Je suis Charlie (menos en España)

¿Sigue vivo el lema Je suis Charlie? Fue creado por Joachim Roncin en la misma mañana del atentado en París que costó la vida a 12 personas, entre ellas dos policías y los célebres dibujantes Cabu, Wolinski y Charb. Ocurrió el 7 de enero de 2015. Cuatro días después, cientos de miles de personas tomaron las calles en defensa de la libertad de expresión y de la revista satírica Charlie Hebdo, en cuyo ADN está no respetar nada. Ni a Mahoma, algo que les costó el ataque. También desfilaron alejados de la multitud, como si su gesto fuera sólo para camarógrafos y fotógrafos, cerca de 40 líderes mundiales, incluido Mariano Rajoy. ¿Qué hacía ahí el presidente de un Gobierno que castiga los chistes sobre Luis Carrero Blanco, la mano derecha del dictador Francisco Franco?

Si el grupo británico Monty Python hubiese filmado La vida de Brian (1979) en la España actual sus miembros estarían perseguidos por la Audiencia Nacional, acusados de enaltecimiento del terrorismo (la escena del Frente Popular de Judea), propagación del odio (todo el metraje) y mofa de los sentimientos religiosos (sobre todo en la escena de la cruz). También estarían en busca y captura o presos Tip y Coll y los dibujantes de Hermano Lobo, Por Favor y El Papus.Hermano Lobo, Por FavorEl Papus

Charlie Chaplin no hubiera podido realizar una versión española de su película El gran dictador (1940) porque la ridiculización de Franco, Carrero y el Valle de los Caídos puede acarrear penas de cárcel. ¿Qué ha pasado para que chistes que resultaban aceptables en el tardofranquismo y en los primeros años de la Transición sean hoy un campo abonado para la querella?

Dos artículos del Código Penal, y su aplicación restrictiva y arbitraria, son responsables de los casos de Guillermo Zapata, Rita Maestre, Raúl García y Alfonso Lázaro (Títeres desde abajo), César Strawberry y Cassandra Vera: el 525, que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos, y el 578, que persigue el enaltecimiento o la justificación del terrorismo y el menosprecio a las víctimas. Un tercio de los casos por terrorismo en la Audiencia Nacional tienen que ver con tuits y tuiteros. La policía que antes perseguía etarras, ahora persigue chistosos.

El 578 se introdujo en diciembre de 2000 con José María Aznar de presidente del Gobierno. Contó con el apoyo del PSOE, ya que formaba parte del pacto antiterrorista. “Era un momento muy difícil en la lucha contra ETA. Algunos ayuntamientos daban el nombre de calles a etarras o les rendían homenajes. Hasta ese momento no existía una norma concreta. Los fiscales recurrían para poner en marcha acciones administrativas: prohibir los actos o imponer multas”, dice una fuente judicial. “Pese a la época y las circunstancias, en medio de una ofensiva general contra ETA y su entorno, que incluía el cumplimiento íntegro de las penas, el Gobierno fue prudente, sólo se empleó en los casos más duros”, añade.

Un código penal más duro

En octubre de 2015, con Mariano Rajoy en La Moncloa y una mayoría absoluta del PP en el Parlamento, se produce un cambio sustancial. Se aprueba una modificación del 578 que agrava las penas de dos a tres años, algo serio porque conlleva la entrada en prisión, y se extiende la persecución a las redes sociales. La reforma coincide con Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior. Fernández Díaz, considerado un ultra católico que condecora imágenes religiosas, ha dejado un reguero de escándalos: policía política, fabricación de investigaciones contra los independentistas catalanes y Podemos, filtraciones y grabaciones ilegales. Esta ofensiva política y judicial ha contado con el apoyo de unos medios de comunicación afines que no dudaron en saltarse sus propias normas deontológicas para enfangar a un partido que perciben peligroso para el status quo.

Raúl García y Alfonso Lázaro pasaron cinco días en prisión e incomunicados. La Policía y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno consideraron enaltecimiento del terrorismo un pasaje de la obra de títeres La bruja y don Cristóbal, que más que honrar a ETA o Al Qaeda, pretendía ridiculizar la manipulación que rodea a estos asuntos. Fue un texto premonitorio de su propio caso. La hemeroteca sacaría los colores a más de un cronista.

“Se les aplicó el delito de exaltación del terrorismo e incitación al odio”, asegura su abogado, Eric Sanz. “Al entrar en prisión les incluyeron en el fichero especial de seguimiento de banda armada. Lo grave de este asunto es que se tomaron decisiones sin ver la obra, basados sólo en referencias (…) Hay un retroceso en la conquista de los derechos fundamentales. Se utiliza una ley para decidir qué se puede y no se puede decir, de qué te puedes y de qué no puedes reírte. El humor no tiene límites en su contexto humorístico. El emisor y el receptor saben que se trata de humor. Sucede lo mismo con la ficción”.

