Código Penal–. Y endurecer el castigo a través del artículo 180, el de las agravantes. Para ello, retocan el agravante de la "violencia extrema" para dejarlo en un simple "violencia o intimidación". De esta manera, cuando la agresión se produce en ese contexto las horquillas se elevarán: dos a ocho años para la agresión sexual sin penetración y de siete a quince para aquella con acceso carnal.
¿Qué propone el PSOE?
Los socialistas, por su parte, plantean en su reforma que este endurecimiento de las penas no se haga a través de las agravantes, sino introduciendo subtipos en cada precepto básico para situaciones de violencia. De esta manera, se incluye en el artículo 178 del Código Penal –recordemos, penas de uno a cuatro años– un punto en el que se establece que el castigo será de uno a cinco años –sólo se incrementa un año la máxima, dejando la mínima sin tocar– cuando la agresión se haya producido "empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad". Y lo mismo sucede en el 179: se mantiene la horquilla básica de cuatro a doce años y se añade un punto por el que pasa a ser de seis a doce cuando haya violencia o intimidación.
Diferencias más ideológicas que técnicas en la fórmula
Para Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, las diferencias entre ambas fórmulas, la morada orientada hacia el modelo sueco y la roja escorada más hacia el alemán, son mínimas. El debate, desde su punto de vista, tiene más de político o ideológico que de técnico, algo que en parte reconocen también desde el propio Ministerio de Igualdad. "No responde a un problema tan esencial como se está escenificando", dice a infoLibre el también vocal permanente de la Comisión General de Codificación, el órgano superior colegiado de asesoramiento del Ministerio de Justicia. Y completa: "Si se sentaran cinco minutos sin pensar en lo del consentimiento sería fácil llegar a un acuerdo".
Es ahí, justo ahí, donde se encuentra el epicentro de la discusión. Para el departamento que dirige Irene Montero, el hecho de incluir la violencia como subtipo en cada uno de los tipos básicos haría que la misma pasase a formar parte del "elemento definitorio" del delito, diluyendo la falta de consentimiento como núcleo de la norma. Es decir, consideran que meter dos escalones en cada artículo diferenciados por la existencia o no de violencia o intimidación supone volver al esquema previo. Por eso, lo que proponen es no tocar los tipos básicos para que el consentimiento sea lo único e incluir ese elemento definitorio al final, como una agravante que no destaca sobre otra cualquiera.
Cancio, no obstante, cree que la opción a la alemana puesta sobre la mesa por los socialistas, con ese subtipo agravado dentro de cada artículo, deja menos margen a la interpretación de los jueces. "El hecho de regresar a ese esquema anterior obliga a los tribunales a moverse en esos márgenes que existían antes con el abuso y la agresión, con una jurisprudencia ya consolidada. Con la propuesta de Unidas Podemos, los tribunales van a tener que ver cómo acomodan esos agravantes a los diferentes supuestos que existen", explica.
Mayor salto en las penas que puede volverse en contra
Pero más allá de la fórmula, una de las diferencias sustanciales entre ambas propuestas radica también en la progresividad de las penas. "La de Unidas Podemos es más dura en este sentido", explica Cancio. Esto es algo que se puede ver bien con un supuesto concreto. Imaginemos una agresión sexual sin penetración en la que ha habido violencia o intimidación y ningún agravante más. En ese caso, con la propuesta morada o de los socios de investidura se saltaría directamente de una horquilla de uno a cuatro años –la básica– a otra que se movería entre los dos y los ocho años, mientras que con lo que plantean los socialistas el castigo oscilaría entre uno y cinco años.
¿Quiere esto decir que con la propuesta socialista no serían posibles penas más altas? No, ni mucho menos. En un supuesto de agresión sexual sin penetración con violencia o intimidación, por ejemplo, se podría alcanzar una horquilla de cinco a diez años. Ahora bien, para ello la violencia empleada tiene que ser "de extrema gravedad" o debe darse también algún otro agravante: agresión conjunta, contra una persona vulnerable, con uso de armas, con voluntad anulada de la víctima o cuando para la comisión del delito el agresor se hubiera prevalido de una situación de convivencia, parentesco o superioridad con respecto a la víctima.
Esos saltos tan importantes en las horquillas pueden terminar, a ojos de los expertos consultados, convirtiéndose en un problema. "Eso puede llevar a algunos jueces a contenerse a la hora de apreciar determinadas circunstancias de intimidación que puedan ser más leves", considera Cancio. "Hay que tener mucho cuidado a la hora de elevar las penas porque eso puede llevar a algunos jueces a dar un paso atrás a la hora de imponer penas elevadas porque las consideran injustas", resalta también Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal, quien también recuerda que acercarse a los castigos contemplados para el homicidio puede resultar peligroso porque puede llevar a que el agresor decida asesinar también a la víctima.
ERC y Bildu no se fían de los tribunales
Las discrepancias sobre la 'ley del sí es sí' dan el salto a los tribunales superiores a la espera del Supremo
Las enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu también plantean otros cambios. Por ejemplo, que se incluya el concepto "persona allegada" a la agravante relativa a la utilización de una situación o relación de convivencia, parentesco o superioridad respecto a la víctima. Y también plantean retocar la de la anulación de la voluntad. Actualmente, se circunscribe a los fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea para tal efecto. Sin embargo, los partidos quieren que se incluya la expresión "cualquier medio": "Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima por cualquier medio, incluyendo el suministro de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química".
Pero más allá de Unidas Podemos, los socios parlamentarios también plantean en solitario que se introduzcan dentro del catálogo de agravantes dos nuevas: valerse de la condición de funcionario, personal público o agente de cualquier organismo para cometer la agresión o el registro de la violación mediante dispositivos tecnológicos. Además, los dos partidos plantean incluir a la definición de consentimiento que ya figura en la norma –artículo 178.1 del Código Penal– la siguiente frase al final: "No se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa".
Cancio cree que no resulta necesaria la incorporación de dicha frase porque el consentimiento, en su redacción actual, está perfectamente definido. "Eso es algo que ya está implícito en la definición", resalta el penalista, que considera que dicha aportación refleja que ambos partidos siguen sin fiarse de los tribunales en este sentido: "Se parte de esa idea de que los jueces siguen culpabilizando a las víctimas".
La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del sólo sí es sí, vuelve a colocarse en el primer plano de la agenda política nacional. Los partidos tenían hasta este lunes para poner sobre la mesa sus modificaciones a la reforma planteada por los socialistas para acabar con los "efectos indeseados" de la norma –más de siete centenares de reducciones de condena–. Y Unidas Podemos, como era de esperar, ha dado un paso al frente. Los morados han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas, coincidentes con las planteadas por otros socios del Ejecutivo, orientadas a endurecer el castigo para las agresiones sexuales. Cambios que, aunque persiguen lo mismo, los socialistas rechazan con contundencia.