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DESLOCALIZACIÓN

Un recurso paraliza el traslado a Perú del servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II

Un recurso paraliza el traslado a Perú del servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II

Grupo Konecta y Atento han recurrido la adjudicación del servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II a GSS Venture, participada en un 25% por la propia empresa pública madrileña. De esta forma, han paralizado también el traslado del servicio a Perú el próximo día 27, frustrando así los planes de GSS Venture, que pretende operar desde el país andino los apartados de averías, urgencias, seguros y riesgos.

La paralización ha dado un breve respiro a los 250 trabajadores que hasta ahora se encargaban de la atención telefónica del Canal de Isabel II, la compañía pública que gestiona el suministro de agua en la Comunidad de Madrid. No obstante, han convocado para el próximo martes una manifestación ante la sede de la empresa para protestar por la deslocalización del negocio. Aunque GSS Venture ha prometido que “intentará recolocar con el mismo horario y categoría profesional” en otras de sus actividades a los operadores telefónicos cuyo trabajo quiere trasladar a su filial peruana, el comité de empresa no se fía.

“Dicen que se van a llevar a Perú sólo las averías, las urgencias y seguros y riesgos, pero tememos que, si esos servicios funcionan bien, el resto también los van a trasladar”, explican los representantes de los trabajadores. Además, denuncian que el Canal de Isabel II ha eliminado del pliego de condiciones del concurso la cláusula que en las anteriores convocatorias obligaba al adjudicatario a salvaguardar el empleo y a subrogar a la plantilla.

GSS Venture lleva 10 años gestionando el servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II, tras ganar los correspondientes concursos. La empresa fue creada en 2001 con un 25% del capital en manos de la compañía pública madrileña y el 75% en las de GSS Line, filial de Global Sales Solutions (GSS), una de las mayores firmas españolas de telemárketing. En GSS Line el Canal de Isabel II tuvo hasta 2007 un 20% del capital, que ese año vendió a la italiana Omnia. Dos años más tarde, la matriz recompró el 60% de la firma transalpina.

Nueve millones menos gracias a salarios de 214 euros al mes

El anterior concurso fue adjudicado a GSS Venture en mayo de 2011 por 24,36 millones de euros para un periodo de tres años con otro más de prórroga. El que ahora se encuentra en litigio es sólo para dos años, prorrogable para otro más. Pero el precio de licitación ha sido muy inferior: salió por 20 millones sin IVA y se ha adjudicado por sólo 15,35 millones. Fuentes del comité de empresa explican que los responsables de GSS Venture llegaron a quejarse por el bajo precio de salida –“No nos vamos a presentar, perderíamos dinero”–. Pero finalmente encontraron la fórmula para cuadrar las cifras: la rebaja de costes salariales que implica el traslado a Perú de parte del negocio, razonan. 

Los trabajadores del Canal de Isabel II se manifiestan contra el traslado del ‘call center’ a Perú

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Las condiciones salariales y de trabajo en el sector del telemarkéting en España son de las más precarias. Los sueldos de los teleoperadores de GSS, aseguran las fuentes del comité, apenas alcanzan los 1.000 euros mensuales. Claro que, en Perú, GSS está ofreciendo salarios de 750 nuevos soles por una jornada de siete de la mañana a cuatro de la tardeofreciendo salarios de 750 nuevos soles –nueve horas–, incluidos sábados de manera “eventual”. Son 214 euros al mes. Los pliegos del concurso establecían que el 70% de la nota de adjudicación correspondería al precio que ofertaran los candidatos; el 30% restante, a las condiciones técnicas del servicio.

GSS, que cuenta con una plantilla de casi 10.000 trabajadores repartidos entre España y otros ocho países americanos, facturó el año pasado en torno a los 100 millones de euros.

Canal de Isabel II puede presumir de unas cuentas más que saneadas. Cerró 2014 con unos beneficios de 225,7 millones de euros. Acredita un volumen de negocio de 830,7 millones de euros. En la junta de accionistas que celebró el pasado 23 de abril anunció un reparto de dividendo de 131,4 millones, a los que hay que añadir otros 22,6 de dividendo complementario. El 17,6% de su capital se distribuye entre 111 municipios de Madrid. El resto es propiedad de la comunidad autónoma.

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