Con la retirada de su asignación con cargo de los Presupuestos y, más recientemente, su salida del país rumbo a Abu Dabi, las supuestas actividades ilegales de Juan Carlos I copan los titulares de los medios nacionales e internacionales. Pero la imagen del rey emérito comenzó a deteriorarse casi una década atrás. La imputación de su hija, la infanta Cristina, y de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el caso Nóos y, más tarde, su accidente el 13 de abril de 2012 en una cacería de elefantes en Botsuana en un contexto de grave crisis económica en España, fueron las primeras piedras en el camino a su abdicación en 2014.
¿Qué pasó?
El pasado 3 de agosto, el rey emérito anunciaba su decisión de abandonar el país ante la acumulación de revelaciones periodísticas y decisiones judiciales por haber recibido supuestamente 65 millones de dólares de la monarquía saudita a través de la fundación panameña Lucum, de la que sería el principal beneficiario. Lo hizo con una carta que dirigía a su hijo, Felipe VI, y cinco meses después de que este le retirara la asignación mensual y renunciara su herencia.
Si nos ceñimos a las representaciones más complacientes de la monarquía española, pudiera parecer que las activiadades de Juan Carlos I empezaron y terminaron con la Transición de una dictadura a la democracia. Una vez superados los acontecimientos del 23F, lo que hiciera el ahora rey emérito dejó de tener importancia en el imaginario colectivo. Al menos, hasta los últimos años. El monarca, ahora huido a Emiratos Árabes, y la Casa del Rey llevan una década protagonizando casos de corrupción —algunos supuestos, otros demostrados— y escándalos varios.
La caza de elefantes en Botsuana, sus flirteos extramatrimoniales y la encarcelación de su yerno, Iñaki Urdangarin, tras ser juzgado en el caso Nóos fueron el principio del fin de una figura pública que había sido alabada durante décadas por su papel durante la Transición
¿Cómo se desarrolló la crisis?
'Caso Nóos'
El conocido como Caso Nóos estalló de forma casi casual en 2006. Durante la investigación de otra causa, el juez Castro descubrió documentos que registraban transferencias por valor de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos por parte del Gobierno de Illes Balears, a cargo entonces del conservador por Jaume Matas. El dinero correspondería al pago de dos eventos organizados por la fundación en 2005, una cantidad mucho mayor a lo que realmente costaba el montaje. Iñaki Urdangarin, por entonces duque de Palma y marido de la infanta Cristina, era el fundador del Instituto Nóos —supuestamente, una fundación sin ánimo de lucro— junto a su socio, Diego Torres.
La investigación judicial reveló que la entidad había desviado unos 6,2 millones de dinero público de la Comunitat Valenciana y el Govern de Illes Balears a través estrategias similares a la descubierta por el juez José Castro. Nóos organizaba eventos que cobraba a un precio mucho más elevado de lo que realmente eran los costes y después distribuía las ganancias a través de una red de empresas pantalla.
Ante las sospechas sobre las actividades de la entidad, Urdangarin abandonó Nóos en 2008 y se trasladó a vivir a Washington con su familia al año siguiente. A finales de 2011, tras el registro de las oficinas del Instituto Nóos y de la residencia de Diego Torres el juez Castro admitió estar investigando la implicación del duque de Palma. Urdangarin proclamó su inocencia en un comunicado poco después.
Ese mismo año, Juan Carlos I aprovechó su mensaje navideño para asegurar que la justicia debe ser "igual para todos", continuando así la línea oficial de la Casa Real por desmarcarse de las actividades del marido de la infanta. Cristina de Borbón quedó apartada de la actividad institucional de la monarquía y pocos días más tarde, Urdangarin fue imputado en el caso Nóos. Se le acusaba de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
Durante meses, se debatió sobre la posibilidad de imputar también a la infanta Cristina, algo que no sucede hasta abril de 2013. La hermana del actual rey fue imputada en calidad de cooperadora necesaria por su posible implicación en dos delitos de fraude vinculados a la empresa pantalla Aizoon, de la que era propietaria al 50% junto a su marido. Este hecho histórico llevó a que por primera vez un miembro de la familia real española se sentara en el banquillo de los acusados. Durante su declaración, la infanta se desmarcó de cualquier actividad ilegal de su marido: era él quien se "encargaba de las gestiones económicas de la familia", afirmó durante la vista el 3 de marzo de 2016.
La infanta finalmente fue absuelta por la Audiencia de Palma y solo se consideró su responsabilidad a título lucrativo, por la que se le impuso una multa. Por su parte, Urdangarin fue declarado culpable y condenado a 6 años y 3 meses de prisión, rebajados más tarde por el Supremo a 5 años y 10 meses. También acabaron condenados a prisión su socio, Diego Torres, y el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas.
El accidente de Botsuana
El 13 de abril de 2012, Juan Carlos I tuvo un accidente durante un safari para cazar elefantes en Botsuana que lo obligó a regresar a España y permanecer cinco días ingresado en el hospital USP San José de Madrid. Durante ese tiempo se desvelaron los detalles de sus vacaciones, que indignaron a la opinión pública. España estaba sumida entonces en los peores años de la gran recesión económica posterior a 2008 y, mientras, el monarca se dedicaba a la matar elefantes en un viaje de lujo que costaba alrededor de 50.000 euros por persona. La cacería le fracturó la cadera y la imagen pública. A la salida del hospital, el 18 de abril, dijo estar arrepentido de sus actos: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".
