Activistas cubren el Oso y el Madroño de Madrid en protesta contra el tratado con comercial UE-EEUU

Activistas de la campaña No al TTIP, en la que participa la organización Ecologistas en Acción, han cubierto con un plástico este lunes a la estatua del Oso del Madroño situada en la Puerta de Sol de Madrid para protestar por la posible entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU, conocido por su siglas en inglés como TTIP y que se encuentra actualmente en fase de negociación.

Ecologistas en Acción ha alertado de que de firmarse dicho tratado, "los ayuntamientos y comunidades autónomas verían reducida drásticamente su capacidad de acción y decisión". Para visibilizar lo que tachan como una "amenaza", varios activistas de la campaña han tapado la estatua del Oso y el Madroño, una acción que coincide con la octava ronda de negociaciones del tratado que se celebra esta semana en Bruselas entre Estados Unidos y la Unión Europea.

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Y es que, si el TTIP se aprobara, se liberalizarían los servicios públicos y la contratación pública. En principio, lo que se pretende es "avanzar en los mecanismos de coherencia regulatoria, con los que se acercarían las legislaciones a ambos lados del Atlántico". Sin embargo, la organziación lo considera "un intento de rebajar los derechos laborales, sociales y ambientales de la población" y señala que "una reciente filtración" apunta a las intenciones de la Comisión Europea de "crear el Consejo de Cooperación Reguladora".

"Con este órgano se impulsarían procesos de toma de decisiones para 'eliminar barreras' al comercio y las inversiones, lo que acomodaría legislativamente los intereses de las corporaciones por encima del interés público, amenazando la capacidad y el derecho de legislar a nivel nacional, regional o local", ha criticado la asociación.

Esta campaña también se ha desplazado a Bruselas con el objetivo de "coordinar las diferentes luchas en toda la UE". La cláusula incorporaría además "el mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado (ISDS) y que puede suponer la imposición por parte de tribunales privados internacionales de millonarias indemnizaciones a los Estados a favor de empresas extranjeras", ha recordado la organización.