La coartada constitucional

Vuelve a hablarse con insistencia de reforma constitucional. Es un tema que gusta a la prensa y a los intelectuales, quienes se ponen solemnes y utilizan grandes palabras para anunciar que ha llegado la hora de perfeccionar nuestra carta magna 35 años después de su aprobación.

El PSOE se ha convertido en el principal impulsor de esta iniciativa. En esta nueva etapa del partido socialista, la reforma constitucional es una de sus propuestas más claras y rotundas.

Son muchas las razones que empujan en esa dirección. En primer lugar, puede ser una forma de neutralizar la amenaza de Podemos y otros grupos de izquierda que defienden no una reforma constitucional, sino la apertura de una fase constituyente que ponga fin al llamado 'régimen del 78'.

En segundo lugar, podría funcionar como respuesta a la crisis de confianza que sufre nuestro país: los indicadores de opinión pública muestran una caída brutal en la valoración de los partidos y las instituciones representativas, así como, más en general, una gran insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. El cambio de la Constitución sería una medida de “regeneración democrática” y serviría para mandar la señal de que la clase política reacciona ante la indignación ciudadana por los escándalos de corrupción.

En tercer lugar, la reforma constitucional podría dar una salida al problema catalán. Ante las posturas intransigentes y maximalistas de la derecha española y el nacionalismo catalán, la introducción de un modelo federal en la Constitución podría desbloquear el conflicto.

Cabe pensar, también, que la reforma constitucional pueda convertirse en la coartada con la que justificar un eventual acuerdo de gobierno entre el PP y el PSOE si la irrupción de Podemos hace imposible el tipo de gobernación que ha habido en España a lo largo de todo el periodo democrático. Si las estimaciones que están ofreciendo las encuestas en estos meses se materializan el día de las elecciones, es probable que se llegue a algún tipo de acuerdo entre los dos grandes partidos, ya sea una gran coalición, un pacto de legislatura que haga posible la formación de un gobierno de minoría o algún otro arreglo semejante.

Para justificar ante la ciudadanía un acuerdo de esta naturaleza, tan contrario a nuestros usos políticos, nada mejor que apelar a una reforma constitucional que exige un amplio entendimiento entre los partidos grandes. La necesidad de “renovar” o “regenerar” el sistema sería la coartada ideal para pasar por encima de los desacuerdos ideológicos que pueda haber entre PSOE y PP.

Sin entrar a discutir ahora sobre la bondad o maldad de un posible pacto entre PP y PSOE, me gustaría señalar algunos de los costes y peligros que tendría invertir las energías políticas del país en reformar la Constitución. El mayor, sin duda, sería hacer un diagnóstico tramposo de la situación presente.

En este sentido, no está de más recordar la doctrina de uno de los fundadores de la socialdemocracia alemana, Ferdinand Lassalle, sobre el significado y alcance de las constituciones escritas. En una célebre conferencia dictada en 1862, Lassalle distinguió la constitución como “hoja de papel” de la constitución real, lo que él llamaba los factores reales de poder. La constitución real está formada por las relaciones de poder que rigen en toda sociedad. A su juicio, la “hoja de papel” de la constitución resulta efectiva en la medida en que refleja fielmente la estructura del poder social y económico.

Quizá no sea necesario adoptar una posición tan reduccionista como la de Lassalle, pero no es absurdo insistir en que los verdaderos problemas del país no residen en nuestra “hoja de papel”, sino más bien en la constitución real, en los factores de poder que han hecho de España un país ineficiente y, sobre todo, profundamente injusto.

Tenemos un Estado del bienestar de poco recorrido en comparación con la media europea y, sobre todo, poco redistributivo (las clases medias son las más favorecidas, no quienes menos tienen). Nuestras políticas sociales no son capaces de acabar con la pobreza. El sistema fiscal, principal responsable de nuestro elevado déficit, no ha sido reformado seriamente en estos siete años de crisis: las grandes empresas y las grandes fortunas siguen disfrutando de privilegios, recayendo el grueso de la presión fiscal sobre asalariados y consumidores. El mercado de trabajo está profundamente fracturado, no hay políticas activas de empleo dignas de tal nombre, y los trabajadores más golpeados por la devaluación interna, los precarios, han visto cómo sus salarios se reducían en más de un 20%.

Como resultado de todos estos problemas, la desigualdad ha aumentado en España más que en cualquier otro país de la OCDEla desigualdad ha aumentado en España más que en cualquier otro país de la OCDE. De acuerdo con los datos de la OCDE, en España el 10% más rico gana 13,8 veces más que el 10% más pobre, una cifra solo superada por tres países, Méjico, Estados Unidos y Turquía.

La crisis, además, ha alterado la “constitución real” del país, propiciando una mayor concentración del poder económico. La desaparición de las cajas ha dado aún más poder a los bancos tradicionales que, entre otras cosas, ahora tienen un control casi total de los periódicos en papel.

¿Pero qué le pasa al PSOE?

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De lo que debería estar hablando la izquierda, sea socialdemócrata o más radical, es de cómo alterar una “constitución real” tan desgraciada. Para impedir que la desigualdad siga aumentando, será preciso modificar los equilibrios de poder que se han ido consolidando a lo largo de estos años de crisis.

Nada de lo que he mencionado se arregla reformando la Constitución. De la Constitución no saldrán políticas que palien la desigualdad o que mejoren la eficiencia de nuestro sistema productivo.

El peligro principal de reformar la “hoja de papel” es que acabe siendo una estrategia de las élites políticas, económicas e intelectuales para llegar a un gran consenso que permita dar la impresión de que algo cambia sin tocar la “constitución real” del país.