Los recortes arrasan 200.000 empleos en educación, sanidad y servicios sociales

La destrucción de empleo en España sigue teniendo en los servicios públicos una de sus principales fugas. Según los datos de ocupación en el tercer trimestre de este año que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este jueves, el 15% de los puestos de trabajo que desaparecieron en los últimos dos años, ya sea en centros públicos, privados o concertados, estaban vinculados al sector sanitario y de los servicios sociales (128.800 empleos menos) y el educativo (72.700 empleos menos). En total, más de 200.000.

Aunque hay factores comunes como la restricción a la incorporación de nuevo personal y la limitación al 10% de la tasa de reposición –es decir, que sólo se puedan cubrir 1 de cada 10 bajas del sistema– o los constantes rumores relativos al adelantamiento de la edad de jubilación, que han motivado que muchos docentes con 35 años de servicio se jubilen a los 60 años, en lugar de esperar un tiempo más como hacían antes, cada uno de los sectores tiene una coyuntura diferente que explica estas drásticas consecuencias sobre el empleo. 

En Sanidad, explica Pilar Navarro, secretaria de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT, la caída de la ocupación ha llegado por la vía de las privatizaciones y por el "exilio masivo" de profesionales que se ven obligados a marcharse al extranjero a buscar empleo. "Los datos que barajamos es que ha habido un 12% de media de pérdida de empleo en los centros del Sistema Nacional de Salud", amplía. La entrada de la gestión privada en la sanidad pública a través de modelos de partenariado público-privado o de gestión mixta, apunta Navarro, se ha llevado por delante decenas de miles de contratos de personal interino o eventual que no han sido renovados. Asimismo, señala que la oferta pública y las coberturas de sustitución está prácticamente paralizada desde 2011.

En los servicios sociales, cuya forma de financiación más frecuente es la colaboración entre Estado, Autonomías y Ayuntamientos, Navarro observa, más que despidos, una precarización en las condiciones de trabajo e incumplientos del convenio colectivo del sector. 

Los sindicatos de la enseñanza, que este jueves llevaron a cabo un nuevo paro general contra la 'ley Wert' y los recortes, llevan tiempo denunciando las consecuencias que la crisis y los recortes están teniendo en su sector. Y especialmente sobre los interinos que, denuncian, se llevan la peor parte de este pastel de recortes y precarización de las condiciones laborales. En 2012 el Ejecutivo acordó elevar el número máximo de alumnos por clase, prohibió cubrir las bajas hasta pasadas dos semanas o incrementó el número de horas lectivas de los docentes. ¿La consecuencia? "Menos empleo, menos calidad y menos equidad", se apresura a responde Francisco García, secretario general de Enseñanza de CCOO. En este sentido, recuerda que el descenso en el número de efectivos ha provocado la reducción de desdobles, horas de apoyo y tutorías en los centros educativos. "Con los recortes pierde la lucha contra el fracaso escolar y el sistema en general", añade García. 

Adrián Vivas, responsable del sector de Enseñanza del sindicato CSIF, califica de "escandaloso" el descenso de la ocupación en el sector educativo al tiempo que aumenta el número de alumnos. La realidad es que, según datos del Ministerio de Educación, los centros públicos de enseñanza no universitaria contaron el curso pasado con 19.523 docentes menos a pesar de que el número de alumnos aumentó en 70.841. Esta cifra incluye a maestros (casi 10.000 menos), catedráticos y profesores de Secundaria (7.000 menos) o profesorado técnico de FP. Y recalca que estas cifras demuestran que "no hay estabilidad en el empleo" al tiemp

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Además, por ser la encuesta correspondiente al tercer trimestre del año, los datos guardan relación con los interinos que son dados de baja en verano, aunque esta posibilidad depende del tipo de contrato que tengan y de la comunidad autónoma en la que presten servicio. Las condiciones de los docentes que no tienen plaza fija en la escuela pública son muy diferentes según las autonomías en las que trabajen. En Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura o País Vasco estos docentes sí cobran los meses de julio y agosto –y por tanto siguen estando dentro del mercado de trabajo hasta entonces– aunque este cobro está sujeto, como mínimo, a haber trabajado más de 5,5 meses de forma continúa o a tener plaza de vacante, no de sustitución. 

Además, durante el mes de julio hay un fuerte parón en la actividad educativa en la función pública tras las oposiciones o el fin de los contratos de los docentes que trabajan en centros concertados o privados y de los interinos que en autonomías como Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha o Murcia pueden mantener sus contratos durante ese mes siempre que cumplan determinados requisitos. En relación a los docentes sin plaza fija en la enseñanza pública, otras comunidades como Madrid, Aragón, Navarra o la Comunitat Valenciana sí son más restrictivas y han decidido anular o derogar los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación. En estas, ningún interino cobra el verano. Todos cesan a 30 de junio y reciben la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas.