Hay novedad, señora baronesa

Carlotita Bilbao y Roberto López, acompañados de Manolo Bel y sus muchachos, popularizaron en la década de los 40 un foxtrot titulado “No hay novedad, señora baronesa”, que venía a ser reflejo de “En el palacio, sin novedad”, que interpretaron antes, o casi a la vez, Los Xey, un grupo famoso por piezas como “Mi vaca lechera”, que seguro les sonará.

La jocosa letra del foxtrot se basa en una llamada telefónica de la baronesa a sus diferentes criados preguntando: ¿Cómo van las cosas? El servicio responde siempre: “No hay novedad, señora baronesa”, si bien en cada interlocución las cosas van a peor. Sucede de todo, desde el robo de sus perlas, pasando por un terremoto, un rayo y un huracán que devastan sucesivamente el noble edificio hasta que, finalmente, el fuego lo destruye. Pero siempre a la llamada de la aristócrata, incluso desde el manicomio, los domésticos responden imperturbables: “No hay novedad, señora baronesa”.  

Nuestro país bien sabe de títulos nobiliarios, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Para muchos de ellos puede que siga sin haber novedad, pero para los 33 títulos nobiliarios -algunos grandes de España- concedidos entre 1948 y 1978 por el franquismo, ahora sí que habrá noticias, y creo que no les gustarán demasiado, porque todo indica que España quitará los privilegios concedidos en su momento a quienes sirvieron al fascismo y que escandalosamente se mantienen vigentes hasta el día de hoy.

Todo indica que España quitará los privilegios concedidos en su momento a quienes sirvieron al fascismo y que escandalosamente se mantienen vigentes hasta el día de hoy.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Congreso de los Diputados el 14 de julio de 2022, incluye su supresión. Y señala que “otras condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la ley se pueden revisar si se acredita que el beneficiario, antes o después de la concesión, formó parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión…” . 

La ley dispone, además, la eliminación de la “Orden imperial del yugo y las flechas”, establecida por decreto nº 373 de 10 de octubre de 1937, que estuvo vigente hasta 1976. Se estableció con la finalidad de ser el “Supremo Galardón del Nuevo Estado al Mérito Nacional”. Fue considerada la más alta distinción por destacados servicios prestados a la Nación española, y también fue concedida a importantes personalidades que, aunque no fueran españolas, se estimaron merecedoras de tan alta distinción como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Rudolf Hess, Saud de Arabia Saudí, Mohamed V de Marruecos o Faysal II de Irak, entre otros. En casa, fue otorgada por ejemplo, a Gonzalo Queipo de Llano, José Moscardó, Felipe Clemente de Diego, Laureano López Rodó y, por señalar los más recientes, Licinio de la Fuente o Adolfo Suárez. La inercia de la transición ha hecho que estas distinciones subsistan hasta nuestros días. ¡Insólito!

Los herederos del franquismo

Es ciertamente increíble, tanto como que, en pleno siglo XXI, se obstaculice por activa y por pasiva la exhumación de los restos mortales de los represaliados por la dictadura, impidiendo hasta hoy que sus familias puedan darles digna sepultura. Sorprende asimismo que todavía haya algunos que se ofendan cuando se llaman las cosas por su nombre al calificar de fascismo el régimen franquista, o que incluso se espanten porque se estudie en escuelas e institutos una versión no censurada de la historia.

Es inquietante, pero es así. El fascismo nunca fue derrotado en España, sólo se vistió con los ropajes de la democracia para sobrevivir. Por ello lo que a nadie sorprende es que tanto el PP como Vox ya hayan anunciado que derogarán la ley de memoria democrática en cuanto gobiernen. Así las cosas, yo me pregunto: ¿Quiénes son los que siguen en guerra? ¿Quiénes son los que no dan por superado el pasado? ¿Por qué los herederos del franquismo niegan la sal y el agua a los herederos del bando vencido y no tienen la más mínima compasión con aquellos que hoy sufren por no poder dar sepultura digna a sus familiares? ¿Por qué tanta crueldad?

En este empeño anti-memorialista poco o nada les importa lo que haya dicho reiteradamente Naciones Unidas o el Consejo de Europa. Abordan este asunto como si fuera una mera ocurrencia de la izquierda. Para desprestigiar, enredar y enlodar todo, utilizan con descaro el dolor de las víctimas del terrorismo de ETA, contraponiéndolas a las del franquismo en una interpretación sin pies ni cabeza. Han perdido el poco pudor que les quedaba. Por no referirnos a lo judicial: “El PP siempre paga los favores”, me reconoció un alto líder de este partido. Pero esta es otra historia.

Tampoco hay que asombrarse. En 1976, varios ministros franquistas como Manuel Fraga, Gonzalo Fernández de la Mora o, entre otros, Licinio de la Fuente y Laureano Pérez Rodó (estos dos últimos receptores de la Orden imperial del yugo y las flechas), se reciclaron como demócratas creando el partido Alianza Popular, que más tarde derivó en el actual Partido Popular. Su linaje es claro. Debe reconocérseles, eso sí, que desde el inicio han trabajado en dar una imagen de modernidad a la derecha, pero no es más que un barniz democrático que, si se rasca, muestra la madera podrida del franquismo sobre el que está construido el partido. Anunciar la eventual derogación de la ley de memoria democrática lo demuestra y consuma la mimesis con la dictadura de la cual son fieles herederos.

