¿Objeción de conciencia política?

Con frecuencia vemos a responsables de la política que deciden no participar en determinados actos que tienen que desarrollar como parte de sus funciones, y argumentan no hacerlo por no compartir las ideas y valores que confluyen en dichas actividades. El pasado día 31 de octubre lo vimos en el juramento de la Constitución de la princesa Leonor al que, por ejemplo, no acudieron tres miembros del Gobierno (dos ministras y un ministro), ni los habituales en ausencias, los presidentes de Cataluña, País Vasco, además de los diputados y diputadas de los partidos ERC, Junts, PNV, BNG y Bildu, aunque algunos de ellos tampoco acuden a otros actos y reuniones de las CCAA, y otros diputados, como los de Vox, se marchan del hemiciclo cuando se abordan determinadas iniciativas parlamentarias con las que no están de acuerdo.

¿Existe la objeción de conciencia política?

De manera general, se entiende la objeción de conciencia como la negativa a realizar determinados actos por razones éticas, debido a las consecuencias que tendría llevarlos a cabo y el conflicto que podrían generar sobre la conciencia y libertad de la persona que los realizara. Se insiste en que dicha decisión no se sustenta en razones de carácter ideológico o político. No se trata, por tanto, de no hacer algo que no se comparte, sino que la clave está en que de hacerlo se derivarían consecuencias que comprometerían éticamente la posición personal.

Si hacemos de nuevo la pregunta sobre si existe objeción de conciencia en la política para participar o no en determinados actos de los que no se derivan consecuencias objetivas que generen un conflicto ético, creo que la respuesta es no. No existe ese argumento ético para dejar de acudir a un acto de naturaleza política o institucional amparado por la Constitución Española y el marco normativo al que se deben como responsables de la política. Por lo tanto, la decisión de no participar en esos actos se debe a cuestiones de carácter político o estratégico, que no forman parte de la objeción de conciencia.

Si las posiciones individuales llevan a decidir no participar en todo lo que supone contribuir a crear ese espacio comunitario, público y plural, lo ético debería ser no formar parte de la política

La pregunta entonces es si un representante de la política puede decidir de manera personal no participar en estos actos que forman parte de su “actividad profesional”, la cual no se limita a una cuestión técnica o laboral, sino que se sustenta en la expresión de la soberanía popular, de toda, no sólo en la representación de las personas que lo hayan votado. Y creo, de nuevo, que la respuesta es no.

Cuando alguien está en política libremente debe estarlo con todas las consecuencias, porque esa presencia refleja la pluralidad política y la diversidad de una sociedad que confía en la democracia como instrumento de participación destinado a crear un espacio común de convivencia sobre el que identificarnos como pueblo, con todas nuestras diferencias y particularidades, también en las ideas políticas. Si las posiciones individuales llevan a decidir no participar en todo lo que supone contribuir a crear ese espacio comunitario, público y plural, lo ético debería ser no formar parte de la política, porque al hacerlo sin participar por cuestiones personales en lo que la democracia establece como dinámicas propias, deteriora la propia democracia y la convivencia plural. Pero, además, se establece una referencia negativa para la sociedad que potencia las posiciones individuales como espacios aislados desde los que cuestionar al resto, lo cual refuerza el individualismo que ahora caracteriza a la sociedad y la polarización, además de facilitar su extensión a otros espacios y situaciones.

Durante el curso pasado explicaba en la facultad de medicina una clase sobre las cuestiones médico-legales de la recién aprobada “ley para la igualdad efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, y una alumna levantó la mano y me preguntó, “¿yo puedo negarme a atender a una persona trans?” La alumna no aceptaba la transexualidad, no por el debate surgido alrededor de la ley, sino por otro tipo de cuestiones más personales, y al no compartir todo lo relacionado con ella pedía tener la opción de no tratar a una persona trans que llegara a su consulta por cualquier cuestión médica que afectara a su salud. No negaba su derecho a la salud y a ser atendida por otro compañero o compañera, pero no por ella debido a su posicionamiento individual.

Esa es la referencia que se está creando desde la política por sus representantes cuando no hacen aquello que deben realizar como parte de sus funciones, y cuando con esa actitud contribuyen al objetivo contrario que supone su presencia en las instituciones democráticas, que es el pluralismo social y político como base de la convivencia y el respeto a la pluralidad. Y todo por una cuestión personal dentro de una estrategia individual, no por un conflicto ético ante una consecuencia que podría ser diferente en lo social y lo personal dependiendo de su participación o no.

Los políticos no deben confundir la responsabilidad que deriva de su papel como representantes de la soberanía nacional, con los gestos e iniciativas que lleven a cabo como parte de su estrategia personal y política. Una cosa son las pancartas y mítines, y otras las instituciones y responsabilidades. Y si la Constitución es el marco común, debe serlo para todo lo que derive de ella mientras esa sea la referencia. Si hay algo con lo que no se está de acuerdo la actitud debe ser trabajar para modificarlo desde el ejercicio político, pero mientras tanto es el marco democrático que nos hemos dado, y se debe respetar.

Ahora que hemos tenido la referencia del juramento de la princesa Leonor y el de su padre, el rey Felipe VI, realizado hace 37 años, podemos comprobar cómo ha cambiado la realidad social española. Claramente podemos afirmar que hemos mejorado como sociedad cuando encontramos consecuencias objetivas de ese cambio, como el hecho de que antes había un 6% de mujeres en el Parlamento y ahora representan el 42%, cuando hoy es una mujer quien preside el Congreso, y cuando ahora tenemos un mayor pluralismo y diversidad política. Pero ¿podemos decir que ha mejorado la democracia en estos 37 años, cuando han aumentado de manera muy significativa y “ostentosa” las ausencias de responsables políticos en actos constitucionales que los convocan?

Pues de nuevo creo que la respuesta es no, y es muy preocupante que la democracia se haya deteriorado de ese modo y que, encima, algunos de sus responsables presuman de las decisiones particulares que la deterioran.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género.