Una reforma ambiciosa para el siglo XXI
Hemos estrenado nuevo año y, con él, enfilamos la segunda parte de la legislatura. Se acaban de cumplir dos años de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y de la formación del primer ejecutivo de coalición de la historia de la democracia española. Los aniversarios invitan a hacer balance y, en el que nos ocupa, el recuento de 47 leyes aprobadas nos da una idea de la frenética actividad parlamentaria y gubernamental de estos primeros veinticuatro meses. Máxime cuando ha mediado la más terrible pandemia con un gran volumen de problemas asociados. El saldo legislativo es tan impresionante como lo es la recuperación económica con la que cerramos 2021. La oposición puede gesticular espantando moscas, pero la realidad es tozuda y, además, muy esperanzadora.
En plenas navidades, el Congreso aprobó definitivamente los Presupuestos. El filibusterismo parlamentario del que con demasiada frecuencia hace gala el PP, tanto cuando gobernaba como ahora en la oposición, impidió que celebráramos la Nochebuena con la tranquilidad de dejar aprobadas unas cuentas que han de ser decisivas para consolidar la recuperación justa. De repente les entró un insospechado interés por las lenguas cooficiales y apoyaron una enmienda de Compromís que devolvió los Presupuestos al Congreso. Pero, aun así, las cuentas han entrado en vigor en tiempo y forma. Y, además, somos el primer país en contar con el aval de Bruselas para recibir los fondos europeos. Seriedad, responsabilidad y sentido de Estado, algo de lo que adolece el PP.
Otro gran hito conseguido en los últimos días del ya extinto año ha sido la aprobación de la reforma laboral. Y no a cualquier precio, sino con el máximo consenso de los agentes sociales. Patronal y sindicatos la avalan, cosa que al partido de la oposición parece traerle al pairo. El PP siempre está contra España porque va contra los intereses de la ciudadanía española. Eso es así. Patrioterismo barato, que no patriotismo, el que hace ondear una formación política que ni siquiera realiza el esfuerzo de argumentar, de discutir o de negociar. Se opone sin más porque el acuerdo lo ha alcanzado un gobierno al que continúa considerando ilegítimo, aunque ha ganado consecutivamente unas elecciones tras otras. Flaco favor a España y a su democracia.
La reducción del desempleo y de la precariedad laboral son dos de los principales objetivos de la reforma acordada con los agentes sociales. Así como potenciar la contratación indefinida frente a la temporalidad, recuperar la negociación colectiva e introducir mecanismos de flexibilidad interna en las empresas que sustituyan al despido ante posibles eventualidades. Nunca en la historia de España hubo tantas personas trabajando como hoy, más de 20 millones de ocupados. Encadenamos diez meses seguidos de reducción del paro, especialmente el juvenil, con una caída de cerca del 40% en el último año. Y se crea empleo en todos los sectores económicos. Todo ello no sería posible sin un gobierno que, ante las contingencias de la pandemia, ha puesto al servicio de los trabajadores y trabajadoras, también de los autónomos, mecanismos como los ERTES, los créditos ICO y otras prestaciones.
La reforma que ahora deberá convalidar el Congreso es una ley laboral de y para el siglo XXI y una apuesta decidida para la recuperación justa. No solo reduce la temporalidad, sino que refuerza la creación de empleo de calidad
En periodos de crisis, sea económica, política o de otra índole, las mujeres siempre ven amenazados sus derechos. Ya lo advirtió Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Para las trabajadoras, el mercado laboral es sinónimo de parcialidad y de temporalidad, esto es, de precariedad. Un tercio de las relaciones laborales dura cinco días o incluso menos. Y más del 26% de los contratos suscritos por mujeres son temporales. Por eso mismo, la reforma laboral es, especialmente para ellas, una muy buena noticia. Porque impide el abuso de la temporalidad y generaliza el contrato indefinido. Con la pandemia, se incrementó el paro femenino, aunque ya se está reduciendo, según las alentadoras últimas cifras, las de diciembre de 2021, que sitúan el desempleo en el nivel más bajo desde 2007. Pero el objetivo no es solo la empleabilidad sino el trabajo estable. Nunca como ahora en España había habido tantas mujeres afiliadas en la Seguridad Social. Es justo y es necesario para que las mujeres puedan desarrollar su vida en plena igualdad porque, sin una habitación propia, parafraseando a Virginia Woolf, no hay autonomía que haga posible la igualdad real.
El incremento salarial, con la subida del SMI, ha favorecido igualmente a la parte más débil del mercado laboral, en la que se cuentan muchos trabajadores jóvenes y muchas mujeres en situación de precariedad contractual. Los frutos del crecimiento económico no pueden ni deben estar en manos de unos pocos, sino que hay que repartirlos.
La reforma que ahora deberá convalidar el Congreso es una ley laboral de y para el siglo XXI y una apuesta decidida para la recuperación justa. No solo reduce la temporalidad, sino que refuerza la creación de empleo de calidad, ofrece seguridad jurídica a las empresas y atiende a los requerimientos de Europa. Un acuerdo histórico que modernizará el mercado laboral y nos preparará para afrontar el cambio de modelo productivo. Una reforma imprescindible.
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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.
