A la caza del dato

España no tiene una ley de acceso a la información y son pocos los organismos oficiales que ofrecen datos más allá de meras estadísticas. Es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una normativa de este tipo. Un informe presentado por la Civio y Access Info, dos organizaciones que luchan por abrir todo tipo de datos a los ciudadanos, indicaba que el 54% de las solicitudes de información solicitadas a la administración a través de la plataforma Tuderechoasaber.com habían sido ignoradasTuderechoasaber.com y que sólo un 13% recibieron satisfactoriamente lo que se requería. Esto supone un escollo realmente importante para que los profesionales de esta rama periodística puedan investigar a fondo sobre un tema.

Datos, el periodismo de la evidencia

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Aunque está en marcha la Ley de Transparencia (actualmente en fase de borrador), los profesionales que trabajan diariamente con datos no creen que la legislación que se apruebe finalmente vaya a recoger todos los puntos que ellos demandan. "Si no se introducen mejoras, el proyecto de ley que saldrá del Congreso no proporcionará ninguna garantía nueva para el ciudadano", apunta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info.

Para paliar este problema, expertos de la Coalición Pro Acceso, que reúne a más de 60 organizaciones del sector, opinan que es apremiante que el Gobierno reforme algunos puntos del código. El más importante, según la plataforma, es que se reconozca el derecho a la información como un derecho humano fundamental. Este matiz supondría que en caso de haber un conflicto jurídico entre el derecho de acceso a la información y el que regula la protección de datos el primero gozaría de prevalencia. Las organizaciones proacceso creen necesario, además, aplicar la ordenanza a todas las instituciones públicas, limitar el silencio administrativo negativo o crear un órgano externo e independiente que garantice el cumplimiento de la normativa, entre otras propuestas.

“Ruanda acaba de aprobar una ley de transparencia y de acceso a la información que es bastante más progresiva que el texto actual español”, señala Mar Cabra, quién también opina que algunas de las modificaciones de la normativa inicial se están haciendo “a golpe de caso de corrupción”. La periodista destaca, por ejemplo, la postura de incluir a la Casa Real en las medidas de transparencia tras la imputación de la infanta Cristina. A pesar de ello, a su juicio, no sólo las instituciones públicas y los grandes poderes fácticos deben tener voluntad por abrirse a los ciudadanos. “El periodista también debe ser cada vez más transparente con sus fuentes y con los documentos en los que basa sus informaciones”, explica.