Dependencia, un derecho en demolición

"La Dependencia no es viable. Hay que ir haciendo lo que se pueda". Mariano Rajoy lo dejó claro en una entrevista publicada en el diario El País cuatro días antes de ganar las elecciones que le abrieron las puertas del palacio de la Moncloa. En esa charla cuestionó su viabilidad bajo el pretexto de la crisis económica. Lo cierto es que casi dos años después, la del sistema de Dependencia es una demolición incontestable. El programa no deja de perder beneficiarios –el número de personas con prestación se ha reducido en 34.800 en los últimos doce meses–, mientras más de 198.000 personas siguen esperando una ayuda o prestación que tienen reconocida. Entre tanto, la financiación del Estado ha disminuido un 15%. Y la desigualdad entre comunidades también va en aumento. En los primeros seis meses de 2013, el desarrollo de la ley sólo mejoró en País Vasco, Cantabria y Castilla y León, mientras que retrocedió en las 14 autonomías restantes. Además, trabajadores y usuarios de los servicios sociales denuncian que la reforma local acabará por dar la puntilla al sistema, pues prevé que las autonomías, sometidas a duros objetivos de déficit, pasen a gestionar los servicios que ahora ofrecen los consistorios. 

01. Una financiación a la baja 

Aunque para el próximo año la asignación del nivel mínimo de protección –el dinero que el Estado da a las comunidades por cada dependiente según su gravedad– permanece prácticamente congelada, Sanidad es el ministerio que más verá recortado su presupuesto –un 35,6%– según el anteproyecto de cuentas públicas. Sin embargo, se apresuran a aclarar en el Ministerio de Sanidad, esta cifra se explica porque en los Presupuestos de 2013 se incluyó una partida "extraordinaria" de 1.034 millones para pagar las cotizaciones atrasadas de los cuidadores no profesionales de dependientes. Si se elimina este efecto, el presupuesto apenas sube un 0,16% hasta los 1.912 millones de euros. No obstante, aunque se obvie esta cantidad, las cuentas para el próximo año consolidan un recorte acumulado del 15% en Dependencia, si se compara con el dinero otorgado a esta partida en 2012. 

Además, en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. Y eso a pesar de que el coste total anual de la aplicación de la Ley  de Dependencia en España asciende a alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que abonan principalmente las autonomías. De hecho, la inversión del Estado ha pasado del 39,2% en 2009 al 21,4% en 2012. 

02. Desigualdad autonómica 

Los datos constatan la existencia de diferencias "extremas" en la implicación de las comunidades en el desarrollo de la ley. Según un informe del Observatorio de la Dependencia, entre enero y junio pasado, el desarrollo del sistema sólo mejoró en País Vasco, Cantabria y Castilla y León, mientras que retrocedió en las 14 comunidades restantes.

Asimismo, un documento de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado con datos de 2012, también arroja luz sobre estas diferencias. En Navarra, por ejemplo, ese año hubo un trabajador de plantilla en los servicios sociales básicos municipales por cada 814, frente a uno por cada 6.557 que había en Madrid. En La Rioja, el 2,28% de la población recibía atenciones por Dependencia, mientras que en la Comunitat Valenciana este porcentaje se reducía al 0,83%. En Castilla y León, un 4,2% de personas a quienes se les había reconocido el derecho estaban a la espera de recibirlas, mientras que en Canarias esta cifra se elevaba al 51,9%.

Estas grandes diferencias tienen su origen en una "extrema disparidad" en el gasto que unas y otras comunidades realizan en servicios sociales. Con datos de 2012, las diferencias en gasto por habitante y año tienen una oscilación del 941,78% y alcanzan los 719 euros de media por habitante y año. Es decir, van de 76 euros de media a 796. Según estos datos, el gasto por habitante es diez veces mayor en Euskadi que en Baleares.

Está previsto que este martes el Consejo General del Trabajo Social publique un nuevo informe que mostrará la situación de los servicios sociales en todas las comunidades autónomas. 

03. Atasco en las Incorporaciones al sistema

Los presupuestos son un buen termómetro para medir el ímpetu con el que el Gobierno apuesta por determinados programas. A la luz de los datos, la Dependencia no es una prioridad. La congelación de la partida hace prever que en el próximo año no habrá un avance en la gestión de la ley. Las autonomías, asfixiadas por la austeridad exigida por el Gobierno, son las encargadas de la incorporación de usuarios al sistema. Es decir, tendrían que aumentar la carga presupuestaria para introducir a nuevos beneficiarios sin que aumente la financiación del Estado. El coste total se reparte entre la administración estatal, la autonómica y el copago al que puede estar sujetala prestación. 

