Las nuevas amistades peligrosas de Núñez Feijóo

Las amistades peligrosas persiguen a Alberto Núñez Feijóo.

Primero fue Marcial Dorado, el amigo del presidente condenado por narcotráfico con el que viajaba y compartía tiempo libre cuando él era un alto cargo de Manuel Fraga y el hoy preso de la cárcel de A Lama (Pontevedra) ya había sido detenido dos veces, la última de ellas en el marco de la llamada Operación Nécora, dirigida por el juez Baltasar Garzón.

Ahora es su amigo Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, un empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) al que la Policía considera el intermediario entre una lucrativa trama que se hizo con 20 millones de euros organizando cursos falsos con dinero de la Xunta, del Gobierno central y de otras comunidades autónomas.

El escándalo ha salido a la luz gracias a la Operación Zeta, una investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF) que durante dos años ha sometido a vigilancia a varias asociaciones de autónomos y otras entidades. El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ordenó el pasado 15 de octubre la imputación de siete personas. Se les acusa de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la investigación, el funcionamiento de la trama era sencillo: los imputados inflaban censos de autónomos y hacían uso de sus contactos políticos, utilizando para ello entre otros al amigo de Feijóo, para conseguir ayudas destinadas a remunerar la organización de cursos de formación que, en la mayoría de los casos, nunca se celebraron.

Entre los imputados están el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello y el empresario Gerardo Crespo, presidente de varias empresas y asociaciones vinculadas con la discapacidad y la organización de cursos de formación, como  Azetanet, Fundefo y AE. La policía considera a los tres el “tronco central” de la trama.

Chiringuitos para cazar subvenciones

Las empresas de la red de cursos falsos actuaban como "chiringuitos para cazar subvenciones”, en palabras de los investigadores. Solo una de ellas, Fundefo, recibió un total de ocho millones de euros en seis años (entre 2006 y 2012), 3,1 de los cuales procedían de “subvenciones/adjudicaciones” de la Xunta. El resto lo consiguieron del mismo modo en las comunidades autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Asturias,  Castilla y León, Navarra, Canarias o Madrid. "En total ocho millones solo de procedencia pública en un periodo de seis años", subraya la UDEF.

Feaga, a su vez, consiguió 2,1 millones de subvenciones de la Xunta desde 2007 hasta 2012 para actividades formativas subcontratadas, entre otras, por Azetanet, una de las empresas del grupo de Gerardo Crespo, que utilizaba para sus fines una red de "sedes fantasma" en todo el territorio español.

Aunque la Xunta lleva varios días esforzándose para hacer ver que sus controles funcionaron y que fue el Gobierno gallego el que destapó el asunto, lo cierto es que la investigación se inició en diciembre de 2011 a instancia de dos exempleadas de Caype que no sólo testificaron sino que aportaron documentación comprometedora. Poco después, las escuchas policiales autorizadas por el juzgado pusieron al descubierto que Crespo creó asociaciones “con el único fin de obtener subvenciones”.

Los vínculos con altos cargos del PP son numerosos. El sumario recoge, por ejemplo, llamadas de Crespo y mensajes enviados por móvil al exsenador del PP y actual miembro del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría; a responsables de la Consellería de Traballo e Benestar y al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), así como a su secretaria.

La investigación policial destaca también “el peso específico" de Crespo "en el PP”. “O lo solucionas o lo paso a instancias superiores”, llegó a decirle a un funcionario en una conversación grabada por la Policía.

El papel de los cargos políticos

La UDEF señala en el sumario de la investigación que eran los cargos políticos los que decidían a quién se pagaba o cuándo en relación a las subvenciones concedidas. Tanto el presidente de Caype como el de Feaga, así como otros clientes de cursos de formación, “solicitaban y obtenían porcentajes superiores a los que permite la ley de las subvenciones”.

En el caso del presidente de Caype, la Policía destaca una conversación con la directora general de Emprego e Formación de la Xunta, Ana María Díaz, en la que le pide que el Gobierno gallego redacte un nuevo documento “en el que se detallen las homologaciones de los cursos que quiere impartir”. “Es llamativo que le diga: 'Ya recojo yo el guante", subraya la UDEF sobre la respuesta de ésta última.

