Veinticinco exministros avisan de que imponer la independencia equivaldría a un golpe de Estado

Un total de 25 exministros de los Gobiernos de UCD, PP y PSOE han firmado un manifiesto titulado Ante el intento de separar Cataluña de España en el que avisan de que "imponer como hecho consumado una España sin Cataluña" es "disparatado" y equivaldría a un golpe de Estado.

La independencia de Cataluña, dicen, convertiría a España "en un sujeto político distinto y mutilado" y una decisión de tal calibre no puede adoptarse en unas elecciones autonómicas, "sólo aptas para catalanas", "pues sería un atropello a la ley de imprevisibles consecuencias".

"En democracia, el derecho a decidir no llega al extremo de decidir por el vecino. Derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos. No hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia", dice el texto, recogido por Europa Press.

Los exministros firmantes, que utilizan la misma expresión que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, son los directivos y patronos de la Fundación España Constitucional, una entidad que defiende los valores de la Constitución y cuyas posiciones no comprometen a sus partidos.

Así, entre los promotores del texto hay personalidades que fueron ministros con el PP como Eduardo Zaplana, Abel Matutes, Eduardo Serra, Josep Piqué y Pío Cabanillas; con la UCD como Rodolfo Martín Villa y Marcelino Oreja, y del PSOE como José Bono, Javier Gómez Navarro, Cristina Alberdi, Beatriz Corredor, Cristina Garmendia y María Antonia Trujillo.

Todos ellos pretenden lanzar un "llamamiento a la sensatez" ante un proceso que consideran "intolerable" porque se aleja de las "garantías exigibles en democracia" y en este punto mencionan la organización de manifestaciones con recursos públicos.

A ello añaden la presentación de una lista única para "cobijar" as líderes de partidos con programas a veces opuestos, y además "todo ello presentado como en un supuesto plebiscito, instrumento predilecto de tantos cesarismos".

El documento sostiene que el Estado mantiene "la mantiene la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña", porque la Constitución lo prevé "para situaciones graves" y no se podría reprochar a ningún Gobierno que la usase ante una declaración unilateral de independencia, y también que hay otros instrumentos coactivos, de carácter penal y de orden público, para hacer cumplir la Constitución.

Sin embargo, los firmantes prefieren "vías de reflexión y concordia que eviten y no agraven la fractura social existente", apoyándose en "los vínculos" entre Cataluña y el resto de España y que son "inextinguibles". De entrada, llaman a los catalanes a votar el 27 de septiembre.

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De hecho, hacen un "llamamiento a las principales fuerzas políticas para que dialoguen" y así favorecer una salida "consensuada y respetuosa con el ordenamiento jurídico". En su opinión, "entre la independencia y la situación presente hay fórmulas más convenientes para todos".

Los exministros aprecian lo que representa Cataluña a lo largo de la historia y por eso propugnan "un riguroso análisis sobre si su singularidad está siendo reconocida y valorada de manera justa, y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes", y si es necesario "rectificar cuanto aparezca como equivocado, sin excluir ningún asunto, por delicado que sea", siempre que se haga "entre todos, de buena fe y con espíritu constructivo".

Además, "más allá del enfoque catalán", los firmantes se muestran partidarios de una reforma de la Constitución que haga que la organización territorial del Estado se ajuste mejor y "de manera más equitativa" a las necesidades del conjunto de España, "a la realidad de todas las autonomías" y a los "perfiles singulares propios" de las comunidades.