Izquierda Plural pide una comisión de investigación sobre el escándalo del “regalo a las eléctricas”

El diputado de ICV Joan Coscubiela anunció este martes en el Congreso de los Diputados que su grupo, Izquierda Plural, no va a parar hasta conocer "por qué se han regalado 3.400 millones de euros a las eléctricas". Además, reclama una auditoría energética independiente para conocer "de dónde procede el déficit de tarifa".

"Concubinato” Gobierno-Eléctricas

"Estamos ante un caso muy evidente de, otra vez más, el concubinato permanente en el que viven los gobiernos del bipartidismo de este país y el lobby de las eléctricas", sostuvo Coscubiela, que apuntó que, a su juicio, este pago en exceso responde "más que a una malversación de fondos públicos, a esa corrupción sabida y que ya parece amortizada" resultado de la "relación oscura" entre gobernantes y compañías energéticas.

De hecho, recordó que ya en verano de 2013 la portavoz de la Izquierda Plural en materia de Energía, Laia Ortiz, "situó en la agenda del Congreso esta problemática" al registrar varias preguntas, interpelaciones e iniciativas parlamentarias al respecto. "Desgraciadamente el Gobierno no dio respuesta, como tampoco la dio el Gobierno anterior, de José Luis Rodríguez Zapatero".

"Hoy estamos ante un hecho positivo: que la Fiscalía Anticorrupción investiga lo que muy probablemente sea una caso de malversación de recursos públicos. Que este tema no quede sepultado entre tanto ruido", concluyó.

Antecedentes

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Hace más de un año, infoLibre recogió un estudio de la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier) que aseguraba que cada familia española "regaló" 300 euros a las eléctricas por el "despiste" de la Administración al no reclamar 3.400 millones de euros cobrados de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC).

En un comunicado, Anpier reclamaba "una explicación a la ciudadanía" por este asunto, en el que ya no se puede reclamar el dinero percibido de más porque en 2010 prescribió la posibilidad de hacerlo.

La asociación recordaba que en 1997 el Estado reconoció, para cada una de las diferentes tecnologías de producción de las grandes eléctricas, unos gastos de inversión que debían recuperarse a largo plazo a través de la tarifa regulada.