Zaplana, el hombre que marcó una época en el PP, tercer presidente valenciano investigado por corrupción

El expresidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002 y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el Gobierno de José María Aznar y el hombre que marcó el despegue de los conservadores en la Comunitat, Eduardo Zaplana, ha vuelto este martes a primera línea mediática, que abandonó en 2008 cuando dejó de ser portavoz del PP en el Congreso, a raíz de su detención por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en una investigación coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, informa Europa Press.

Se convierte así en el tercer expresidente de la Generalitat con el PP investigado por delitos relacionados con la corrupción tras José Luis Olivas y Francisco Camps. La excepción es el último, el actual senador Alberto Fabra, que si bien ganó las elecciones de 2015 no pudo gobernar por el pacto del Botànic que dio a PSPV y Compromís la Presidencia.

De usar el coche oficial, Zaplana ha pasado a dejar su residencia en el centro de Valencia detenido en un coche conducido por la Guardia Civil, tras cinco horas de registro en su vivienda, investigado por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunidad Valenciana.

El expresident comenzó a lanzar su carrera en Benidorm (Alicante), cuya alcaldía alcanzó en 1991 gracias al voto de una edil tránsfuga del PSPV, Maruja Sánchez. De ahí, pasó a la presidencia del PPCV y posteriormente a la de la Generalitat en 1995, tras unas elecciones en las que obtuvo mayoría simple pero en las que el denominado Pacto del Pollo con Unió Valenciana le llevó a presidir el Consell.

En 2002, Aznar le llamó para ocupar la cartera de ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y aunque en repetidas ocasiones él había expresado que no tenía mejor destino que dirigir la Comunidad, se marchó a ocupar el Ministerio y más tarde la portavocía del PP en el Congreso.

Su trayectoria política le permitía decir, en los actos oficiales por el 9 d'Octubre en la Comunidad Valenciana, en 2012, que no había tenido durante su responsabilidad ningún problema judicial. De hecho, recientemente lamentaba, en un acto público en Valencia, que el PP había "renunciado a tener un relato sobre lo que ha aportado a esta tierra desde el año 95" y añadía: "Sin saber bien de dónde se viene, asumiendo los errores que haya que asumir, resaltando los logros obtenidos, es muy complicado explicar bien dónde quieres ir".

Terra Mítica

Sin embargo, pese a no haber tenido ningún problema judicial, sí se vio salpicado por algún caso. Como el de Terra Mítica, que acabó con dos exdirectivos del parque —entre ellos su excuñado— y veinte empresarios condenados por la trama de facturas falsas, una investigación que arrancó de la mano de Fiscalía ya en 2005.

En este caso, Zaplana se vio relacionado porque exdiputados del PSPV habían asegurado que dos de los empresarios implicados les habían dicho que el exministro era uno los comisionistas del parque temático que él mismo impulsó.

Los exparlamentarios grabaron las conversaciones con los empresarios, contra los que se querelló Zaplana, aunque fueron absueltos al retirar la acusación el afectado, que consideró que con la petición de perdón y una retractación de sus manifestaciones el daño había quedado reparado. Asimismo, los empresarios llegaron a decir que los exdiputados socialistas les habían ofrecido contratos si inculpaban en esta causa al expresidente de la Generalitat.

Durante su etapa al frente de la Generalitat se gestó judicialmente también el caso Ivex, en el que se investiga si hubo falsedad documental y malversación de fondos públicos en la forma en la que entonces el Instituto Valenciano de la Exportación pagó al cantante Julio Iglesias para ser la imagen de la Comunidad Valenciana, un contrato que se remonta a 1997 y por el que el intérprete llegó a proclamar que sería la imagen de Valencia hasta que se muriera. Iglesias reconoció a un juez dominicano que recibió seis millones de euros por ese contrato, cuatro más de lo que oficialmente se había admitido.

Conversación con González

El pasado mes de diciembre Zaplana tuvo que declarar en calidad de testigo en la Audiencia Nacional por los pinchazos de una conversación mantenida con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre una grabación con la que se chantajeó presuntamente al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

En esta conversación, que ambos mantuvieron en el despacho de González antes de ser detenido en el marco de la operación Lezo, se hacía referencia a una cinta en la que un empresario reconoció supuestamente unos pagos en b al PP en 2008. Por estos hechos, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa también conocida como Los papeles de Bárcenas citó a Zaplana, quien reconoció que se produjo la conversación y que González le habló de la existencia del vídeo pero se desvinculó de la presunta financiación irregular del PP asegurando que él había abandonado la política en el año 2008.

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Sin embargo, precisamente sobre la presunta financiación irregular del PP, su sucesor en el cargo y enfrentado políticamente con él desde su sucesión —la guerra abierta entre campistas y zaplanistas fue dura durante una larga temporada en el PPCV por el relevo en el partido— le acusó de ser la persona que introdujo la trama Gürtel en Valencia en el año 2002.

"El presidente del partido Eduardo Zaplana me dijo que esta persona (Álvaro Pérez) era la que se iba a encargar de los actos. Era el año 2002", afirmó Camps como testigo en el juicio de la Gürtel, algo que el exministro no tardó en contestar, horas después con un comunicado: "De ser cierto lo afirmado por el Sr. Camps, sería lo único en lo que habría seguido mis directrices", afirmaba Zaplana, en alusión a sus desencuentros.

Las de González no son las únicas conversaciones en las que salió a relucir el nombre de Zaplana. Anteriormente lo hizo en unas al concejal del PP de Valencia en 1990 Salvador Palop, en el caso Naseiro, pero que fueron anuladas por el Supremo.