Cinco consecuencias negativas de privatizar la sanidad

El modelo de hospitales públicos de gestión privada multiplica por siete los gastos finales. Las fundaciones sanitarias –como la Jiménez Díaz o el Hospital de Alcorcón en Madrid– tienen un 28% menos de médicos por cada 1.000 habitantes que los hospitales públicos. El copago de medicamentos y de determinados servicios asistenciales afecta a la promoción y prevención de la salud. Estas son sólo algunas de las conclusiones que arroja el informe "Sostenibilidad de la sanidad pública en España" elaborado por la Fundación 1º de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras. El documento analiza las consecuencias de entregar a manos privadas la gestión del sistema público de salud. Estas son sus conclusiones: 1. Aseguramiento.

Según el informe, la competencia entre las compañías que proveen seguros privados de salud se asocia a la ineficiencia y la inequidad. Los investigadores –que citan el ejemplo de Holanda, donde la utilización de un seguro es muy común– aseguran que este sistema incrementa el gasto sanitario porque obliga a la Administración a regular y controlar la labor de las aseguradoras para que éstas no intenten "trasladar el coste de las primas y sus ineficiencias a los usuarios del sistema". 

2. Copago y recortes. El "repago" de los medicamentos y de determinados servicios asistenciales –teleasistencia, prótesis– afecta, según este estudio, a la promoción y prevención de la salud y al seguimiento de enfermos crónicos. De hecho, según un estudio reciente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el 27% de los pacientes con pensiones menores de 400 euros mensuales no retiraron los medicamentos prescritos. A partir de julio de 2012 casi todos pensionistas (los que tienen pensiones no contributivas o mínimas siguen sin pagar en las farmacias) tienen que pagar una parte de la mediación que necesitan. Este sistema vincula el porcentaje que se paga a la renta del paciente y hay unos topes de pago mensual. 

3. Prestación de servicios. El modelo mixto público-privado PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), según el informe, multiplica por siete los costes finales mientras "reduce los recursos, el personal y la actividad de los centros para abaratar el coste para las empresas concesionarias". Este modelo consiste en que la compañía que ha obtenido la concesión se encarga de todo menos de la parte sanitaria y la Administración le paga un canon a cargo del presupuesto. Según datos de la FADSP citados en el documento, los propietarios de los ocho hospitales creados bajo este modelo en la Comunidad de Madrid –entre los que se encuentran constructoras como Hispánica, Dragados, Acciona o Sacyr– desembolsaron un total de 701 millones de euros en construirlos. Para su explotación entre todos recibirán 5.010 millones de euros de dinero público durante 30 años en concepto de canon por la construcción y la gestión de la parte no sanitaria.  

El informe también recoge un estudio de UGT que, con datos oficiales, evidencia cómo el coste por cama de los centros PFI es mayor que el de los hospitales tradicionales. El hospital con coste por cama más bajo de los PFI (Henares, 335.000 euros por cama y año) era similar que el más costoso de los de gestión pública, el Clínico (338.000 euros). 

Pero también existen diferencias en la eficiencia. Así, según CCOO, si se comparan los recursos y los resultados de los cinco hospitales de IDC Salud (antigua Capio) con los de uno tradicional como es el de La Princesa, las diferencias son reseñables. El público, con un presupuesto un 76% inferior al de los privados y con 46% de personal, realizó la mitad de las intervenciones de los otros cinco juntos, con un coste por intervención  un 46% más reducido. 

4. Externalización. Según el informe, la externalización de servicios provoca una merma en la calidad. El argumento es que la empresa que los ofrece "quiere reducir costes y maximizar sus ganancias". Como ejemplo, los autores citan las consecuencias de privatizar el servicio de limpieza de hospitales PFI de Reino Unido, donde se empezó a implantar este modelo. Las empresas adjudicatarias redujeron el número de trabajadores a la mitad. Y, como resultado, las infecciones hospitalarias alcanzaron la tasa más alta de la toda la UE.

¿Cómo se privatiza la sanidad?

Ver más

Asimismo, señalan que es complicado evaluar la calidad de los servicios y cuestionan la transparencia en la gestión cuando es la propia concesionaria la que difunde los resultados. Por otro lado, recuerdan la dificultad de sancionar a la compañía en cuestión o cambiar de proveedor porque un hospital es un monopolio asistencial imposible de reemplazar a corto o medio plazo. En esta línea argumentan que el resultado de las externalizaciones de los servicios sanitarios conduce a la descapitalización económica e intelectual del sistema público. "Los gestores públicos en España evitan enfrentarse a empresas que les pueden contratar en el futuro (conflicto puro de intereses) como muestra las trasferencias de personal entre empresas privadas y gestores públicos (puerta giratoria)", concluyen. 

5. Modelos de gestión. Por otro lado, el informe critica otros modelos empresariales de gestión como las fundaciones sanitarias como la Jiménez Díaz, en Madrid. Se trata de sociedades mercantiles creadas por la Administración pública aunque tienen personalidad jurídica privada. Estas fundaciones, detalla el informe, no se rigen por Ley de Contratos del Estado, sus órganos rectores son patronatos, su personal está regulado por el Régimen Laboral y se financian por contratos programa.

Otro de los sistemas cuestionados por los autores del informe son los Institutos clínicos. Se trata de una suerte de "microempresas" con entidad jurídica propia, presupuestos y capacidad de compra y venta de sus servicios creada en los hospitales. Según el documento, esta fórmula de gestión "fracciona" los centros sanitarios y promueve el "enfrentamiento" y la "competencia" en lugar de la colaboración. Asimismo, dificulta la coordinación entre hospitales y atención primaria y la atención integral. Su objetivo es la búsqueda de una mayor flexibilidad en la gestión, al pasar del marco normativo público-administrativo al propio del derecho privado, que es más flexible.