El PSOE andaluz plantea reducir un 5% el número de altos cargos para atraerse a Podemos

Un 5% menos de altos cargos y de personal directivo de entes públicos y un 5% menos de eventuales. Esa es una de las propuestas, y tal vez la más concreta, que el PSOE andaluz hace a Podemos para lograr que pase del no a la abstención en la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Pero esa y otras medidas no convencen a la formación que irrumpió con 15 diputados en el Parlamento autonómico en las elecciones del 22 de marzo. 

La oferta aparece en uno de los dos documentos que los socialistas remitieron este mismo jueves al partido de Pablo Iglesias, textos a los que ha tenido acceso infoLibre. Con ambos pretenden dar respuesta a las dos condiciones que puso la formación morada, aparte de la salida de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Una, que el Ejecutivo autonómico no mantenga relación con entidades bancarias que ejecuten desahucios sin alternativa habitacional. Y dos, la reducción de altos cargos para poder contratar más personal sanitario o educativo. Los dos textos "no dan respuesta" a las premisas exigidas, sentenció la fuerza de Iglesias en un comunicado, pese a lo cual se reunirá con los socialistas para abordar la investidura, que comenzará la próxima semana. 

Lo que quería Podemos es que la Administración andaluza adelgazase hasta tal punto que sólo se compusiera por consejeros y viceconsejeros, y que el resto del personal fuera funcionario. El PSOE se niega a ese extremo. Tras explicar con detalle los "esfuerzos" de ajuste del sector público que se han hecho en los últimos años, promete que no renuncia a "seguir mejorando la estructura y funcionamiento" del mismo, con el fin de que tenga el tamaño "necesario" para la labor de prestación de servicios que tiene asignada. "Nuestra propuesta es seguir avanzando en esa tarea, con el objetivo de lograr la Administración más eficiente que sea posible manteniendo y mejorando la agilidad en la respuesta a los ciudadanos", señala el documento, de siete páginas [consúltalo aquí en PDF]. 

Y aquí está la oferta: "Esto nos permite marcar como objetivo de futuro avanzar en la racionalización y reestructuración del sector público de entes, de forma que puedan refundirse un 5% de los existentes a esta fecha, así como una reducción del 5% de altos cargos y personal directivo de entes públicos y el 5% de los eventuales". 

Destinado a personal sanitario y educativo

Cómo y qué puede mejorarse, dicen los socialistas, requiere de un "análisis técnico y profundo", y para eso plantean crear un grupo de trabajo que, con el concurso de expertos, colabore con la Junta para definir la "reordenación necesaria". Pero el PSOE pone condiciones a ese ajuste: que la reestructuración "no suponga menoscabo de la calidad del servicio que se presta", que no se contribuya por esta vía "a la privatización de servicios esenciales" como ha ocurrido, alega, en otras comunidades; que se garantice que las entidades cuenten con "funcionarios públicos suficientes" para desarrollar su labor; que se use la tipología de entes públicos necesaria para la "mayor agilidad y eficacia en la prestación del servicio"; que se acuda a la refundición o agrupación de entes cuando redunde en una mayor eficiencia por economías de escala, y que el modelo resultante haga de la Junta una de las "Administraciones más modernas y avanzadas" de su entorno. 

El ahorro que se consiga por esta vía, promete el PSOE, se destinaría a incrementar "la dotación de la bolsa de personal sanitario y educativo", tal y como planteaba Podemos. Además, las plazas públicas que permita convocar el Estado –pues es el Estado el que fija la tasa de reposición de funcionarios– se concentrarán "hasta donde sea posible" en esos dos sectores, sanitario y educativo. 

El PSOE-A basa su negativa a una reducción drástica de altos cargos en la necesidad de no caer en una tecnocracia. "Todos tenemos ideología y los técnicos también. La derecha se ha escudado en la tecnocracia para justificar las políticas más conservadoras y para dar apoyo, entre otras cosas, a las políticas de austeridad a ultranza que tanto daño han hecho en estos últimos años". Además, el desempeño de cargos públicos "no puede restringirse en exclusiva" a los que son funcionarios, alega. 

