Un rey militar, de nuevo, en el Parlamento

Poca gente sabe que el juramento de la Constitución del príncipe de Asturias estuvo a punto de provocar un grave conflicto institucional el 30 de enero de 1986. En esa fecha don Felipe alcanzaba la mayoría de edad y, en cumplimiento del artículo 61.2 de la Carta Magna, debía jurar acatamiento a la Constitución. El acto tuvo como escenario una reunión solemne de las Cortes Generales, en el palacio de la carrera de San Jerónimo, y el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, fue el encargado de tomar juramento, en su calidad de representante de la soberanía popular, al heredero de la Corona.

En las Navidades de 1985, cuando comenzaron los preparativos para el simbólico acto, la Casa Real hizo llegar al presidente del Congreso su intención de que don Felipe jurara la Constitución vestido de militar. Aquella indicación provocó la indignación de Peces-Barba, un socialista moderado y padre de la Constitución, fallecido en 2012, que amenazó con su dimisión y con la explicación pública de sus razones si el príncipe de Asturias repetía la imagen de su padre, en 1975, cuando juró los Principios Fundamentales del Movimiento con el traje de gala del Ejército de Tierra. Transcurrida ya más de una década desde la restauración democrática y siete años después de la aprobación de la Constitución, Peces-Barba consideró intolerable que don Felipe acudiera al Parlamento como si el país no hubiera cambiado de régimen o como si los vestigios de la dictadura franquista siguieran planeando sobre España.

La firme actitud, el órdago más bien, del titular de la Cámara baja obligó en 1986 a rectificar a la Casa Real y a los sectores políticos más conservadores que veían con buenos ojos, e incluso aplaudían, que el futuro rey iniciara su compromiso constitucional ante diputados y senadores como si aquello fuera un desfile en un acuartelamiento.

Han pasado más de 38 años desde aquel pulso entre el Parlamento y la Casa Real, pero da la impresión de que en algunos aspectos no hemos salido todavía del túnel del franquismo. Porque lo previsto es que el príncipe de Asturias acuda este próximo jueves, 19 de junio, a su proclamación ante el Parlamento con el traje de gala del Ejército de Tierra. De este modo, las imágenes que pasarán a la Historia evocarán, pues, a un joven rey Juan Carlos jurando las leyes de una dictadura entre una multitud de bigotitos recortados de los procuradores franquistas y no al Felipe de 18 años vestido de chaqué, traje de gala civil, ante un Parlamento democrático.

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Algunos argumentarán que se trata de un detalle anecdótico y sin importancia dentro del debate suscitado por el relevo en la jefatura del Estado. Pero conviene recordar que en una democracia las formas resultan fundamentales, que los ritos y los símbolos responden a un significado y que el futuro rey jurará ante los representantes de ciudadanos libres.

Que la decisión de que don Felipe jure vestido de militar proceda de la Casa Real, de los cuarteles o de otros poderes deviene una cuestión bastante secundaria. En todo caso, demuestra bien a las claras que el poder de la monarquía no sólo es ornamental y que los militares pesan todavía, y no poco, en el ámbito civil. Ahora bien, lo realmente preocupante de la historia apunta a que muy pocas voces se hayan levantado en el Parlamento en contra de este dislate simbólico más allá de los lamentos del portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Así pues, ninguno de los partidos mayoritarios que han avalado la abdicación con sus votos afirmativos o con la abstención; ni el Gobierno que debe avalar los actos de proclamación de Felipe VI; ni el presidente del Congreso, Jesús Posada han puesto el grito en el cielo democrático y constitucional para oponerse a esta "militarización" como Peces-Barba se opuso en su día. No extraña que desde distintos sectores se interprete como otro síntoma más de la involución que está padeciendo este país.