Y de las inmatriculaciones, ¿qué?

La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos que reclaman la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia, presentó en el Congreso de los Diputados el 9 de febrero de 2017 una iniciativa para que la Cámara demandase del Ejecutivo información sobre las inscripciones episcopales. Unas semanas más tarde, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos promovieron sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en tal sentido. El 4 de abril, la Comisión de Justicia aprueba la PNL presentada por el PSOE. El 19 de octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy, tras varias negativas, responde que se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo desde 1998.

Pedro Sánchez, en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, manifestaba lo siguiente: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.“ Con esta referencia explícita venía a comprometer los programas electorales del PSOE (apartado 2.3.1.) y de Unidas Podemos (apartado 137), y del programa del Gobierno de coalición (apartado 5.11).

Este inicio esperanzador de la legislatura se tornó oscuro cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, inició contactos con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal Española. En su día valoramos positivamente que el tema de las inmatriculaciones formase parte de la agenda del Gobierno de España. La opacidad de estas actuaciones, intensamente publicitadas, no podía traer nada bueno.

El listado de inmatriculaciones fue entregado a mediados de 2018 al Gobierno de Pedro Sánchez por el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Casi tres años más tarde, la vicepresidenta del Gobierno traslada esta información al Congreso el 16 de febrero de 2021 en cumplimiento de esa petición parlamentaria. El listado de 35.000 bienes incluye desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas) a casas parroquiales, cementerios, plazas, locales, viviendas, frontones y todo tipo de bienes. Un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio franquista.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señaló que, a partir de la publicación de ese listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepase, podía reclamar sus derechos, abandonando así a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litigasen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados. El Estado no ofrece una solución normativa y global al problema, tal como había prometido y, además, promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Por otra parte, si hay bienes que no se reclaman, ¿se da por hecho que son de la Iglesia?

El Estado no ofrece una solución normativa y global al problema, tal como había prometido y, además, promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Por otra parte, si hay bienes que no se reclaman, ¿se da por hecho que son de la Iglesia?

Con la publicación de ese listado, el Gobierno ha pretendido dar carpetazo a la problemática de las inmatriculaciones, cerrando en falso el asunto y eludiendo responsabilidades también propias. Pero el listado es parcial e insuficiente.

Parcial porque no incluye los bienes inmatriculados con anterioridad a 1998. ¿Por qué insiste el PSOE en focalizar en 1998 el inicio de la problemática de las inmatriculaciones? Situar en 1998 el inicio de este procedimiento supone atribuir a la reforma de Aznar la responsabilidad exclusiva de este expolio y ocultar las responsabilidades socialistas. Pero, por otra parte, ignorar las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998 supone falsear los datos. Según lo que sabemos, por los datos de que disponemos, las inmatriculaciones anteriores a 1998 son mucho más numerosas que las posteriores a esa fecha.

Insuficiente porque ofrece escasa información, que en muchos casos impide la identificación de lo inmatriculado.

Pero, además, los listados ocultan los bienes que se incluyen en cada epígrafe del listado. Por ejemplo, la inmatriculación de la “Santa Iglesia Catedral de Sevilla, Parroquia del Sagrario de la Catedral y dependencias anexas” oculta la Giralda y el Patio de los Naranjos. También por eso, demandamos las notas simples de la totalidad de las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 2015.

Volvemos al principio. Es necesario disponer de las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas desde 1946 a 2015. La Subdirección General del Notariado y de los Registros dispone de ellas. Es una exigencia democrática de transparencia.

Es necesario realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia y cumplir así el compromiso que no se cumplió en la pasada legislatura.

Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de sus compromisos, Recuperando sí lo estará.

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Andrés Valentín es coordinador estatal de Recuperando.