UGT pide alargar un año la prórroga automática de los convenios bloqueados

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, considera "insuficiente" la propuesta del presidente de la CEOE, Juan Rosell, de prorrogar en seis meses, en ciertos casos, el plazo para negociar los convenios que van a caducar. Los sindicatos le habían pedido alargarlos un año. Y acudir a un arbitraje voluntario si no hay posibilidad de acuerdo para renovar el convenio bloqueado.

En un comunicado, Ferrer explica que no da respuesta a la propuesta sobre la ultraactividad remitida por UGT y CCOO a los representantes de la patronal, el pasado día 5, en la comisión de seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, por la que solicitaron un compromiso por parte de la patronal para desbloquear los convenios pendientes.

En aquella propuesta se incluía también una llamada a formalizar un acuerdo para los convenios que van a caducar en torno a tres elementos. El primero se refería a la necesidad de realizar una identificación conjunta para saber exactamente cuántos convenios deben finalizar su negociación antes del 15 de mayo, pues no hay una homogeneidad en las cifras.

En este punto, los sindicatos consideran que existen en torno a 1.800 convenios que pueden verse afectados por esta circunstancia, a partir de datos proporcionados por el Ministerio de Empleo.

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El segundo elemento se refería a establecer una prórroga de un año (el doble que lo que propone la CEOE), a partir del 8 de julio, para los convenios que antes del 15 de mayo no hayan finalizado la negociación.

Por último, los sindicatos proponían que las partes aceptaran un arbitraje voluntario en aquellos convenios en los que se hubiera constatado que no es posible el acuerdo.

Ferrer también ha contestado a la pretensión de la CEOE, expresada la víspera por su presidente, de limitar el margen de interpretación que la ley da a los jueces en las demandas por despidos colectivos. Según explica, la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y pretender "coartar" la capacidad constitucional de los jueces y magistrados en esta materia sería una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral.