Las cinco excusas del sector conservador para mantener su pulso al Gobierno y el bloqueo 'sine die' del TC
El bloqueo del Constitucional continuará sine die. La segunda reunión de los bloques que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se cerró este miércoles sin apenas avances en la renovación del tribunal de garantías. El encuentro, que se prolongó durante un par de horas, sirvió para dos cosas. Por un lado, para certificar la posición inmovilista en la que se encuentra el bloque conservador. Y, por otro, para comprobar que, a diferencia de lo que esperaba el Gobierno, la resolución no será cuestión de días. Los vocales progresistas no han sido capaces de arañar un nuevo encuentro para continuar avanzando en las negociaciones a sus compañeros díscolos. Y estos últimos, que aún no han puesto un solo nombre sobre la mesa, no creen que deba regir el principio de urgencia en la renovación de un mandato que lleva tres meses caducado. Con todo, no parece que el desbloqueo vaya a ser una realidad antes de que finalice septiembre.
La primera reunión finalizó sin apenas acuerdos. Solo se cerraron aspectos tan básicos como que los nombramientos debían realizarse por "una amplia mayoría" y que la "selección" tenía que llevarse a cabo tras una "minuciosa evaluación" de los currículos. Pero ambos bloques acordaron continuar hablando, llegando incluso a acordar valorar la posibilidad de continuar el jueves con el encuentro mantenido este miércoles. Pero eso no ocurrirá. Los conservadores han decidido, finalmente, seguir dilatando los tiempos. "No consideran que deba producirse la designación en el Pleno del día 29 [de septiembre]", explican los progresistas, quienes han querido quitarse de encima la responsabilidad "de la dilación que se está produciendo" en la designación de los magistrados al Constitucional.
La única fecha que ha salido del encuentro es la del 28 de septiembre. Ese día se reunirá de forma interna el bloque conservador. Pero nada de nuevas citas por el momento con la contraparte progresista. El calendario, por tanto, aboca a que el Constitucional continúe bloqueado de manera indefinida. Al menos, no parece que vaya a haber demasiado movimiento, al menos, hasta la visita a España del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. El sector conservador confía, según Europa Press, en que el representante del Ejecutivo comunitario logre desatascar las negociaciones alrededor del Poder Judicial. Incluso se pone sobre la mesa la posibilidad de que pueda alcanzarse un acuerdo global que desatasque de manera conjunta la renovación del órgano de gobierno de los jueces y el Constitucional.
Es cierto que Reynders se ha mostrado dispuesto a intentar propiciar "un diálogo entre las fuerzas políticas". "No es solo pedir una discusión, sino tratar de unir a la gente. Eso es algo que se ha hecho antes, pero que también trataré de hacer durante esta visita", afirmó el martes el comisario de Justicia europeo. Pero también lo es que desde Bruselas se lleva instando desde hace tiempo que se renueven de una vez por todas los órganos constitucionales. Eso sí, sin éxito alguno. "Es muy importante salir de esta situación, de un Consejo Judicial interino con una limitación de sus poderes. Es una situación anormal y por eso pedimos a todos los partidos políticos intentar salir", presionaba Reynders hace justo un año. Mucho tienen que cambiar las cosas como para que la visita, a la que se agarran ahora los conservadores para dilatar las negociaciones, ponga fin a los bloqueos.
Agujero en el Supremo y sin magistrados conservadores
Además, los vocales díscolos han ido poniendo sobre la mesa otra serie de cuestiones que dificultan las conversaciones. En el primer encuentro, sin ir más lejos, exigieron que se tuviera en cuenta en las negociaciones la repercusión que los nombramientos pudieran tener en la composición de los órganos jurisdiccionales. En concreto, en el Supremo, que es de donde saldrán los candidatos. "Si tengo que sacar a los candidatos para el TC del Supremo, que está deteriorado hasta extremos insólitos, tengo que ver qué medidas se van a adoptar para que yo no contribuya a un mayor deterioro del tribunal", decía a comienzos de septiembre el vocal conservador José María Macías en una entrevista. El Alto Tribunal tiene ahora mismo 14 vacantes sin cubrir, que en los próximos meses se pueden convertir en una veintena.
