Políticos y paraísos fiscales
Lo que han dicho PSOE, IU y UPyD sobre las polémicas sicavs
El fondo de pensiones gestionado por una sicav en Luxemburgo, cuya existencia desveló infoLibre y en el cual participaban un número indeterminado de eurodiputados, ha salpicado a buena parte de las formaciones políticas españolas. Parlamentarios de PP, PSOE, UPyD e IU forman parte de este fondo, una presencia que ya ha hecho dimitir a Willy Meyer, eurodiputado electo de IU.
Pero, ¿cuál era la posición de estos partidos sobre las sicavs antes de conocerse que sus representantes participaban en un fondo gestionado por una? Las distintas formaciones tenían pareceres variopintos: mientras el PP no ha propuesto en sus últimos programas medidas concretas para modificar el régimen de este tipo de sociedades –no en vano Miguel Arias Cañete, eurodiputado electo, fue administrador de la sicav del fondo de pensiones–, PSOE, IU y UPyD sí que coinciden en criticar la actual regulación de estos instrumentos financieros e incluso, en algunos casos, en algunas propuestas concretas.
Uno de los partidos que tradicionalmente han sido más contundentes en contra de las sicavs ha sido IU, un posicionamiento que ha sido precisamente el que ha empujado a la dimisión a Meyer por "coherencia". Y es que en su programa para estas pasadas elecciones europeas, celebradas hace escasamente un mes, la formación exigía "una nueva regulación europea de los instrumentos de inversión colectiva, como las sicavs, de forma que sea imposible su utilización como fórmulas de elusión fiscal".
¿Cómo? Evitando que la participación de cada socio –una sicav en España debe tener al menos cien– fuese de menos del 5% del capital, para impedir que este estuviese concentrado en unos pocos accionistas y el resto actuasen como meros hombres de paja o mariachis, como son conocidos. Y no es la única propuesta que ha hecho IU en este sentido en sus programas: en 2011 su documento electoral también proponía una reforma legislativa referente a estas sociedades, si bien en esta ocasión la proposición de IU estribaba en limitar al 2% el máximo de capital que podía poseer cada socio de las sicavs y en aumentar a un 5% la tributación de estas.
Pero también a nivel retórico ha sido muy dura IU con las sicavs, a las que siempre han tachado de ser una herramienta de elusión fiscal para las grandes fortunas y que incluso fueron calificadas de "monstruo de Frankenstein" en 2009 por el excoordinador de la formación, Gaspar Llamazares, que condicionó el apoyo de su partido a los Presupuestos de 2010 a una reforma en este aspecto, cambio que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó. Pero no hay que buscar tan lejos, ya que en el pasado debate sobre el estado de la nación el coordinador federal de la formación, Cayo Lara, citaba la vigencia de las sicavs como una de las causas del alto déficit público de España.
"Claro que hemos tenido una pérdida de 70.000 millones en la recaudación. Ha estallado la burbuja, se han cerrado empresas, hemos perdido empleo, ha habido menos ingresos, pero no me niegue usted que no es menos cierto que ustedes [...] han ido bajando más los impuestos a los más ricos, incorporaron las sicavs, han bajado el impuesto sobre sociedades, han bonificado a las grandes empresas de una manera escandalosa [...] Todo eso es quitarle dinero a la Hacienda pública", aseguró entonces Lara.
"Paraísos fiscales en nuestro propio país"
Pero no sólo IU ha sido dura con las sicavs: también el PSOE –que implantó este tipo de sociedades en la primera legislatura de Felipe González– ha hecho llamadas a reformar su regulación, la última (y una de las más duras) en la resolución que salió de la Conferencia Política del partido en noviembre de 2013. En ese documento el partido planteó la necesidad de modificar la legislación relativa a las sicavs "para evitar que sigan actuando como refugio de grandes fortunas". Y ofrecía tres propuestas para ello: incrementar la tributación de estas sociedades, establecer un porcentaje de participación máximo y mínimo para cada socio, y fijar "un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen".
No ha sido la única propuesta de los socialistas a este respecto. También plantearon el año pasado la necesidad de que las sicavs tributen por todo el capital que contienen porque, "ahora, tributa la gestión de la sociedad, no el capital que hay dentro", según explicó la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero. Igualmente, la formación propuso que este tipo de sociedades sean controladas por la Agencia Tributaria, como se hacía hasta 2005, cuando todos los grupos parlamentarios del Congreso a excepción de IU aprobaron que esas competencias pasasen a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una medida ante la cual la organización Inspectores de Hacienda del Estado alertó de que podría favorecer "la amnistía fiscal".
¿Y UPyD? Tampoco se ha mostrado contraria a las sicavs per se, pero sí a la manera en que actualmente están configuradas. De hecho, en su programa electoral para los comicios generales de 2011, el partido era escueto pero tajante: su propuesta número 79 era la de "eliminar los privilegios fiscales concedidos a las sicavs". Y en este sentido, UPyD ha sido una de las formaciones que más se ha movido a nivel institucional durante la última legislatura para ello: en 2012 la formación magenta ya propuso en el Congreso medidas también defendidas por PSOE e IU, como que fuese la Agencia Tributaria quien vigilase si las sicavs cumplían los requisitos para estar configuradas como tal.
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Además, el pasado abril el partido de Rosa Díez propuso aumentar la tributación "meramente simbólica" que pagan las sicavs al entender que tenían un trato "muy privilegiado". Su iniciativa fue rechazada por el PP, que adujo que aceptarla supondría una fuga de capitales y que las sicavs eran utilizadas por "todo tipo de inversores, incluyendo familias normales". En esta línea, Díez aseguraba en 2012 que mientras los jóvenes "mejor formados de la historia de España" se veían obligados a "huir" para buscar un empleo, existían "paraísos fiscales en nuestro propio país", un hecho que tachaba de "vergüenza".