El partido da algunas cifras para ilustrar "el esfuerzo de reducción y ajuste" en el sector público en los últimos años. De 2008 a 2015 se ha pasado de 316 a 218 altos cargos, "con un ahorro de 8.187.015,60 euros", se han reducido 42 puestos de eventuales, "con un ahorro de costes de 2.154.203,01 euros". El número de directivos de entes instrumentales ha caído, entre 2011 y 2015, en un total de 263 puestos. Así, se ha bajado el coste en 10.631.116 euros. Los socialistas incluyen cuadros en los que reflejan el recorte de los sueldos de los altos cargos y de cómo el gasto de personal "no se aproxima ni mínimamente" al 10% del total que decía Podemos. El peso de las retribuciones supone en realidad un 1,4%, "porcentaje similar" al de la Administración General del Estado, sin incluir a las plantillas de sanidad y educación. 

El texto del PSOE-A destaca que Andalucía "tiene una de las ratios más bajas en España" en volumen de cuadros: 26 altos cargos por cada millón de habitantes (frente a 144,3 de La Rioja; 117,2 de Cantabria o 87,7 de Euskadi), o 9,2 altos cargos por cada 10.000 empleados públicos. 

Los ajustes aprobados por la Junta se han hecho, defiende el texto, "sin menoscabo de los servicios públicos esenciales". "En Andalucía no ha habido ni marea blanca ni deterioro de nuestro sistema educativo", presume. 

Una ley paralizada pero que es "esencial"

El compromiso en vivienda de los socialistas es más difuso, porque insisten en que la ley antidesahucios aprobada en 2013 por el bipartito y paralizada por el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contiene "medidas muy avanzadas" para combatir el drama de los desalojos. Una norma que, cuando se levante la suspensión, "seguirá siendo un instrumento esencial".

No obstante, Díaz, en el segundo documento, de cuatro folios [consúltalo aquí en PDF] se compromete a promover la colaboración con las empresas suministradoras de servicios para "detectar las viviendas desocupadas y actuar en consecuencia". También a "imponer" sanciones a los bancos por el "deber de comunicación de adquisición de viviendas protegidas" y a desarrollar el reglamento de vivienda protegida para "facilitar la dación en pago" aunque no hayan transcurrido los 10 años en los que no pueden traspasarse esas casas. La Junta propone asimismo incrementar el parque público de viviendas para su arrendamiento a personas que cumplan los requisitos para ser destinatarias de viviendas protegidas. 

Un código de buenas prácticas

El PSOE propone "avanzar en el ámbito de la protección de los consumidores", mediante una ley específica que ampare a los usuarios en la contratación de préstamos hipotecarios. Además, el Ejecutivo socialista introducirá un título en el Reglamento de Vivienda Protegida para "vedar expresamente la posibilidad" de que las casas que conforman el parque andaluz "puedan ser vendidas" a fondos de inversión o de especulación de activos tóxicos (a fondos buitre). Es decir, que se trata de impedir que ocurra lo mismo que en sitios como Madrid. 

Y allá donde el Gobierno andaluz no tenga "competencias", promete instar al Gobierno central a que elimine las cláusulas suelo en las hipotecas, reiterar la propuesta de modificación de la legislación para evitar el abandono de la vivienda con la segunda oportunidad –para que los particulares tengan un trato semejante al de las empresas en casos de insolvencia–.

Los socialistas no hablan de romper relaciones con ningún banco. Pero sí añaden que se promoverá la "elaboración y asunción de un código de buenas prácticas que recoja los estándares internacionales en materia de desahucios". Asimismo, proponen la constitución de un grupo de expertos que ponga sobre la mesa medidas concretas aplicables en el ámbito de las competencias de la Junta o que sugieran modificaciones de la normativa estatal. 

"No quieren"

¿Qué análisis hace Podemos? Se da por satisfecho con la marcha de Griñán y Chaves, aunque no con la falta de respuesta, aduce, a su propuesta de que sean los partidos los responsables subsidiarios en caso de apropiación indebida.

A su planteamiento de que la Junta no convenie con bancos que desahucios, la formación morada entiende que los socialistas dicen "claramente" que no lo aceptan. El cambio de las cuentas corrientes de la Administración  pública "no requiere de ninguna ley que lo autorice, de la misma manera que no hay ninguna ley que le haya dicho a la Junta dónde tiene que tener abiertas las cuentas bancarias que actualmente existen". "Si no lo hacen es porque no quieren", argumenta, informa Europa Press.

Respecto a la reducción "drástica" de los cargos públicos, Podemos afirma que el PSOE-A señala "claramente" que no la acepta. "Se dice que se ha recortado, pero no se facilitan los datos del personal directivo del la administración paralela, ni su número ni su sueldo. Este dato debería conocerse en función de las propias normas de transparencia que actualmente existen", indicó la formación en un comunicado.