Mas planea aguantar el pulso soberanista hasta que se pongan “en riesgo” las instituciones catalanas

Artur Mas mantendrá viva en su calendario la consulta soberanista del 9 de noviembre hasta que las instituciones de Cataluña se pongan "en riesgo". Entonces, si la amenaza al autogobierno es real por parte del Estado, el president de la Generalitat frenará su desafío y, previsiblemente, activará su plan B, las elecciones plebiscitarias, que podrían convocarse para finales de 2014 o principios de 2015. El nuevo Parlament, que el Govern espera que cuente con una sólida mayoría soberanista, de en torno a 100 de los 135 diputados de la Cámara, podría declarar unilateralmente la independencia de España, un escenario que el propio Mas no descartó hace una semana. 

Esta es, a grandes rasgos, la hoja de ruta de los próximos meses que está en la cabeza de la cúpula de Convergència i Unió, según distintas fuentes consultadas por infoLibre. Todo ello asumiendo que el 8 de abril el Congreso pegará un sonoro portazo a las pretensiones de la mayoría catalana: el 85% de la Cámara –PP, PSOE y UPyD– rechazará en bloque traspasar a la Generalitat la competencia para convocar referendos, haciendo uso el artículo 150. 2 de la Constitución. Obturada esa vía, entrará en escena la Ley de Consultas Populares no Refrendatarias y Participación Ciudadana, una norma todavía en barbecho pero que se pretende aprobar definitivamente y publicar, para su entrada en vigor, a primeros de septiembre. "Inmediatamente después", Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Se baraja que ambos momentos coincidan después de la Diada (el 11 de septiembre) y antes del plebiscito secesionista en Escocia, el 18. 

Una planificación que comparten y reconocen los demás partidos integrantes del frente proconsulta –ERC, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA, la federación catalana de IU) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)–. La razón, como explican a infoLibre fuentes convergentes, es simple: se pretende apurar los tiempos, con la intención de reducir al mínimo la capacidad de reacción del Gobierno central. Al convocar el referéndum automáticamente después de la publicación de la Ley de Consultas, este se firma con cobertura legal, pues el Tribunal Constitucional no habría tenido tiempo para pronunciarse sobre la norma. Si Mas quisiera convocar el plebiscito con el mismo plazo que el de los procesos electorales ordinarios (54 días), entonces el decreto se publicaría y entraría en vigor el 16 de septiembre. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, con toda seguridad, recurrirá la Ley de Consultas y la convocatoria del referéndum ante el TC. Y este, a su vez, también con toda seguridad, anulará ambas. Ya el 11 de septiembre de 2008 el Alto Tribunal tumbó un referéndum similar promovido por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe. "La comunidad autónoma del País Vasco [...] no es titular de un poder soberano", decía aquella sentencia 103/2008. La estrategia del Govern, según fuentes del entorno del president, es "tensar" la cuerda con el Estado a partir de la prohibición del TC. Cargar contra el fallo y contra el Ejecutivo de Rajoy. 

"El presidente va a cumplir la ley"

El presidente del Gobierno ha asegurado que tiene también su propia hoja de ruta para frenar a Mas, pero nunca ha querido desvelarla. Se ha atenido a afirmar lacónicamente lo que volvió a responder el pasado viernes desde Bruselas: "Saben que el presidente va a cumplir la ley porque sería verdaderamente notable que no fuera así". ¿Qué puede hacer? La Moncloa tiene todos los instrumentos legales al alcance, desde los recursos a los tribunales hasta la solución más extrema, echar mano del artículo 155 de la Constitución, que prevé que si una comunidad no cumpliera con sus "obligaciones" o atentara "gravemente al interés general de España", el Gobierno central puede, con la mayoría absoluta del Senado, adoptar las "medidas necesarias" para forzarla a obedecer. La Ley Fundamental no especifica cuáles son esas medidas, pero cabría, por ejemplo, la suspensión o merma de la autonomía. Pero, como advierte Joan Josep Nuet, coordinador de EUiA, "ni siquiera haría falta llegar a eso": "Si el Estado somete a Cataluña a una completa asfixia financiera, se acabó. Antes de apretar el botón nuclear, el 155, hay armamento convencional".  

Es este el momento en que, según CiU, las instituciones de Cataluña se verían "en riesgo". Y ahí detendría su ofensiva con el referéndum del 9-N. 

O eso pretenden los convergentes. Pero a partir de aquí el escenario no está tan claro ni todos los miembros del frente proconsulta comparten estrategia. El nexo común que les separa del Govern es su abierto recelo a unos comicios plebiscitarios y su apuesta por apurar los cauces que permitan preguntar a los ciudadanos. "Nuestra prioridad es que la gente vote. Y creemos que la consulta debe celebrarse bajo el paraguas de la legalidad catalana o española", apuntan a este diario fuentes de ERC. Pero si el TC anula la Ley de Consultas y el referéndum es declarado ilegal, ¿qué hacer? "Alguna alternativa legal habrá. Que lo prohíba el Estado no es óbice para que se pueda realizar. La cuestión es buscar garantías legales, y no todas pasan por Madrid". 

ICV también maneja como primera alternativa que la consulta tenga lugar. Lo dice un máximo dirigente ecosocialista: "Nosotros ponemos como condición que haya urnas en todos los barrios y ciudades. Pero claro, tendríamos la dificultad de la zona metropolitana de Barcelona", donde el PSC, que rechaza todo referéndum si no está pactado con el Estado, aún conserva importantes alcaldías como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà. Los socialistas también gobiernan capitales como Lleida o Tarragona. ICV no quiere revelar aún qué alternativas caben en ese caso: "Lo estamos estudiando y en su momento se dirá. Pero nosotros estamos por la radicalidad democrática". Según el análisis de este alto cargo rojiverde, es incluso una "frivolidad" el planteamiento de CiU de tensar la cuerda para luego frenar. 

EUiA pone más pegas

La CUP, que sostiene que no es necesario en ningún caso el permiso del Estado –y por eso se abstuvo el pasado 16 de enero, cuando el Parlament aprobó solicitar a Madrid la competencia para convocar la consulta– tampoco se sitúa en la eventualidad de unas nuevas elecciones. "Creemos que hay que respetar la voluntad mayoritaria de los catalanes. Si físicamente no se impide la consulta, con policía, se puede celebrar, porque políticamente importa poco el veto del Estado", argumentan desde la organización. 

Quien pone más reparos a la celebración de la consulta aun con el no del Estado es EUiAno . Nuet advierte de que si el TC anula la ley y la convocatoria, los funcionarios públicos "no pueden ponerse al servicio" del referéndum, porque se expondrían a ser cesados, al no acatar una resolución. "Es prematuro saber qué pasará. Todo el mundo tiene ideas, pero no hay ninguna estrategia acordada. Una vez que el TC frene el plebiscito, es más que discutible que se saquen las urnas si no hay un acuerdo con el Estado y si no hay un reconocimiento internacional. Tras el veto, habrá que ver el pronunciamiento de instituciones y de la sociedad civil. Eso será clave para saber qué hacer", afirma el líder de EUiA. La propia IU ya acordó hace un mes que siempre respetaría el marco legal. La federación catalana reclama pues "consenso" dentro del bloque proconsulta (político y social) para "articular un mecanismo de respuesta al TC". "Pero nosotros no avalaremos propuestas que rechacen el diálogo, ni contribuiremos a estrategias de división. La sociedad española es más que la mayoría absoluta del PP". 

Rajoy, de hecho, ganaría si prendiese la discrepancia dentro de los partidarios del 9-N. A eso jugaba el Gobierno, a confiar en que hubiera ruptura. Y por ahora se ha mantenido la unidad de acción. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Mas, y Unió Democràtica, la formación del democristiano Josep Antoni Duran i Lleida, han pasado rachas de tensión, pero la federación no ha saltado por los aires, al menos hasta el momento. 

Pese a las pretensiones de cada grupo, lo cierto es que cunde la sensación de que CiU no se atreverá a sacar las urnas a la calle. Que le "temblarán las piernas" a Mas, en palabras de la CUP. Justo por esa imagen de "partido de orden" que ha cultivado la federación durante la democracia, el PSC también está convencido de que el president frenará. "Hacer la consulta sin amparo legal sería el último despropósito, aunque Mas perdió el rumbo hace tiempo", estima un dirigente muy cercano al primer secretario, Pere Navarro. "No me imagino a CiU saltándose la ley y comportándose como un partido antisistema. Lo que le interesa son las plebiscitarias", abunda otro miembro de la dirección socialista. "La Assemblea Nacional Catalana [la asociación impulsora de la hoja de ruta secesionista] está bien, pero no se puede hacer un sucedáneo de consulta. Si la gente ve que aquello no es legal, no tendrá sentido", opina un dirigente antes encuadrado en el PSC y que ahora se ha aproximado al flanco soberanista. La ANC, la entidad privada dirigida por Carme Forcadell, prevé en su borrador de hoja de ruta, que deberá aprobar el 5 de abril, que se puedan abrir las urnas aun sin el plácet del Estado. Y considera que debe haber elecciones si no es posible. 

ERC: "Por separado podemos sumar incluso más"

Los convergentes ya piensan en nuevos comicios autonómicos, una vez deshecha la posibilidad del referéndum, un plan B que el propio Mas ha destacado en varias ocasiones. El president siempre ha dicho que cree conveniente esperar al final de legislatura, hasta 2016, pero CiU cuenta con que no podrá aguantar el pulso y tendrá que convocar elecciones a finales de 2014 o principios de 2015, poco antes de las municipales de mayo o coincidiendo con ellas. Su previsión es acudir con ERC y socialistas desvinculados del PSC, y juntos podrían sumar "unos 80 diputados" –ahora CiU dispone de 50 y ERC, de 21–, y a ellos habría que agregar "los 15-20" que podrían aportar ICV-EUiA y CUP (con 13 y 3 escaños en esta legislatura). De este modo, siempre según las expectativas del Govern, se conformaría un Parlament "con unos 100 parlamentarios" proclives a la secesión, una base sólida para proclamar, como adelantaba Mas hace una semana, la declaración unilateral de independencia. Su socio, Duran i Lleida, reconocía que no se puede descartar esa tesis: "Uno puede pensar que depende de cómo vayan las cosas todo puede acabar en una declaración unilateral, pero no es la posición oficial de CiU".

De nuevo, los partidos ponen pegas a ese escenario. ERC, como reconocen sus dirigentes y sospechan también desde otras fuerzas, no se inclina por acudir a las urnas de la mano de CiU. Sus expectativas electorales están al alza y, descartado que todos los defensores de la consulta concurran juntos (ICV-EUiA y CUP lo rechazan de plano), cree que ir en solitario podría asegurarle la hegemonía del proceso secesionista. "Ya se habló de que fuéramos juntos en las europeas y no ha pasado –puntualizan los republicanos–. ¿No fueron acaso plebiscitarias las elecciones de 2012? Por separado incluso podemos sumar más. Y además está Unió", que sí tendría más reservas a compartir lista con Oriol Junqueras.

"La declaración unilateral es una tontería. Y no van a conseguir 80 escaños. Es un error de Mas, como le pasó en 2012, cuando pensaba que iba a tener la mayoría absoluta y se pegó un batacazo", sentencia en el entorno más estrecho del líder de ICV, Joan Herrera. EUiA repudia la idea de emancipación por las bravas: "No estamos nada de acuerdo porque eso espolea las actitudes extremas en un lado y en otro. No vamos a ir a un escenario como el de Ucrania y Crimea", dice Nuet. Incluso sectores hoy próximos a ERC consideran que la declaración unilateral "no es el mejor camino". "Si el Parlament diera una mayoría claramente soberanista, exigiría negociar con el Estado sobre el cómo proceder a la secesión", valora una prominente cabeza de esta órbita. 

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PSC: "Los catalanes no irán al suicidio"

Los socialistas anticipan que será la propia sociedad catalana la que no estará dispuesta a "hacer el ridículo". "Hoy creemos que la gente va viendo que la independencia tiene costes, no irá al suicidio. Y nosotros incidiremos en que la estrategia de Mas es un fracaso y peligrosa para Cataluña", señalan desde la dirección de Navarro, que también adelanta que la patronal, muy influyente en el ánimo de CiU y del Govern, contribuirá a recoger amarras. No obstante, la tendencia favorable a la segregación crece. Según el último estudio del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 59,6% de los catalanes quiere que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de Europa. El 87,3% aceptaría el resultado del referéndum, fuese el que fuese. 

La hoja de ruta tiene, por tanto, bastantes cabos sueltos, por mucho que sobre el papel el camino trazado por CiU y el Govern aguante. Pero ya lo advierten distintos interlocutores: "Cuando uno hace el cuento de la lechera siempre le salen las cuentas. Pero de eso a saber cómo será el escenario real hay un mundo".