La exresponsable de contabilidad en el grupo Azetanet, Susana L.O., admitió ante la Policía que Crespo le encargó “en dos ocasiones reintegrar dinero para hacer dos sobres destinados al PP”. Su declaración señala, entre otros, al exdirector general de Traballo de la Xunta Odilio Martiñá (que dimitió de su cargo apenas unas semanas antes de que saliese a la luz el escándalo) y el exjefe territorial de la Consellería de Traballo e Benestar Luis Álvarez Freijido.

Los investigadores ha detectado que Crespo dio al PP al menos 17.000 euros. De ellos, 15.000 se entregaron antes de las elecciones generales.

Los investigadores detectaron además “listados de obsequios y regalos a cargos políticos y funcionarios” encontrados en los archivos informáticos y que hacen alusión a los años 2008 a 2010, con motivo de las fiestas de Navidad. Entre ellos “lotería, galletas, pen drives, cestas de navidad, jamones e incluso un bolso a la conselleira Beatriz Mato”, responsable Traballo e Benestar.  

No obstante, señalan que “los más agasajados” en 2010, con lotería y cestas de Navidad valoradas en 300 euros, fueron Joaquín Vila, exjefe de servicio de la Consellería de Traballo, y el hoy exdirector general Odilo Martiñá. La Policía sostiene que este último recibió por parte de Crespo “un total de 18.000 euros”, entre ellos una aportación de 300 euros mensuales.

Reunión en Génova

Pachi Lucas, el empresario amigo de Feijóo que aparece en el sumario como el conseguidor de la trama, estaba a sueldo de Crespo, según la investigación de la UDEF citada por El País. Era el “intermediario para la gestión, entre otras, de reuniones con personas relevantes del PP”. Un buen ejemplo de su papel lo otorga un SMS enviado por el empresario amigo de Feijóo el 4 de julio de 2011 a Crespo para comunicarle la cita que le había conseguido con la que luego sería ministra de Fomento, Ana Pastor: “Gerardo, el jueves 7. A las 5,30 en Génova, despacho Ana Pastor. Marga [una directiva de las empresas de Crespo] y tú. Un saludo. Feijóo va a ser clave”.

La Policía no se limita a señalar la responsabilidad de la trama, sino que también apunta a la Administración, cuya “nula actividad controladora” le facilitó falsear “todo lo necesario” para cometer sus delitos. Así lo recoge la UDEF en sus conclusiones finales, a las que ha tenido acceso Europa Press.

“La inacción en el control llevado a efecto por los órganos administrativos tanto a la hora de conceder como de controlar las subvenciones pudo tener su origen en el incumplimiento por parte de sus responsables públicos de sus obligaciones legales”, apunta la Policía, que también recuerda cómo "algunos cargos políticos” fueron “receptores de cantidades económicas o regalos”. La falta de vigilancia sobre el dinero público era tal que Gerardo Crespo, uno de los principales implicados, reconoció en 2012 que hasta ese año en Galicia nunca se realizaron inspecciones a estos cursos, ni por parte del Gobierno central ni de la Xunta.

De hecho, la UDEF  no descarta que “varios concursos públicos habrían sido presuntamente amañados”, en referencia a dos proyectos del Instituto Galego de Consumo.

Pese a las evidencias incorporadas al sumario, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en el Parlamento de Galicia en que su Gobierno actuó de forma “impecable” y ha anunciado que además se personará como acusación en la causa para “defender el dinero de los gallegos”.

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Eso sí, Feijóo ha evitado cuidadosamente hablar de Pachi Lucas, el amigo empresario que, según la Policía, la trama tenía a sueldo para conseguir adjudicaciones valiéndose de sus contactos en el PP.

Ni siquiera ha respondido cuando Francisco Jorquera (BNG) ha mostrado desde la tribuna del hemiciclo una fotografía tomada en la Plaza de Toros de Pontevedra en la que aparece el empresario rodeado por Feijóo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda, entre otros dirigentes. Jorquera ha exigido dimisiones y ha subrayado que la del presidente gallego debería ser “la primera”.

En la misma sesión plenaria la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, también ha ignorado las peticiones de dimisión que le dirigió la oposición. "Nos engañaron a todos", declaró a modo de explicación. "A la Xunta del bipartito, a la Xunta actual, al Gobierno del señor Zapatero, al Gobierno actual y a nueve comunidades autónomas", ha enumerado ante el pleno de la Cámara.