Amnistía denuncia violencia estatal “sin precedentes” en Egipto

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que Egipto ha alcanzado un nivel de violencia estatal “sin precedentes” desde el derrocamiento de Mohamed Mursi en julio de 2013. Asimismo denuncia que las autoridades del país están empleando “todos los recursos a su alcance para aplastar a la oposición”.

En su último informe, titulado Hoja de ruta a la represión: sin fin a la vista de las violaciones de los Derechos Humanos, la organización ha presentado un balance de la situación de los derechos y libertades desde la salida del poder de Mursi.

"Egipto ha presenciado una serie de golpes contra los derechos humanos y una violencia estatal sin precedentes en los últimos siete meses. Tres años después, las demandas de la Revolución del 25 de Enero - que se saldó con la salida del poder de Hosni Mubarak -  están más lejos que nunca", ha dicho la subdirectora de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Hassiba Hadj Sahraui.

En este sentido, ha recordado que varios de los "arquitectos" de las protestas populares que acabaron con el régimen de Mubarak se encuentran encarcelados, al tiempo que ha resaltado que "la represión y la impunidad están a la orden del día".

Hadj Sahraui ha valorado que las autoridades han "estrechado el cerco" contra la libertad de expresión y asamblea y han aprobado "legislación represiva", que, a su juicio, "ha hecho más fácil al Gobierno silenciar a sus críticos y aplastar las protestas".

"Las fuerzas de seguridad han recibido carta blanca para actuar por encima de la ley sin que haya visos de que vayan a ser responsabilizados de sus abusos", ha destacado la organización.

Así, Hadj Sahraui ha manifestado que "con este tipo de medidas vigentes, Egipto se dirige directamente hacia un camino de mayor represión y confrontación".

"A menos que las autoridades cambien la dirección y den pasos concretos para demostrar que respetan los derechos humanos y el mandato de la ley, empezando con la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia, habrá más víctimas en las cárceles, los hospitales y las morgues a causa del uso arbitrario y excesivo por parte de la Policía", ha agregado.

Legislación represiva

La subdirectora de AI para la región ha continuado con sus críticas y ha descrito como "abismal" el estado actual de los derechos humanos. "El Gobierno será juzgado por sus acciones, no por sus palabras. Las garantías verbales no sirven si la represión sobre el terreno se incrementa y un simple 'tuit' te puede llevar a prisión", ha valorado.

La organización ha cifrado en 1.400 el número de muertos a consecuencia de los episodios de violencia política y ha apuntado que la mayoría de las muertes se ha debido al excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Además, ha denunciado que ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido investigado por estos hechos.

Entre ellos, ha destacado el desmantelamiento por la fuerza de las acampadas erigidas en dos plazas de El Cairo en apoyo a Mursi, que se saldaron con la muerte de 500 manifestantes, según los datos de AI. Por su parte, la organización islamista Hermanos Musulmanes elevó la cifra de fallecidos a 4.500, mientras que el Gobierno reconoció la muerte de unas 650 personas.

Hadj Sahraui ha lamentado que "la retórica de la lucha antiterrorista esté siendo utilizada para aplastar las manifestaciones sin distinguir entre la disidencia legítima y los ataques violentos".

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Si bien ha reconocido que desde el derrocamiento de Mursi se han producido ataques contra edificios gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad, ha recordado que "los derechos humanos no deben ser sacrificados en nombre de la lucha antiterrorista".

Por último, ha cargado contra la decisión del Gobierno de designar a Hermanos Musulmanes como una organización terrorista, así como la de congelar los activos de 1.055 organizaciones de caridad vinculadas al grupo y la represión de las protestas pacíficas celebradas por estudiantes universitarios.

"Las nuevas restricciones contra las reuniones públicas y las manifestaciones suponen una grave amenaza para la libertad de asamblea y dan a las fuerzas de seguridad licencia para utilizar la fuerza de forma excesiva contra manifestantes pacíficos", ha remachado.