Problemas reales y agenda social, ¿de quién y para quién?
Dice el PP que la ley de conciliación que va a presentar este martes será la más ambiciosa de la democracia. Una norma —son palabras de la vicesecretaria de igualdad del PP, Ana Alós— con la que nadie tendrá que renunciar al trabajo para conciliar, pero que tendrá que estar consensuada entre los trabajadores y la empresa. No parece especialmente conciliador dejar en manos de las empresas la negociación individual de un derecho que deberían tener todas y todos los trabajadores.
Vayamos a lo práctico. Me dirijo a usted, lector varón. Imagine que le dice a su jefe, por ejemplo el dueño de un restaurante, que quiere acogerse a la baja de paternidad porque acaba de ser padre. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que, aunque ha logrado avances, sigue perpetuando los roles de género que atribuyen a las mujeres las tareas de cuidado, ¿cree que le pondría facilidades para concederle el permiso o que intentaría que fuese su pareja (mujer) la que lo cogiera para evitar hacerle el roto en el negocio? No hace falta pensar mucho para dar con la respuesta. ¿No es una forma, esta medida propuesta por el PP, de dejar en manos de las propias empresas la corresponsabilidad de los hombres?
Hace unos días fue Feijóo el que avanzó la hoja de ruta de la norma. Su medida estrella consiste en la eliminación de la simultaneidad, ahora fijada por ley, en los permisos marentales y parentales durante las seis primeras semanas tras el parto. Y aunque son muchas las voces que aseguran que cuando madres y padres coinciden durante este período, los hombres se convierten en meros ayudantes, también es un hecho que si son intercambiables es la mujer la que se queda en casa. Más que proponer “revolucionarias” propuestas que no tienen en cuenta la realidad social, podrían escuchar a las asociaciones que llevan años peleando por la conciliación. Resulta, sin duda, más tentador hacerse con esa bandera mientras la Ley de Familias, propuesta por el anterior gobierno de coalición, lleva meses atascada en el trámite parlamentario.
Tampoco resulta convincente su propuesta de universalizar la educación de 0 a 3 años, pública o privada, que el propio Feijóo calificó de “un antes y un después”. Una medida que numerosos expertos rechazan porque, como pueden leer en este artículo, la educación en este tramo también es una cuestión de dinero y su acceso a ella depende del código postal. Según los datos, el 60% de los menores que acceden a esta etapa educativa provienen de clases altas. Hay muchos factores a tener en cuenta, pero si no se incentiva la demanda, corremos el peligro de que se acaben financiando las plazas de quien ya estaba dentro del sistema escolar. Es decir, de los que más tienen.
En sólo unos meses, el PP ha pasado de agitar el fantasma de ETA, de la ruptura de España por la ley de amnistía, de Venezuela e incluso del caso Begoña Gómez a enarbolar la bandera de la agenda social para ocuparse de “los problemas reales” de la ciudadanía. Si mantenemos la literalidad de sus palabras, la pregunta es obligada: ¿hasta ahora, entonces, qué hacían? Llevan meses comprando el discurso de la ultraderecha en materia de inmigración, llegando a convertirlo en el principal problema para los españoles, a pesar de que no hay datos que la relacionen con la delincuencia, como insistía este mismo lunes el ministro del Interior.
El PP ha pasado de agitar el fantasma de ETA, de la ruptura de España, de Venezuela e incluso del ‘caso Begoña Gómez’ a enarbolar la bandera de la agenda social para ocuparse de “los problemas reales” de la ciudadanía. ¿Hasta ahora, entonces, qué hacían?
Algo parecido han hecho con la okupación, apoyados por la derecha mediática que día tras día ha llenado páginas de periódicos y horas de televisión con informaciones alarmistas que advierten de la posibilidad de salir a comprar el pan y, al volver, encontrar la casa llena de okupas. Luchar contra esto, que tampoco tiene sustento en cifras (en esta columna tienen algunos datos) es otro de los puntales a los que quieren agarrarse los populares y ya han anunciado una ley de vivienda que pondrá el foco en ello. De momento, ninguna de sus comunidades —tampoco la cumplen algunas de las gobernadas por el PSOE— está aplicando la ley que se aprobó el año pasado.
Con esta medidas, algunas viejas recetas de la derecha, cuesta creerse la actual preocupación por los “problemas reales” del PP más allá de la intención de atraer a Junts y PNV para obtener su apoyo puntual o no perder el beneplácito de los empresarios. Cuesta porque hay comunidades, como Madrid, que llevan años recortando en sanidad o educación públicas y otras que, tras sus pactos con la ultraderecha, han puesto en cuestión la existencia de la violencia machista, han eliminado las consejerías de igualdad, han pretendido borrar la memoria democrática o incluso difuminar el significado de la dictadura franquista. Se hace complicado creerse la preocupación por los problemas reales que muestra ahora el PP porque —la hemeroteca no falla— llevan ya un tiempo haciendo caso omiso de ellos.