Este suceso se sumó a los rumores sobre su gusto por los viajes de lujo y sus aventuras extramatrimoniales. Además, fue la primera vez que salió a la luz el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, su entonces amante. Ella había organizado la salida, acompañada por su hijo y por Juan Carlos. En 2018, sería de nuevo la protagonista de nuevos reveses contra la figura del rey al desvelarse su vinculación con la supuesta comisión cobrada por el monarca en la construcción del AVE a la Meca y las cuentas ocultas en Suiza.
¿Cómo se informó de ello?
Un estudio de la Universidad de Valladolid, Monarquía y medios de comunicación: de la Transición a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, cuestiona la posición que han mantenido los medios respecto a la monarquía durante el mandato de Juan Carlos I. La autora, Ana María Velasco, denuncia una "trato de favor" generalizado que empieza a desmoronarse con la aparición en escena de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. No obstante, no se trata de una tendencia republicana en la opinión pública, sino de "un intento de trazar una nueva relación entre los medios de comunicación y la Casa Real en España", apunta.
También la imputación judicial de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han dado pie a una crítica más atrevida por parte de la prensa nacional y han abierto el debate sobre la inviolabilidad del monarca, según la investigación. Eso sí, "no con el objetivo de dinamitar la institución y acabar con su prestigio", sino buscando su "pervivencia" mediante "la adscripción de esta a la política informativa normal de la democracia", remata.
¿Qué consecuencias tuvo?
A partir de la cacería de 2012, la Casa Real empezó a preparar la salida del monarca. Durante dos años, solo cinco personas estuvieron al tanto de su decisión y prepararon en reuniones secretas los trámites necesarios para que la abdicación y la sucesión en su hijo Felipe se produjera con normalidad. Además de intentar evitar la apertura de un debate Monarquía-República, se buscó la forma de otorgar a Juan Carlos I el título de rey emérito. De esta forma, conservaría la inviolabilidad que lo había protegido hasta el momento.
A la cabeza de ese equipo estaban el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, y el director de Comunicación de la Casa del Rey, Javier Ayuso. También jugaron un papel importante Alfonso Sanz Portolés, secretario general de la institución, Domingo Martínez Palomo, jefe de gabinete, y Jaime Alfonsín, jefe de la secretaría del entonces Príncipe de Asturias. Además, se informó previamente tanto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, se dice, asumió un rol crucial en el proceso.
Las reuniones entre estas cinco personas se llevaban a cabo con la mayor de las discreciones. Según comentó Ayuso a El Mundo, se destruían todos los documentos físicos y el trabajo diario se guardaba únicamente en memorias USB: "El trabajo que cada uno hacía durante el día lo guardábamos en un pendrive, cada uno el suyo. No podíamos grabarlo en el disco duro de los ordenadores".
Finalmente, el día 2 de junio de 2014, en torno a las 10 horas, Mariano Rajoy anunció la abdicación de Juan Carlos I en una rueda de prensa, a la que siguió un discurso televisado del monarca unas horas después. En su intervención, el todavía rey dedicó palabras de agradecimiento a los ciudadanos, al presidente del Gobierno y a la reina Sofía, pero se guardó de hacer alusión a los problemas que lo habían llevado a esa situación. Entre los motivos que dio para justificar su salida, hizo hincapié en su avanzada edad y la "inmejorable" cualificación de su hijo para sucederle.
Por su parte, el caso Nóos se saldó con la condena de 6 años y 3 meses de cárcel para Urdangarín y la absolución de la Infanta Cristina. Más tarde, el Tribunal Supremo redujo la pena del exduque de Palma a 5 años y 10 meses. También realizó cambios sobre la cuantía que le correspondería pagar a la infanta como restitución por su responsabilidad civil a título lucrativo en las actividades de su marido. De algo más de 265.000 euros a 136.950. La diferencia, eso sí, correría a cargo de Urdangarín.
El magnate azucarero amigo de Juan Carlos I afirma que el emérito "regresará a España cuando quiera"
¿Qué aprendimos?
Poco tiene que ver el contexto actual con el que se vivía cuando se descubrieron las primeras manchas en el expediente de Juan Carlos de Borbón. La abdicación primero y la salida de España del emérito este mes de agosto han generado, entre otras respuestas, un repunte del debate sobre la Jefatura del Estado. La semana pasada, la Mesa del Congreso rechazó tramitar las peticiones de comparecencia del Gobierno sobre la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España al considerar, de acuerdo con la propuesta de los letrados, que se trata de una "materia ajena" al control parlamentario al Ejecutivo. Esquerra Republicana, Bildu y el Grupo Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) y la CUP habían pedido la comparecencia tanto del presidente Pedro Sánchez como de la vicepresidenta Carmen Calvo para que explicasen las gestiones del Gobierno con la Casa del Rey en relación con la marcha del emérito.
La atención recae ahora sobre el rey Felipe VI, quien tiene la responsabilidad de aportar la “transparencia” que piden desde el Ejecutivo a la institución monárquica. Aunque algunos, como la ministra de Podemos Irene Montero, apuntan a que es "muy difícil" separarlo de los casos de corrupción que rodean a la Casa Real.
Con la retirada de su asignación con cargo de los Presupuestos y, más recientemente, su salida del país rumbo a Abu Dabi, las supuestas actividades ilegales de Juan Carlos I copan los titulares de los medios nacionales e internacionales. Pero la imagen del rey emérito comenzó a deteriorarse casi una década atrás. La imputación de su hija, la infanta Cristina, y de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el caso Nóos y, más tarde, su accidente el 13 de abril de 2012 en una cacería de elefantes en Botsuana en un contexto de grave crisis económica en España, fueron las primeras piedras en el camino a su abdicación en 2014.