“Existen unas razones políticas claras detrás, sobre todo a partir de Fernández Díaz”, asegura el magistrado Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces para la Democracia. “Hay una intencionalidad política de mostrarse duro en asuntos de orden público; es algo que cohesiona a las bases de apoyo al Gobierno en un momento de crisis, ajustes y escándalos de corrupción. Veremos qué pasa con el nuevo ministro [Juan Ignacio Zoido]”, dice Bosch.

Indicador de salud democrática

“La sátira es, por su propia naturaleza, agresiva y provocadora. Busca ser un espejo de la realidad en situaciones en las que la realidad es más ofensiva que el humor. La capacidad de aceptarla es un indicador de tolerancia en una sociedad, de su salud democrática. Para un régimen intolerante, la sátira y el humor son un problema”, asegura Jaume Capdevila, KAP, uno de los grandes caricaturistas europeos y que publica habitualmente en La Vanguardia. “Lo que está sucediendo en España dice mucho de nuestra salud democrática. El indicador está en rojo. Siempre hay un espacio y un tiempo para el humor donde hay salud democrática”.

“La involución política del Gobierno se debe a que no existe una oposición con capacidad de ponerse de acuerdo para formar otro alternativo”, señala KAP. “Cuando surgen las tendencias totalitarias, el humor resulta incómodo. El humor actual es mucho menos bestia, mucho más políticamente correcto que el de hace 20 años. Un ejemplo es El Papus. Si lo viéramos ahora diríamos ‘¡cómo les dejaban publicar esto!’ (…) Mongolia Mongoliasería otro ejemplo, ellos reconocen la influencia de El Papus en lo que hacen, pero ahora las audiencias se han atomizado. El Papus llegaba a más gente. Ningún medio tiene la misma difusión”, añade KAP.

“En los delitos vinculados a la libertad de expresión, como es el caso de los delitos contra el sentimiento religioso, el elemento subjetivo es fundamental”, afirma Bosch. “Hasta ahora, la jurisprudencia defendía que debía existir una intencionalidad para el delito. La sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Strawberry sostiene que no es necesario, pero existe el voto particular de Perfecto Andrés Ibáñez, un magistrado de prestigio. En él argumenta que para que haya delito de odio debe haber no sólo intencionalidad, sino potencialidad de hacer daño. La mayoría de los chistes, como los juzgados estos meses, se agotan en sí mismos”.

La idea de regular el discurso del odio procede de la legislación de EE UU, donde existe una libertad de expresión absoluta. Se introdujo para poner un límite, al menos en los casos en los que esa incitación al odio represente un peligro, cuando anime a cometer asesinatos. El mes pasado se aprobó una directiva europea que introduce en la UE este factor del odio, pero siempre desde el punto de vista legal estadounidense.

Un ejemplo que puede ayudar a entender la diferencia con lo que sucede en España, donde la redacción de la ley facilita su uso arbitrario. Edurne Uriarte, columnista del diario ABCABC, arremetió hace unos días contra el magistrado Bosch por afirmar que “España es el único país europeo en el que se castiga con prisión contar chistes”. En una columna titulada Los chistes en España y Francia, Uriarte esgrime el caso de Dieudonné para desmentirle, pero olvida, o desconoce, que las condenas a este cómico francés no fueron por contar chistes sino por pedir a sus seguidores que mataran judíos. Aquí está la clave, algo que parecen obviar también los jueces de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel o el ex senador del PP y ahora juez Vicente Magro, artífice de la admisión a trámite de la denuncia contra el Gran Wyoming y Dani Mateo.

Gonzalo Boye tiene la doble condición de codefensor de César Strawberry, junto a Isabel Elbal, y de ser uno de los editores de Mongolia. “En la sentencia del Supremo contra César hay dos aberraciones jurídicas: condena a un absuelto sin un nuevo juicio y da una litero-suficiencia a un tuit, como si se tratase de un acta notarial (…) Cuando llegué a España me sorprendió escuchar en la calle la expresión ‘me cago en Dios’. Vengo de una familia mezclada y de un país católico. Si dices eso en Chile, te linchan. El contexto siempre es relevante”.

“Lo que se está recortando es la libertad de expresión en su conjunto”, asegura Boye. “Primero son los chistes, después serán la información y la opinión. Forma parte de una estrategia. Antes se conseguía el control de la información y de la opinión con el control de cinco directores de medios. Ahora con las redes sociales hay un problema para ejercer ese dominio: cualquiera puede informar y opinar. Lo que se busca es crear una cultura del miedo. Tendrán éxito si la ciudadanía se arrodilla. Lo que está pasando en España debería ayudar a que la sociedad despierte. Es algo que nos puede afectar a cualquiera (…) El Derecho Penal no está para proteger a tiranos ni para juzgar chistes malos, que algunos lo son, pero son opiniones. Es como si una parte de la Historia de España no pudiera ser revisada”, dice Boye.

