Once días después de que Hacienda atribuyese a la infanta Cristina la venta de 13 propiedades inmobiliarias por 1,43 millones de euros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, optó en la noche del martes por cumplir su promesa de “explicaciones” a través de un comunicado que no admite preguntas y mantiene las ya planteadas en un mar de dudas.
La nota no solo no aclara con detalle la génesis del error –culpa a los notarios de 11 fallos por volcado erróneo de datos y de dos a la propia Hacienda pero no explica cómo pudo ocurrir si las escrituras son correctas–, sino que, como desveló infoLibre, ni siquiera menciona por qué Hacienda omitió en su informe la venta del único piso, el antiguo domicilio familiar en Barcelona, que realmente consta como transmitido por Cristina de Borbón.
Y es más: de forma implícita pero inequívoca, el comunicado desvela que la Agencia Tributaria nunca hizo nada para averiguar por qué la hija del rey jamás tributó por las plusvalías de unas transacciones que hasta hace menos de dos semanas le atribuía el fisco. La confirmación, farragosa, se localiza en el punto sexto del comunicado, que dice lo siguiente: “Esta información [la de las 13 ventas inexistentes] ha permanecido en la base de datos de la Agencia Tributaria tal y como fue imputada, sin haber sido modificada”.
El corazón del misterio era y sigue siendo cómo pudo introducirse en los ordenadores de Hacienda y afianzarse allí año tras año y sin consecuencias una información errónea sobre 13 operaciones que supuestamente habían reportado 1.435.603 euros a la hija del rey. Pero eso es lo que, según el Ministerio de Montoro, ocurrió. “La causa de esa imputación errónea en once casos fue consecuencia de que la información recibida en la Agencia Tributaria con origen en Notarios y Registradores, figuraba erróneamente atribuida al DNI “14” sin letra de control. Esto provocó la imputación al único DNI “14” que figuraba en la base de datos. En cuanto a los otros dos registros, se produjo error en el proceso desarrollado por la AEAT al incorporar estas operaciones en sus bases de datos”.
De los cuatro notarios que intervinieron en esas operaciones, dos aseguraron ayer a infoLibre que han comprobado de forma fehaciente la exactitud de los datos que hicieron llegar a Hacienda, lo que, de ser cierto, significa que no atribuyeron las operaciones al DNI 14. Un tercer fedatario no pudo confirmarlo porque –dijo– ni siquiera sabía el número de protocolo de las escrituras en cuestión: pasadas las once de la mañana de este martes, exclamó con enfado, ningún organismo oficial había contactado aún con él. La cuarta notaria no pudo ser localizada.
La versión escrita del Ministerio roza lo bizantino cuando aborda por qué la Agencia Tributaria no verificó los datos contenidos en su base pese a que el juez le había requerido un “informe” y no solo los pantallazos de sus ordenadores. Según el departamento de Cristóbal Montoro, Hacienda no contrastó nada porque el juez no acudió a Hacienda para pedirle auxilio judicial. La puntillosa distinción queda expuesta así en el comunicado: “Al no atenderse dicha petición como consecuencia de una solicitud de Auxilio Judicial no era preceptivo un control específico de la información suministrada. En el caso del Auxilio Judicial la información sí debe ser contrastada y valorada ya que la documentación aportada por la Agencia Tributaria al Juzgado adquiere en el proceso el carácter de prueba documental”.
El Ministerio optó por la fórmula de enviar una nota oficial después de que durante todo el día mantuviese viva la idea de que las explicaciones llegarían en una rueda de prensa con preguntas. La escueta y confusa versión oficial ni siquiera ha sido aún puesta a disposición del juez del caso Urdangarin, José Castro, que es quien solicitó el informe tributario causante del enredo y quien, como adelantó este diario, dictó ayer martes un nuevo auto en el que atornilla a la Agencia Tributaria.
Tras reprocharle, de forma escasamente velada, que las aclaraciones no le hayan sido “prioritariamente facilitadas” –ni secundariamente aún-, Castro exige a Hacienda respuesta para las dos incógnitas por las que pasa de largo o de puntillas la nota oficial de ayer martes: la primera es por qué el informe tributario no incluyó la venta del piso de Barcelona que Iñaki Urdangarin y su mujer vendieron en 2006 por 2,2 millones de euros repartidos al 75% y al 25% respectivamente y consignados en sus declaraciones de IRPF de ese año; y la segunda es la de si Hacienda inició “alguna actuación inspectora o de comprobación en relación con esas supuestas transmisiones que se predicaban de doña Cristina Federica de Borbón y Grecia”.
El comunicado, y así lo interpretó anoche el presidente de la asociación de inspectores Gestha, Carlos Cruzado, ratifica que no hubo inspección “ni cruce de datos”. Según Cruzado, Hacienda coteja de forma general las transmisiones inmobiliarias y las declaraciones de IRPF de los vendedores para verificar que el pago de tributos se ha efectuado en caso de plusvalía, que existe en la mayoría de las operaciones. Esta vez, subraya Cruzado, no se hizo. “El comunicado –explica el dirigente de Gestha- dice que los datos estaban en la base de datos, es decir, que han seguido estando todos estos años sin que nadie hiciese ninguna averiguación”. En su opinión, la nota “no aclara nada”.
Once días después de que Hacienda atribuyese a la infanta Cristina la venta de 13 propiedades inmobiliarias por 1,43 millones de euros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, optó en la noche del martes por cumplir su promesa de “explicaciones” a través de un comunicado que no admite preguntas y mantiene las ya planteadas en un mar de dudas.