Un empresario imputado en Gürtel compra ‘El Mundo de Valladolid’ por 700.000 euros

Unidad Editorial ha vendido El Mundo de Valladolid al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, por 700.000 euros. En realidad, se lo ha vendido a una sociedad anónima, Editora Castellana de Impresiones SL, constituida en febrero de este año y cuya administradora única es Adriana Ulibarri Fernández, hija del constructor.

El periódico seguirá saliendo a la calle con la cabecera de El Mundo, tanto en Valladolid como en el resto de Castilla y León. Estas dos cabeceras pasarán a gestionarse, pues, con la misma fórmula ya empleada por Unidad Editorial con El Correo de Burgos y el Diario de Soria, cuyo dueño es también José Luis Ulibarri. Lo que el grupo vende son los “contenidos editoriales” y le traspasa la plantilla, integrada por 27 trabajadores. La operación aún debe ser refrendada por la junta general de accionistas de la empresa el próximo 16 de mayo.

Según se comentó en la última asamblea que la plantilla de El Mundo de Valladolid celebró el pasado viernes, el edificio que alberga el periódico, situado en la avenida de Burgos, fue tasado en su día, precisamente, en 700.000 euros.

Huelga de firmas

Los trabajadores de la cabecera vallisoletana llevan desde el pasado viernes sin firmar sus informaciones en protesta por la falta de transparencia de la empresa, que hasta hoy no les ha comunicado oficialmente la venta a Ulibarri. Además, temen por el futuro de sus puestos de trabajo. Según publicó el diario Cinco Días, la inmobiliaria del constructor leonés, UFC, se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde el mes de marzo. También se halla inmerso en el mismo procedimiento el grupo Begar.

Ésa es la razón por la cual los trabajadores han exigido a Unidad Editorial que les garantice el mantenimiento de sus actuales condiciones laborales durante dos años. Un redactor base en El Mundo de Valladolid cobra unos 1.800 euros brutos al mes; en El Correo de Burgos, 1.200.

Tampoco les inspira mucha confianza el hecho de que José Luis Ulibarri esté imputado por cohecho, supuestamente por haber pagado un millón de euros a la trama Gürtel. El pasado mes de febrero, el juez Pablo Ruz preguntó a la Agencia Tributaria, a instancias del fiscal anticorrupción, si dos empresas del constructor, las mencionadas UFC y Begar, se habían beneficiado de la amnistía fiscal del Gobierno, un extremo que el empresario negó en un comunicado a la agencia Efe.

Se da la circunstancia, además, de que el defensor de Ulibarri es Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional que también representa a Ángel de Cabo, el liquidador de empresas valenciano detenido junto al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán el año pasado y que además aparece implicado en negocios poco claros de la familia Ruiz Mateos.

Incertidumbres para la plantilla

Las sospechas que rodean a la operación y al comprador también han propiciado que la plantilla reclame a Unidad Editorial un plan de bajas voluntarias, con las mismas condiciones del que acompañó al ERE cerrado en junio de 2012 para todo el grupo: una indemnización de 35 días por año trabajado más un paga lineal de 5.000 euros. También están llevando a cabo paros y concentraciones  diarias, y están preparados para intensificar las protestas si Unidad Editorial no responde a sus demandas.

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La plantilla de El Mundo de Cataluña tampoco firma sus informaciones desde el pasado viernes, en este caso en protesta por unos despidos que Unidad Editorial ha comunicado sólo extraoficialmente y cuyo número aún no ha precisado. Tanto las cabeceras de Cataluña como de Castilla y León y la del País Vasco pertenecen a la misma sociedad del grupo, Unidad Editorial Información Regional.

Porque de los planes de Ulibarri con la cabecera nada saben: la dirección del grupo madrileño sólo les ha comunicado que el constructor pretende aumentar a 32 las páginas de información local y regional que ahora publican, cuando en los últimos cuatro años la reducción fue constante y de la cuarentena original se ha pasado a sólo 16 páginas en los últimos meses. En el ERE de junio abandonaron el periódico 14 personas.

José Luis Ulibarri es propietario de la mitad de la televisión regional privada de Castilla y León (RTVCyL), de la que despidió a 17 trabajadores el pasado diciembre y a otros 37 un año antes. También posee emisoras de Castilla y León Radio (antes Punto Radio) que emiten en siete de las nueve provincias de esa comunidad autónoma.