Las estadísticas demuestran que el sistema no deja de perder usuarios. Las comunidades no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema. El número de personas con prestación se ha reducido en 34.800 –un 4,5%– en los últimos doce meses y eso a pesar de que son decenas de miles las personas que tienen el derecho reconocido y a las que no se les esté ofreciendo de manera efectiva la prestación o servicio que les corresponde. En el último mes, había 198.041 personas en esta situación. 

Además, tras dos aplazamientos –su incorporación al sistema estaba prevista primero para 2013 y después para 2014–, los dependientes menos graves continuarán expulsados del sistema hasta 2015. Según los cálculos de la entidad que integra a los especialistas en servicios sociales, esta decisión ha dejado sin derecho a la asistencia a más de 35.000 personas. 

Por otro lado, en su artículo 28, la Ley de Dependencia cifraba en seis meses –aunque en raras ocasiones se cumplió– el tiempo que debía pasar entre que un ciudadano solicita una ayuda y se le concede sobre el papel. El Gobierno del PP amplió este plazo hasta los dos años y medio. 

04. Recorte de derechos a los cuidadores

Hace poco más de un año el Gobierno aprobó un polémico decreto por el que, entre otras medidas, se acordó dejar de cotizar por los cuidadores no profesionales a partir de noviembre de 2012. Ese mes, 85.233 personas salieron del sistema de la Seguridad Social por este motivo. Hasta ese momento, y desde que en 2007 el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha esta nueva legislación, el Estado se hacía cargo de sus cotizaciones. Esta medida se puso en marcha para facilitar a estas personas el acceso a una pensión en el futuro por sus dificultades para mantener un empleo sin descuidar a sus familiares dependientes. Desde entonces, el Ejecutivo les ofrece seguir cotizando pero pagándoselo de su bolsillo. 

Además, las estadísticas demuestran que existe una apuesta clara por favorecer las ayudas monetarias en lugar de la prestación de servicios públicos, como puede ser la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día. Según los datos de septiembre de 2013, el 7,1% de las prestaciones que se otorgaron a las personas dependientes estaban destinadas al pago de un servicio profesional privado cuando éste no puede ser prestado por el Sistema Publico de Servicios Sociales, y el 43,3% para casos en los que la persona en situación de dependencia está siendo atendida por su entorno familiar. La lógica de este reparto, explican desde la asociación de gerentes de servicios sociales, es que las prestaciones económicas son menos costosas de gestionar. 

05. Más copago 

Las personas dependientes financian parte de los servicios que reciben. Aunque los criterios son dispares, es habitual el copago en las ayudas a domicilio, las residencias o los centros de día en función de criterios de renta. Según datos oficiales, un 10% del coste de todo el sistema lo pagan los propios usuarios, que también contribuyen con sus impuestos. No obstante, el compromiso que el Gobierno plasmó en el Programa Nacional de Reformas 2013 y que remitió a Bruselas el pasado abril incluía una clara alusión al aumento del copago. Así, precisaba que "se está elaborando un proyecto de real decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en las prestaciones" donde se plantea que "la aportación del beneficiario al coste de los servicios se incremente en torno a un 5% adicional, en una perspectiva de progresiva implantación en un periodo de tres años".

La idea del Gobierno era recaudar 339 millones de euros extra por esta subida. Sin embargo, teniendo en cuenta que la aportación de los ciudadanos al servicio vía copago es de alrededor de 600 millones de euros anuales, la subida tendría que ser casi del 50% si se pretende alcanzar ese objetivo. 

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06. La puntilla de la reforma local 

El proyecto de reforma en la administración local –que este jueves inició su trámite parlamentario– prevé que las autonomías, sometidas a duros objetivos de déficit, pasen a gestionar los servicios que ahora ofrecen los consistorios. Con la nueva legislación, señalan fuentes del PP en la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), los ayuntamientos no podrán cubrir los servicios de Dependencia salvo que estén saneados económicamente. Es decir, la nueva ley obligará a la comunidad autónoma a asumirlos salvo que los consistorios puedan correr con los gastos. Hasta ahora, los ayuntamientos han venido prestando estos servicios a pesar de que no están en su carta competencial.

"Si a las autonomías, que ya tienen déficit, le quitan las otras dos partes de financiación, no van a mantener lo que ya existe en un momento en que los servicios sociales somos más necesarios que nunca", se queja Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS).