El juicio por los seguimientos en 2008 a altos cargos del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre y que supuestamente fueron perpetrados por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid dio este miércoles un giro drástico y de consecuencias imprevisibles. Uno de los testigos, el excomisario Jaime Barrado, provocó un auténtico maremoto en la sala cuando, interrogado por la defensa de uno de los seis acusados, involucró en una estrategia destinada a impedir que la Policía investigase al PP a dos figuras de gran relevancia: su antiguo jefe en la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal), José Luis Olivera, y Manuel Moix, que entonces dirigía la Fiscalía madrileña. Lo denunció por los cauces internos, dijo, pero su denuncia se quedó "en un cajón".
En conversación telefónica con infoLibre, Moix negó de forma tajante las acusaciones del testigo, a quien –asegura– no pone "cara ni nombre". Y subrayó que fue él mismo quien, por iniciativa propia, abrió diligencias de investigación en enero de 2009 en cuanto el diario El País publicó que el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el exvicepresidente del Gobierno regional Alberto Prada habían sido espiados. "Lo primero que hay que preguntarle a Barrado es qué pruebas tiene para decir lo que ha dicho porque, encima, la investigación la inicio yo de oficio, tomo declaración al periodista [al autor de las informaciones sobre el espionaje] y a Prada y cuando compruebo que había otra denuncia por los mismos hechos en un juzgado envío las diligencias y ahí acaba mi intervención". Moix abrió las diligencias el 22 de enero de 2009. El 3 de abril las seguía teniendo en sus manos.
"Es cierto –dice Moix– que no veíamos malversación pero ese era también el criterio de los fiscales del caso, que lo llevaba la Fiscalía provincial y no la del TSJM". De la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Moix saltó en febrero de 2017 a la jefatura de Anticorrupción, de la que dimitió en junio de ese mismo año después de que infoLibre desvelase su condición de copropietario de una empresa panameña. A nombre de esa sociedad, en la que Moix poseía el 25%, permanecía inscrito el chalé heredado por él mismo y sus hermanos. Actualmente, se encuentra destinado en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Anuncio de querella
Una vez que Barrado lanzó sus graves acusaciones, la jueza que preside la vista mandó parar: el testigo se estaba incriminando. Tras desechar la opción ofrecida por la magistrada –disolver el jurado, lo que habría devuelto el caso a la fase de instrucción–, el abogado cuyo interrogatorio acababa de deparar la mayor sorpresa del juicio hizo tres anuncios: que pedirá que se deduzca testimonio contra Olivera, Moix y el propio Barrado, es decir, que se remita lo declarado por el testigo para que un juzgado investigue si incurrieron en delito; que interpondrá una querella o una denuncia contra los tres una vez se conozca el veredicto; y que pedirá la nulidad del juicio.
Barrado lanzó el misil durante el interrogatorio del abogado Javier Vasallo, que representa a uno de los seis acusados. Vasallo defiende al guardia civil José Luis Caro, ya condenado en la primera pieza de la Operación Púnica, la del chivatazo que alertó a Francisco Granados, que era número 2 del PP madrileño y consejero de Interior cuando se produjeron los seguimientos. El letrado compagina la defensa de Caro en el caso de los espías con la de Granados en Púnica.
La conmoción se fue apoderando del jurado, los abogados, el público y los periodistas cuando Barrado comenzó a relatar que, una vez iniciadas las pesquisas por el espionaje al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al exvicepresidente de la Comunidad Alfredo Prada, se encontró con "cortapisas" cuando quiso investigar "más arriba".
"Yo –prosiguió Barrado– me niego a rectificar uno de los informes ordenado por el señor Olivera, quería que pusiera falsedades. [Por] Todo este conjunto de cosas yo no me fío ni del señor Olivera ni del señor Moix".
El letrado, Javier Vasallo, siguió adelante y lanzó otra pregunta. Y se abrió el siguiente diálogo:
–¿Usted advirtió irregularidades en su comisario jefe, el señor Ollivera, y en el fiscal jefe, señor Moix, en relación a la investigación?
- Sí, sí.
–Y por qué no lo denunció usted inmediatamente?
–Lo denuncié de la única manera que puede un comisario denunciar a un comisario que tiene por encima, denunciarlo al superior, que era el comisario general de Policía Judicial [en aquel momento, Juan Antonio González].
– Y cómo lo denunció usted?
El jurado absuelve a los seis acusados del caso de los espías del PP de Madrid
– Mediante notas informativas que se quedarían en un cajón.
En el caso, que ha llegado a juicio 10 años después de que el espionaje saliera a la luz y sin que ningún cargo público del momento se siente en el banquillo, hay seis acusados. Todos ellos por malversación: dos guardias civiles y un policía que trabajaban en la Consejería de Interior de Madrid, un técnico de ese departamento, el director general de Seguridad del Gobierno regional y su número dos. Uno de los acusados declaró el lunes que el director general, Sergio Gamón, les ordenó vigilar a cargos del PP en los que el entonces vicepresidente, Ignacio González, tenía "especial interés". González lo ha negado.
Solo la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación particular en calidad de perjudicada, y el PSOE, personado como acusación popular, piden condenas por malversación: multas, en el caso de la Comunidad; penas de hasta cuatro años, en el del PSOE. La Fiscalía reclama la absolución.
El juicio por los seguimientos en 2008 a altos cargos del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre y que supuestamente fueron perpetrados por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid dio este miércoles un giro drástico y de consecuencias imprevisibles. Uno de los testigos, el excomisario Jaime Barrado, provocó un auténtico maremoto en la sala cuando, interrogado por la defensa de uno de los seis acusados, involucró en una estrategia destinada a impedir que la Policía investigase al PP a dos figuras de gran relevancia: su antiguo jefe en la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal), José Luis Olivera, y Manuel Moix, que entonces dirigía la Fiscalía madrileña. Lo denunció por los cauces internos, dijo, pero su denuncia se quedó "en un cajón".