La reforma de la Inspección de Trabajo se cae de la agenda del Ministerio de Empleo

La reforma de la Inspección de Trabajo se queda, de momento, en un cajón del Ministerio de Empleo. “Ya no tiene fecha para su remisión al Consejo de Ministros”, fue la respuesta que responsables del departamento que dirige Fátima Báñez dieron a los sindicatos de inspectores y subinspectores esta misma semana, después de que se les hubiera anunciado que el anteproyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo iba a ser aprobado por el Gobierno este mismo viernes. Tendrá que aguardar, además, a que su contenido sea negociado en la mesa de Diálogo Social con los sindicatos UGT y COO y la patronal CEOE, en uno de cuyos grupos de trabajo se está estudiando. La ley acumula ya dos años de retraso, sin contar con el intento frustrado del anterior Gobierno socialista, un proyecto de ley al que dio luz verde el Consejo de Ministros en junio de 2011 pero no dio tiempo a aprobar en el Congreso antes de que terminara la legislatura.

En cualquier caso, el último borrador del texto –ha habido casi media docena, apuntan fuentes sindicales– no gustó a ningunono gustó a ninguno de sus receptores el pasado mes de junio: ni a los sindicatos de inspectores y subinspectores ni a los gobiernos catalán y vasco, los dos únicos con las competencias transferidas. Así que no llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros del 13 de julio como estaba inicialmente previsto.

El anteproyecto es una de las 200 medidas previstas en el informe CORA, de reforma de las administraciones públicas. Prevé convertir a la Inspección de Trabajo, actualmente una dirección general dependiente de la Subsecretaría de Empleo, en un organismo autónomo. En ese nuevo Organismo Estatal deberá integrarse el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desaparece, y la futura Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

Sin embargo, la creación de un organismo autónomo cuenta con el rechazo del Ministerio de Hacienda, mientras que a la desaparición del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene se oponen UGT y CCOO, según las fuentes consultadas. Por su parte, el Ministerio de Empleo sólo concede que el anteproyecto de ley se encuentra “en fase de debate en la mesa de Diálogo Social”, lo que “ralentizará” su aprobación, y que ya ha recibido las “enmiendas” de los sindicatos.

Inspectores y subinspectores, en contra

Lo confirma Isabel San José, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que habla de “tres reuniones” con los responsables de la Dirección General, a quienes hicieron llegar sus objeciones. San José también se queja de que la remisión de la reforma al Diálogo Social les excluya de las discusiones sobre una ley en que son  protagonistas, pese a ser el sindicato mayoritario entre los inspectores.

Tanto los inspectores como los subinspectores consideran un ataque que la nueva ley cree una nueva escala de subinspectores, especializados en Seguridad y Salud Laboral. Éstos, al menos en la intención del ministerio, deberán sustituir “progresivamente a los inspectores que vayan abandonando el servicio activo por jubilación u otras circunstancias”. De esa forma, Empleo pretende ahorrar 2,8 millones de euros, “atribuyendo las funciones desempeñadas por los inspectores de Trabajo, funcionarios del grupo A1, a los subinspectores, del grupo A2, con un menor coste en términos del Capítulo 1 del Presupuesto [gastos de personal]”.

Los sindicatos de ambas escalas creen que ese abaratamiento implicará una pérdida de calidad del servicio, como advierte la Unión Progresista de Inspectores (UPIT), al tiempo que se “desmantelará” la Inspección tal y como está diseñada, según critica la Federación Estatal de Subinspectores (FESESS). Para su presidente, Rafael Aniorte, no obstante, el mayor peligro se esconde en el hecho de que el anteproyecto conceda “presunción de certeza” a los informes de policías y guardias civiles sobre trabajo no declarado y empleo irregular. “Es una aberración jurídica”, recalca a infoLibre.

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Finalmente, catalanes y vascos reprueban el nuevo modelo de Inspección de Trabajo que quiere crear el Gobierno como un intento de “recentralización”. Según el anteproyecto, el nuevo Organismo Estatal es el “garante de la unidad de mercado y de la actividad inspectora”, y eliminará las “ineficiencias y duplicidades” del actual sistema. CiU ya ha advertido de que recurrirá al Tribunal Constitucional si se consagra ese nuevo diseño, que pretende garantizar “una concepción única e integral del sistema”.

Cataluña y el País Vasco recibieron las competencias sobre la Inspección de Trabajo en 2010 y 2011, respectivamente. A continuación, crearon sus propios órganos: el Consorcio Inspección de Trabajo de Cataluña y el Consejo Vasco de Inspección de Trabajo. Pero, al tiempo, el Estado conservó sus propios órganos inspectores en ambos territorios. El resultado es que los inspectores vascos y catalanes mantienen una doble dependencia, orgánica del Ministerio de Empleo, y funcional de su Gobierno autonómico. Así, el informe CORA lamenta la “disparidad en las cargas de trabajo y retributivas” existente entre los funcionarios e incluso alerta ante el “riesgo de ruptura funcional, no sólo orgánica, del sistema”.

Por el contrario, los gobiernos catalán y vasco defienden la mayor eficacia de sus cuerpos inspectores por su mayor cercanía a los ciudadanos, frente a la “distancia” de un organismo estatal. Por ejemplo, argumentan, hasta ahora no han sido demasiado útiles en la lucha contra la economía sumergida. “En Cataluña preferimos trabajar con los empresarios para que subsanen sus incumplimientos antes que multarlos”, presume el diputado de CiU Carles Campuzano.