Todo el mundo en el Gobierno da por hecho que la reforma laboral saldrá adelante en la votación que tendrá lugar la primera semana de febrero en el Congreso de los Diputados. Pero ahora, tras conseguir poner de acuerdo a sindicatos y empresarios, la gran cuestión es saber qué grupos la acabarán respaldando. La negociación política para cerrar esos apoyos se ha convertido en una auténtica carrera contrarreloj entre los socios de coalición por intentar armar mayorías diferentes. En el PSOE, que en línea con los agentes sociales defiende no tocar ni una coma del texto acordado, dan por hecho que podrán contar con el respaldo de Ciudadanos. Pero Yolanda Díaz apura las opciones de convencer a formaciones como ERC, PNV y Bildu buscando algo parecido a una fórmula mágica: ofrecer algo que seduzca a sus socios parlamentarios y que no haga saltar por los aires el pacto alcanzado con patronal y sindicatos.
La negociaciones de Yolanda Díaz al más alto nivel con representantes de ERC, Bildu y PNV se han intensificado en los últimos días a pesar de que la vicepresidenta tiene la agenda pública suspendida tras dar positivo en Covid-19. El interlocutor principal del Ministerio de Trabajo con los republicanos catalanes es Jordi Salvador, especialista en legislación laboral y hombre de confianza del president de la Generalitat, Pere Aragonés, con quien Yolanda Díaz también se entrevistó la semana pasada. Los contactos, según fuentes de la Vicepresidencia segunda, son permanentes y continuarán en los próximos días, al igual que en el caso de las formaciones vascas.
Aunque las posturas continúan lejanas, desde el entorno de la vicepresidenta consideran que “queda margen” de negociación y el tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo que no descartan a pesar de los pronunciamientos públicos de los últimos días de dirigentes de PNV, ERC y Bildu. El foco de la negociación está puesto ahora mismo en la prevalencia de los convenios autonómicos respecto a los estatales, una de las demandas de las formaciones vascas y catalanas y que, estrictamente, no supondría tocar el texto pactado entre patronal y sindicatos porque es algo que no se aborda en la reforma laboral.
Según fuentes de la negociación, durante las conversaciones en curso “se están estudiando” las posibilidades de introducir alguna aclaración en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores que acabe de definir una prevalencia que, para CCOO, ya se da en la práctica. “Para nosotros no hay ningún problema porque, de hecho, ya ocurre. En Euskadi, por ejemplo, hay un acuerdo interconfederal vigente desde 2017 que nadie ha recurrido y que prevalece sobre las normas estatales. Es una frivolidad poner en riesgo la reforma laboral por esto”, explican desde el sindicato. El problema vendría, sin embargo, por parte tanto de la patronal como de UGT, reacios a que quede reflejada explícitamente esa prevalencia.
El PSOE llama a "ensanchar mayorías"
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Mientras, desde la parte socialista del Gobierno lanzan gestos a Ciudadanos como socio parlamentario alternativo para sacar adelante la reforma laboral. Este jueves, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mostró su voluntad de “ensanchar mayorías”, en clara referencia a los de Inés Arrimadas. Por esa vía los socialistas se encontrarían además con una doble ventaja: no tocar el texto pactado por los agentes sociales y no tramitarlo en el Congreso como proyecto de ley, tal y como piden varios socios de investidura.
De hecho, desde Ciudadanos la principal condición que plantean al Gobierno para votar a favor de la reforma laboral es que no se toque el texto y que permanezca tal cual está. Desde la formación morada ponen en valor que sea una medida acordada por los agentes sociales e incluso defienden que la reforma “se parece muchísimo” al programa que ellos pactaron en 2016 con el PSOE. “Faltan cosas y nos gustaría que fuera más valiente, pero esta reforma recoge nuestra principal tesis en materia laboral, como es el fin del contrato por obra y servicio determinado”, sostienen fuentes naranjas que aseguran que aún no han mantenido ninguna negociación “formal” con el Gobierno para amarrar su voto.
Desde el Ministerio de Trabajo intentan desvincularse de ese apoyo. “Lo que está claro es que esta reforma laboral está en las antípodas de Ciudadanos”, dijo este jueves el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante una entrevista en laSexta. Pérez Rey insistió en que su departamento no está buscando el apoyo de los de Arrimadas ni negociando con ellos y aseguró que, “para el Gobierno en su conjunto, la opción es sacar esto con el bloque de investidura". En esa misma entrevista, el número dos de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo aprovechó para lanzarle un mensaje a formaciones como ERC o Bildu: “Nadie entendería que la primera reforma laboral de la historia que recupera derechos no contara con el aval de aquellas fuerzas que se sitúan al lado de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Quien ve en esto maquillaje creo que ha visto pocas empresas y pocos trabajadores".
Todo el mundo en el Gobierno da por hecho que la reforma laboral saldrá adelante en la votación que tendrá lugar la primera semana de febrero en el Congreso de los Diputados. Pero ahora, tras conseguir poner de acuerdo a sindicatos y empresarios, la gran cuestión es saber qué grupos la acabarán respaldando. La negociación política para cerrar esos apoyos se ha convertido en una auténtica carrera contrarreloj entre los socios de coalición por intentar armar mayorías diferentes. En el PSOE, que en línea con los agentes sociales defiende no tocar ni una coma del texto acordado, dan por hecho que podrán contar con el respaldo de Ciudadanos. Pero Yolanda Díaz apura las opciones de convencer a formaciones como ERC, PNV y Bildu buscando algo parecido a una fórmula mágica: ofrecer algo que seduzca a sus socios parlamentarios y que no haga saltar por los aires el pacto alcanzado con patronal y sindicatos.