La tolerancia como límite

“La sátira busca la máxima difusión”, asegura KAP. “Empezó en los teatros; después saltó a la prensa. Busca incidir en la sociedad, sueña con cambiar el mundo. No sólo busca el disfrute de quien la lee o la escucha, quiere que reaccione. Se habla mucho de los límites del humor y de la sátira, que son herramientas que ayudan a reflexionar sobre la realidad. Las herramientas no tienen límites, el límite está en cómo se usan. Lo cierto que el humor puede hacer mucho daño, por ejemplo el humor antisemita en la Alemania nazi, el humor xenófobo, el machista, el que degrada. El límite es el respeto, la tolerancia”.

“El Tribunal europeo le va dar una nueva colleja al Supremo en el caso de Strawberry. Un juicio de estos en la Audiencia Nacional puede costar entre 25.000 y 30.000 euros. Hay que mover jueces, fiscales y personal del juzgado. Los que se sirven de la Justicia para estas cosas disparan con la pólvora de los súbditos del rey”, comenta Boye. “Pese a sus defectos, el Tribunal de Derechos Humanos nos ayuda a no salirnos más. Estamos casi tan condenados como Turquía”.

Para Joaquim Bosch, “la solución es reformar el artículo del Código Penal, que quede claro que se refiere a las conductas que incitan a la violencia terrorista. Jurídicamente no es complicado. Depende del Poder Judicial y del Parlamento, que es el que puede legislar. Hay también una involución preocupante en la jurisprudencia”.

“Ellos [Raúl García y Alfonso Lázaro] están bien, de trabajo más o menos como antes. Por un lado se produjo un efecto llamada, pero por otro, el contrario: mucha gente que les hubiera contratado no lo hace por miedo a las críticas y a las presiones”, afirma el abogado de los actores de Títeres desde abajo. “En el delito de enaltecimiento de terrorismo conseguimos el sobreseimiento libre, pero aún estamos pendientes del delito de incitación al odio, cuyo sobreseimiento es provisional, o sea, que no se ha acreditado delito. Pero sigue abierto y podría reactivarse si apareciesen nuevas pruebas. El libre cancela los antecedentes policiales. Si te para la policía de tráfico en la carretera aparecen esos antecedentes, algo que puede predisponer al funcionario. Si fuesen extranjeros con permiso de residencia, que no es el caso porque ambos son españoles, afectaría a la renovación”, explica Eric Sanz.

KAP se pregunta cómo se puede legislar sobre la ofensa a los sentimientos religiosos. “¿Cómo legislar sobre un sentimiento? ¿Por qué no se legisla sobre los sentimientos de los laicos o de los señores bajitos? Eso, porque no hay leyes que protejan los sentimientos de los señores bajitos. Todo esto permite la aplicación arbitraria de la ley. Es lo que pasó con la censura de la portada de El Jueves sobre los reyes. La ley protege al rey, pero no a los que no son reyes. Es injusto y arbitrario. Han considerado que los tuits de Cassandra eran una ofensa a las víctimas del terrorismo. Carrero Blanco era un alto cargo de una dictadura que torturaba, si yo fuera víctima no querría que me pusieran al lado de un tipo así”.

“Yo soy Charlie, pero no acepto chistes sobre Carrero Blanco. Es una gran incongruencia”, dice KAP. “Esta arbitrariedad está en otros muchos asuntos. Se puede ir a la cárcel por hacer chistes pero no si eres Urdangarin o su mujer que firmaba sin saber. Esto no es un chiste, pero se están riendo en nuestra cara”, añade el dibujante. “Si tenemos que pagar el precio hoy para que ayude a abrir los ojos y la sociedad sea más libre y justa en unos años, más democrática, pues bienvenido sea. No hemos sabido curar las heridas del franquismo”.

En gran parte de Europa, sobre todo en Alemania, se legisló tras la Segunda Guerra Mundial contra el negacionismo del Holocausto. Era importante ganar el relato. En España nunca se ha perseguido el negacionismo de la dictadura porque sus hijos y nietos siguen en el poder. Para ellos sólo hubo un régimen fuerte. Preguntado el exportavoz de Jueces para la Democracia sobre por qué no existe el mismo celo en la defensa de las víctimas del franquismo, cuando el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, se mofa de los que buscan sus desaparecidos en las cunetas y en las fosas comunes, dice: “No hay protección jurídica a las víctimas de terrorismo de Estado porque no está legislado, por eso no afecta a las víctimas del franquismo”.

El humor es un síntoma de inteligencia que exige dos seres inteligentes, el que emite la ironía y el que la recibe. El problema está en la segunda parte de la ecuación y más en las dictaduras en las que la risa es subversiva. “¿De que se ríe, señor ministro?”, pregunta el poema Seré curioso, de Mario Benedetti, cantado por Quintín Cabrera. Desde que estalló la crisis en 2008 sabemos lo que siempre supimos: se ríen de nosotros, pero lo suyo no es humor, sólo alta política.

*Este artículo está publicado en el número de mayo de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí