Una magistrada del tribunal que juzga a Silva fue consejera de la asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Blesa

María Tardón, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid y que forma parte del tribunal de tres magistrados que juzga al todavía juez Elpidio José Silva por los delitos que presuntamente cometió al instruir el caso Blesa, fue consejera general de la Asamblea de Caja Madrid, órgano de gobierno de la entidad, durante año y medio bajo el mandato de Miguel Blesa. Blesa cesó en 2010. Dos años más tarde, la entrada del FROB en Bankia –heredera financiera de Caja Madrid–, destapó que el antiguo imperio financiero controlado por Blesa se había convertido en un campo de ruinas. Ahora, el tribunal en que se integra Tardón debe decidir si inhabilita a Silva por 30 años, como pide la Fiscalía, o lo absuelve.

Concejal del PP en Madrid entre 1999 y 2003, María Tardón se contaba entre los 37 consejeros generales de la asamblea de Caja Madrid designados por el Ayuntamiento de la capital en 2003. Promocionada para ese puesto por el PP en julio de ese año, Tardón dejó su asiento en la Asamblea de Caja Madrid –en el que fue reemplazada por Elena Sánchez Gallar– para reincorporarse a la carrera judicial en marzo de 2005.

Este martes, tras una sesión turbulenta en la que el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, impidió al abogado de Silva retirarse como defensor en la convicción de que ese paso era sólo una maniobra “fraudulenta” de su cliente para suspender el juicio y denegó la incorporación a la causa de los correos secretos de Blesa, infoLibre preguntó a María Tardón por su pasada pertenencia al órgano de gobierno de Caja Madrid.

La magistrada respondió así: “No es causa de abstención. Estuve [en la asamblea de la caja] hasta 2004 pero nunca he tenido nada que ver con la gestión de la entidad ni con los hechos que se juzgan”.

Otras fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) confirmaron que el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, “conocía esa circunstancia”, es decir, de que Tardón había sido uno de los 318 consejeros generales de la asamblea de la caja que presidía Blesa, y que también lo considera procesalmente irrelevante.

Fuentes jurídicas destacaron la “honestidad” de Tardón y su compromiso contra la violencia de género, materia que constituye la especialidad de la Sección 27 de la Audiencia madrileña. Arturo Beltrán preside otra sección, la quinta. Y completa el tribunal el magistrado Eduardo Urbano.

El "supremo gobierno" de la caja

La Ley de Cajas madrileña aprobada en marzo de 2003, vigente durante el periodo en que Tardón fue consejera general de la entidad, define en su artículo 25 la naturaleza de la Asamblea General con las siguientes palabras: “La Asamblea General es el órgano que, constituido por las representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la Caja de Ahorros y, en su caso, por los cuotapartícipes, asume el supremo gobierno y decisión de la entidad”.

La Ley de Cajas de 2003 permitía a los consejeros generales de la asamblea percibir dietas. Pero un miembro de la asamblea que ejerció su cargo en la misma época que Tardón recordó este martes en conversación con este diario cómo la caja se limitaba a entregar un regalo a los consejeros generales en cada una de las dos sesiones que solían celebrarse cada año en el recinto ferial de Ifema. “Una vez nos dieron un reloj con conexión para teléfono, otra unas láminas, en todo caso eran dietas en especie pero, por lo que vi, no de mucho valor”, explicó la fuente.

Aunque el poder de gestión de la caja siempre estuvo en manos del consejo de administración y la comisión ejecutiva –sobre todo, tras la llegada del todopoderoso Blesa a la presidencia de la caja en 1996, el año de la primera victoria electoral de su amigo José María Aznar–, la asamblea tenía encomendada por ley estas funciones: aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión, nombrar a los vocales del consejo y a los miembros de las comisiones de control, retribuciones y obra social, aprobar las retribuciones y remuneraciones de los integrantes de los órganos de gobierno y “ratificar los acuerdos del consejo de administración por los que se designe al presidente ejecutivo y se fijen sus facultades”.

2003 fue el año en que Alberto Ruiz-Gallardón ganó la Alcaldía de Madrid y Esperanza Aguirre, la presidencia de la Comunidad en las segundas elecciones, convocadas tras la traición de los dos diputados socialistas que protagonizaron el tamayazo.

Tardón, que durante el último mandato municipal de José María Álvarez del Manzano (1999-2003) había sido tercera teniente de alcalde, ya no era concejal cuando el Ayuntamiento la nominó para cubrir uno de los puestos de la Asamblea General de Caja Madrid: exactamente igual que otros de los elegidos por el PP para representar al Consistorio en la entidad, entre ellos el propio Álvarez del Manzano. El 29 de septiembre, el PP confirmó su hegemonía en Caja Madrid y logró que la asamblea aupara la candidatura encabezada por Miguel Blesa, que logró su reelección como presidente. 

¿Resulta irrelevante el papel institucional desempeñado por María Tardón en Caja Madrid entre 2003 y 2004? El TSJM remacha que, en efecto, lo es por cuanto no es la gestión de Caja Madrid ni los manejos de Miguel Blesa lo que se juzga sino los delitos que habría cometido Elpidio Silva durante la investigación de un crédito multimillonario –26,5 millones– concedido al hoy preso Gerardo Díaz Ferrán en 2008 mismo año por 1.000 millones de dólares

Silva y Corea del Norte

Silva, que ayer se negó a declarar, sostiene que el juicio no es más que un ajuste de cuentas, o una persecución, por haber hurgado en los manejos de Blesa al frente de Caja Madrid. Con sus gestos, sus palabras y su desplante verbal al presidente del tribunal –que, ahora bien, le habló en el mismo tono–, el todavía juez escenificó ayer su radical desconfianza en la Justicia.

Acusado de prevaricación, retardo malicioso y de dos delitos contra la libertad individual, uno por cada vez que encarceló al expresidente de Caja Madrid, Silva se arriesga a 30 años de inhabilitación en el turbulento juicio que comenzó el lunes al tiempo que inicia su carrera hacia las elecciones europeas como cabeza de lista del denominado Movimiento Red y con el lanzamiento de un crowdfunding (colecta pública) en el que ofrece autógrafos (“dedicatorias”) a 20 euros y cena con él para dos simpatizantes a 300 euros.

A la salida del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), a donde en teoría debe regresar hoy aunque ayer ya se negó a declarar y deslizó que recusará al tribunal, Silva subió el tono del diapasón con un discurso que presenta a España como un país más injusto que la sanguinaria dictadura norcoreana: "Las condiciones que se dan carecen de precedentes en todos los sentidos en cualquier país del mundo, no sé si en Corea del Norte habría una excepción a esto, lo ignoro, pero creo que también en Corea del Norte alguien que sea acusado tiene derecho a un abogado y yo no lo tenía porque había renunciado a él", informa Europa Press.

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No se sabe si la actitud de Silva le beneficiará o perjudicará en su incipiente carrera política al frente del Movimiento Red, de cuya estructura y medios muy poco se conoce. Pero, desde luego, lo de este martes no le facilitará las cosas con el tribunal, que planea recusar aunque sin abogado –Silva proclama que realmente tiene diferencias de criterio con el letrado que le representaba, Cándido Conde-Pumpido hijo– resulta difícil averiguar cómo lo hará. Fuentes conocedoras de lo sucedido contaron ayer a infoLibre que la idea de la renuncia no partió del abogado sino de su cliente. Y que la fraguó pocos días antes de que comenzase la vista.

Silva, que se declara víctima de un atropello, martilleó al tribunal con un mensaje: obligarle a mantener al abogado Cándido Conde-Pumpido le deja indefenso. "No tengo abogado", repitió varias veces minutos después de que dos miembros del público prorrumpieran en gritos contra el tribunal. "¡Esto está amañado!", se oyó clamar a una mujer en la pantalla a través de la cual los periodistas siguen las sesiones. En la sala, el presidente del tribunal acababa de invocar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en favor de impedir la renuncia de un abogado cuando ese paso esconde maniobras dilatorias. Este diario accedió finalmente a tres de esas sentencias, dos de ellas relativas a casos en los que, a diferencia de este, había penas de prisión en juego.

¿No habría garantizado mejor los derechos de Silva como acusado que el tribunal le permitiese elegir un nuevo abogado aun si simultáneamente decidía abrir diligencias penales a Conde-Pumpido? Las fuentes consultadas en el TSJM sostienen que habría resultado inútil: "El segundo abogado también habría renunciado y estaríamos vuelta a empezar". El presidente del tribunal no alberga la menor duda de que eso exactamente es lo que persigue Silva. "Y el juicio –le había avisado en voz alta o a gritos– no se va a suspender".