El Gobierno se resigna a pactar la reforma local sólo con alcaldes del PP

El Programa Nacional de Reformas de España 2013 que remitió el Ejecutivo el pasado martes a la Comisión Europea contempla, en su página 91, que el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local "será remitido a las Cortes Generales en el mes de julio". Y que "supondrá un ahorro estimado de 8.000 millones de euros entre los años 2014 a 2015". Paralizadas las conversaciones para sellar un pacto en esta materia con los socialistas –que piden la retirada del texto– desde el pasado mes de febrero, el Gobierno se resigna a buscar el acuerdo con los alcaldes de su partido. 

Esto no evita, no obstante, que el gabinete que preside Mariano Rajoy, vaya a intensificar en los próximos días los mensajes de que todavía es posible un pacto. De hecho, en el Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, invitó a los socialistas a que si realmente tienen voluntad de pacto de Estado empiecen pactando la reforma local.

"Una buena manera de contribuir a ese pacto por el empleo es ir consensuando aquellas medidas que son importantes para el empleo. Uno de los ejemplos muy claros para ello es el tema de la reforma local", añadió. "Es una reforma muy difícil que exigirá de mucha altura de miras", advirtió.

Cuando el Gobierno dice de que se trata de una reforma "muy difícil" sabe bien de que habla. Se le está haciendo muy cuesta arriba. No sólo porque los socialistas han cerrado la puerta a cualquier posibilidad de acuerdo al considerar inasumible el texto que ahora estudia el Consejo de Estado, sino porque los alcaldes del PP han marcado sus líneas rojas y no están dispuestos a dar un 'sí quiero' a Rajoy si el proyecto de ley que ya pasó por el Congreso de Ministros regresa de la misma forma. 

Los representantes de los conservadores en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también asumen que el acuerdo se reducirá a ellos. Y que este pasa porque "se modifique el texto" original para encajar "de alguna forma" sus dos principales reivindicaciones: la de que se solucione el asunto de las competencias impropias y la de que no se pueda intervenir a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.

"El Gobierno y el partido saben que tienen que llegar a un acuerdo con nosotros para sacar adelante la ley, porque no pueden permitirse que llegue al Congreso sin nuestro respaldo. Una ley del PP sin el apoyo del PP sería una locura", insiste un integrante del PP en la FEMP. "Saben que sin renunciar a la base de la ley tiene que haber cambios. Y en eso confiamos", sostienen las mismas fuentes.

Sin contactos con el Ministerio de Hacienda

Pese a que los representantes de los alcaldes del PP en la FEMP creen que hay margen para el entendimiento porque así se lo ha hecho llegar el ministro de Hacienda en más de una ocasión, no ocultan cierta inquietud por el hecho de que antes de Semana Santa Cristóbal Montoro les asegurara que se iban a producir reuniones para "acercar posturas" y todavía no se haya producido ninguna. "No estamos teniendo esas citas a nivel ministerial de las que se habló. No está habiendo tantos contactos como antes de que se aprobase el anteproyecto". Lo que sí está habiendo son contactos a nivel de partido, sobre todo telefónicos. Estas negociaciones las pilota el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas.

Fuentes del PP consultadas por infoLibre sostienen que "se está avanzando" en las demandas de los alcaldes y aseguran que el texto va a ser modificado para introducir lo que consideran las peticiones "más urgentes". Aseguran que hay "avances" en el tema de las competencias impropias y en el hecho de que los alcaldes de pueblos de menos de 1.000 habitantes cobren por ejercer sus funciones, algo que no contemplaba el texto original. En el partido siguen dispuestos a escuchar las demandas de sus alcaldes, pero también les piden "un ejercicio de responsabilidad".

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Las mismas fuentes aseguran que "sólo" ven "motivaciones políticas" en la negativa de los socialistas a pactar en este tema. Y atribuyen al presidente andaluz, José Antonio Griñán, el hecho de que se frenaran las reuniones y los socialistas exigieran la retirada del texto. Por parte del PSOE, el encargado de negociar con los conservadores fue Gaspar Zarrías, secretario federal de Ciudades y Política Municipal.

Una ley desde cero

Mientras, fuentes oficiales del partido constatan que, efectivamente, las negociaciones se paralizaron "en febrero y ahí se quedó todo". Desde Ferraz señalan que están dispuestos a negociar siempre y cuando el Ejecutivo rehaga la ley desde cero. En cualquier caso, señalan que "lo prioritario ahora mismo es el empleo y que el Gobierno escuche a todos y no desvíe su atención", como este viernes subrayaba el secretario de Organización, Óscar López, informa Juanma Romero.