La Salta Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, es la que se encuentra en una posición más delicada. Y es, justo, la que integran más de la mitad de los magistrados cuyo nombre ya está en las quinielas. Cinco forman parte de esta sala: Eduardo Espín, Isabel Perelló, Ángeles Huet, José Manuel Bandrés y Pablo Lucas. El resto, forman parte de la de lo Social –María Luisa Segoviano y Rosa María Virolés–, muy castigada también por el agujero que existe en el Supremo, y la Militar –Jacobo Barja de Quiroga–, además de Rafael Fernández Valverde, quien fuera vocal en el Consejo General del Poder Judicial.
Estos nueve nombres han sido puestos sobre la mesa por el bloque progresista. Porque el conservador aún no ha confeccionado una lista de posibles candidatos. Los vocales díscolos dicen que no hay un solo magistrado conservador en el Supremo que se les haya propuesto. "No hemos recibido en el seno del grupo ninguna candidatura ni oficial ni oficiosa, más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título personal", afirman. Algunos medios como El País, sin embargo, aseguran que diferentes magistrados del Alto Tribunal considerados de tendencia conservadora han manifestado su predisposición a ir al Constitucional. Entre ellos, Inés Huerta, Diego Córdoba, Francisco Marín o Antonio Sempere.
De las "reglas del juego" a los problemas de agenda
Que la renovación iba a ser larga era algo que se veía venir a comienzos de mes. A pocas horas de que se celebrase el Pleno marcado por Carlos Lesmes para la designación de los dos magistrados que corresponden al Poder Judicial, ocho vocales conservadores, los mismos que plantearon antes de verano llevar a Europa la reforma impulsada por el Gobierno para desbloquear el Constitucional, pactaron no votar ni un solo nombre en la sesión extraordinaria. Antes era necesario pactar las "reglas del juego", es decir, fijar el procedimiento interno para realizar los nombramientos. Los vocales díscolos defendían que solo así se generaría "el marco adecuado" como para poder hablar de candidatos y llegar a consensos. Fue el primer escollo que apareció en un tira y afloja que lleva prolongándose ya dos semanas.
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Por supuesto, se salieron con la suya. El Pleno extraordinario sólo sirvió para fijar las normas de procedimiento que guiasen la designación. Así, se estableció el quorum de constitución y votación requerido o la posibilidad de que cada vocal dé su apoyo a un máximo de dos candidatos en cada votación. Y también se fijó que la próxima reunión plenaria que se convocase para llevar a cabo la renovación en el Constitucional deberá incluir ya el nombre de los dos candidatos. Pero no se impusieron fechas ni plazos para intentar alcanzar un consenso. Por ley debería haber sido una realidad antes del 13 de septiembre. Pero para entonces ni siquiera habían comenzado formalmente las negociaciones entre los dos bloques. En un pulso soterrado con el Gobierno, los vocales díscolos consiguieron que el cambio no fuera una realidad en el tiempo establecido desde el Ejecutivo.
De hecho, el bloque conservador ni siquiera puso sobre la mesa los nombres de sus negociadores hasta pocas horas antes de que cumpliese el plazo legal. Y no tuvieron una primera toma de contacto con la contraparte hasta el mismo día del deadline. Llamaron a los progresistas para verse y poder fijar "las bases" sobre cómo tenía que "desarrollarse el diálogo". Es decir, querían una primera reunión de negociación para hablar exclusivamente de cómo tenía que ser la negociación. Los progresistas querían que no se perdiese el tiempo, que se fijase el encuentro para esa misma semana. Pero, de nuevo, los conservadores plantearon problemas. En un primer momento, rechazaron esa posibilidad alegando problemas de agenda. Pero al final terminaron aceptando un encuentro. Eso sí, telemático y a final de semana.
Aquella primera reunión finalizó sin apenas acuerdos. Igual que este miércoles la segunda. A diferencia de lo que pensaba el Gobierno, el desbloqueo no era cuestión de "días". "El acuerdo no está llegando", lamentaba este martes en una entrevista en la televisión pública la ministra de Justicia, Pilar Llop. No obstante, fuentes del Ejecutivo aseguran que seguirán esperando al órgano de gobierno de los jueces antes de poner sobre la mesa a los dos magistrados que le corresponden del Constitucional. Y confían en que se alcance un pacto en los próximos días. En este sentido, esperan que la visita de Reynders pueda acabar desencallando el asunto.
