Justicia universal
Pedraz se resiste a los intentos de la Fiscalía de cerrar el ‘caso Couso’
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado seguir investigando el caso Cousocaso Couso, según consta en una providencia en la que el magistrado mantiene su decisión de continuar con las pesquisas sobre la muerte en 2003 en Bagdad (Irak) del cámara de Telecinco por disparos de un tanque de Estados Unidos.
El juez justifica su decisión de seguir instruyendo el asesinato del cámara de televisión al constatar que todavía hay en marcha diferentes diligencias, explicaron fuentes de la Audiencia Nacional a este diario.
Recurso de queja
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que desde un principio se ha opuesto a las intenciones de Pedraz, ha presentado un recurso de queja. Este último escrito y la mencionada providencia del magistrado se incorporarán al expediente, que será analizado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que tomar una decisión definitiva sobre la continuidad del caso Couso.
Esta será la segunda vez que el mencionado órgano judicial decida si Pedraz debe seguir investigando el caso. El pasado 6 de junio la Sala de lo Penal ya dio la razón al magistrado de la Audiencia Nacional. Y fundamentó esa decisión basándose en una cuestión de procedimiento, evitando entrar en el fondo del asunto.
En su recurso inicial el Ministerio Público argumentó que la nueva Ley de Jurisdicción Universal obliga a los jueces a elevar el caso para que la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo decida sobre las pesquisas. Es decir, consideraba que Pedraz debía cerrar el caso y elevarlo al Alto Tribunal, que tendría que resolver la controversia. El fiscal acusó al magistrado de "extralimitarse" en sus competencias.
Previamente, Pedraz había rechazado, concretamente el 17 de marzo, dar carpetazo a este procedimiento al considerar que la limitación de la Justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravenía la Cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".
En concreto, el magistrado se negó a aplicar los apartados 4 y 5 del artículo 23 y la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que limitan la aplicación de la justicia universal y obligan al archivo de las causas que se están instruyendo bajo esta premisa, al considerar que entra en conflicto con el artículo 146 de la Cuarta Convención de Ginebra.
Unión Europea
Pedraz, en su intento de seguir con la instrucción, informó en julio pasado de sus pesquisas a los responsables de un órgano de la Unión Europea. En concreto, se trata de Genocide Network (una red de la Unión Europea de puntos de contacto sobre el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad), organismo al que comunicó su investigación con la finalidad de que esta institución pueda lograr la comparecencia ante la justicia de los militares de Estados Unidos.
En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. Se trata del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.
Además, recientemente las autoridades ucranianas informaron a Pedraz de que este país no había desarrollado ninguna investigación en relación con otra de las personas fallecidas en el Hotel Palestina de Bagdad. Se trata del también cámara Taras Protsyuk, que murió el 8 de abril del 2003 junto al español José Couso.
Pedraz le había preguntado en junio a la justicia ucraniana si había investigado la muerte de Protsyuk, cámara de la agencia británica Reuters, recordando a ese país que ratificó el IV Convenio de Ginebra sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra.
Denuncia vietnamita
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También relacionado con la justicia universal, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en sustitución de Javier Gómez Bermúdez, acordó el pasado 5 de agosto el archivo provisional de la denuncia presentada por la oposición vietnamita en el exilio por presuntos crímenes de guerra del Partido Comunista de Vietnam y su actual Gobierno.
Fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a infoLibre que la decisión del magistrado se tomó después de que el Ministerio de Justicia remitiera al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional una contestación a un requerimiento en el que aseguraba que no se disponía de documentación acerca del presunto genocidio del Gobierno comunista vietnamita.
Esta respuesta convenció al magistrado para decretar el archivo provisional del caso, ya que en la Audiencia Nacional no se dispone ninguna prueba de la vinculación con España del genocidio denunciado por el Gobierno en el exilio vietnamita.