La batalla por la historia

Hace unos días el juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid obligaba a restituir la placa de Francisco Largo Caballero, que el Ayuntamiento (gobernado por el popular Martínez Almeida) retiró a martillazos de la plaza madrileña de Chamberí el 6 de noviembre de 2020, así como a devolver su nombre y el de Indalecio Prieto a las calles que se les habían asignado. La retirada se había realizado a petición de Vox. La oposición municipal emprendió el camino judicial para exigir la restitución. La magistrada Carmen Casto Guijarro sentenció que “ni Francisco Largo Caballero ni Indalecio Prieto exaltaron la sublevación contra la República ni la fomentaron o apoyaron el golpe de Estado, así como tampoco exaltaron la represión de la Dictadura, ya que ambos murieron en el exilio”. Por tal razón no encajaban en lo dispuesto por la Ley de Memoria.

Por supuesto, Vox y la asociación Raíces, de parecido talante, les habían acusado de todo tipo de fechorías. Pero Carmen Casto afirma contundente que las acusaciones referidas “no encuentran soporte en hechos contrastados mediante documentos de la época que pudieran acreditar de modo cierto la autoría, instigación, complicidad o cualquier clase de participación de los hechos delictivos que se señalan”. Vamos, que los crímenes denunciados no eran ciertos.

¿Se dan cuenta? No solo mienten descaradamente en documentos oficiales sino que destilan rabia al intentar falsear la historia con argumentos de odio, pretendiendo resucitar, ellos sí, los mismos sentimientos que en 1936 llevaron al golpe de Estado, eufemísticamente llamado alzamiento nacional. La insistencia y la propaganda con la que actúan, tiene el claro objetivo de llevar a confusión a las generaciones que no han tenido ocasión de estudiar nuestra historia de manera objetiva y reciben información sesgada en las redes y de círculos concretos sobre la “excelencia” de una dictadura caracterizada por la falta de libertades, la tortura, el trabajo esclavo, el exilio, el asesinato y la desaparición de personas.

La absurda aristocracia

Lo cierto es que la publicación en el BOE de la lista de títulos franquistas destinados a desaparecer no ha levantado gran interés en la ciudadanía. Los privilegios aristocráticos hoy parecen absurdos, obsoletos y de escasa utilidad para la sociedad. El término aristocracia deriva del griego Aristos que significa “lo mejor” y Kratos, referente al “gobierno”. Algo así como “el gobierno de los mejores”, pasando esa excelencia de padres a hijos. La aristocracia (también la autocracia) prescinde del pueblo, de los gobernados. Es un “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, propio del despotismo ilustrado, que pudo tener algún sentido hace muchos siglos, pero que hoy carece de explicación racional y, por ende, de sentido de Estado.

Solo vale, con las excepciones que correspondan, para aparecer en los platós de determinadas televisiones y portadas de revistas frívolas, ideales para el entretenimiento veraniego de muchos. Para mí son absurdos todos los títulos nobiliarios, franquistas y no franquistas, pues ni el marqués más tonto ni el conde más listo son relevantes por su título, que no deja de ser un adorno superficial para alimentar unos egos hoy carentes de sentido. Cuentan que los aristócratas “verdaderos”, los que tienen arraigo en siglos de historia, levantaban la nariz ante los advenedizos de Franco, aunque -nobleza obliga- los aceptaban.

Franco premió a unos y otros, a militares, políticos, financiadores, amigos y compañeros, la mayoría ya fallecidos y, por lo tanto, no peligrosos para su caudillaje. De ese modo repartió títulos y grandezas como rosquillas y le importó tan poco, como la expansión de la corrupción cuyos efectos perduran hasta hoy. El tiempo y las películas de Berlanga pusieron en su lugar esa España esperpéntica, aquella corte de conseguidores, aprovechados y corruptos que rodeaba al franquismo agonizante. La Escopeta nacional, Patrimonio nacional y Nacional III, es la trilogía que relata la saga venida a menos de los Leguineche, un retrato de la España caduca y anacrónica frente al empuje impetuoso de los nuevos aires democráticos.

La ley de Memoria, una vez en vigor, borrará del mapa democrático español los títulos nobiliarios por los servicios prestados a su dictadura que, esa sí, la sufrimos todos. Bienvenida sea, pues lo contrario es perpetuar que la sublevación fue legal, que los sublevados resultaron ser héroes, que merecen compensaciones para ellos y sus descendientes. ¡Ah, por cierto! En octubre hará tres años que Francisco Franco fue expulsado de su gloriosa tumba, dejando en paz a las víctimas que allí reposan, acto de reparación simbólica que contó con la presencia de la ministra de Justicia Dolores Delgado de un gobierno progresista, que se ha ganado un lugar en la historia. Acabo comunicando a los rancios representantes de la nobleza de España: Señora baronesa esta vez, sí que hay novedad.