Rajoy, la gran empresa y las televisiones críticas

Mariano Rajoy tiene desencantados a grandes empresarios y banqueros y anda desquiciado con las televisiones críticas. El núcleo esencial del IBEX-35, con las principales empresas y bancos a la cabeza, no disimula una “profunda decepción” con Rajoy y su Gobierno, a los que acusa de no haber sabido escuchar a la calle y de no haber sido capaces de transmitir siquiera la “necesidad de unas reformas” que, a juicio del Consejo Empresarial de la Competitividad, eran imprescindibles y positivas. Rajoy, por su parte, culpa del desastre electoral del PP el 24-M a la “parcialidad” de los dos grandes grupos de televisión privada, Mediaset y Atresmedia, aunque muy especialmente a La Sexta, perteneciente al segundo. La estrategia diseñada desde Moncloa para condicionar a las cadenas tras la pérdida de canales, con la apertura de un concurso para la concesión de otros seis en los próximos meses, se ha venido abajo. La capacidad de presión sobre las mismas se difumina tras el acuerdo millonario al que han llegado en los últimos días las cadenas para la retirada en el Supremo de un recurso que estaba a punto de costarles el cierre de ocho canales más.

La semana que concluye ha dejado percibir en tres escenarios distintos el peso decisivo que tanto la presión del poder económico como la tensión con las televisiones van a tener en la estrategia política para las generales de otoño.

1.- Consejo Empresarial de la Competitividad

El martes, 16, pasadas las doce del mediodía, fueron llegando a la sede central de Telefónica quince de los 18 miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC). Sólo faltaron tres: Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, Francisco González, del BBVA, y Antonio Brufau, de Repsol. Era la primera cita tras las elecciones de mayo del lobby que reúne a quienes manejan el máximo poder económico-financiero en España. La opacidad sobre el contenido que se trata en las reuniones del CEC ayuda a que alguien filtre que se habló “mucho de fútbol” o que lo principal era “la reelección de César Alierta” (presidente de Telefónica) para continuar llevando las riendas del consejo. En realidad esos dos asuntos “no ocuparon más de diez minutos”, explica un portavoz de uno de los grandes bancos representados. “Se habló a fondo de la situación política, como no podía ser de otra manera”, añade la misma fuente.

Intervinieron sobre el diagnóstico político once de los presentes, entre ellos el propio Alierta, así como Isidre Fainé, presidente de La Caixa, José Manuel Entrecanales, de Acciona, Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, o Rafael del Pino, de Ferrovial. Colaboradores de confianza de cuatro de los empresarios asistentes niegan que se dedicara mucho tiempo a hablar de Podemos, como también se ha publicado, o de los supuestos riesgos que un ascenso de la formación de Pablo Iglesias puede acarrear para la “estabilidad” que constantemente reclaman empresarios y banqueros. Uno de ellos expresó preocupación por los acuerdos del PSOE con Podemos y criticó al dirigente socialista Pedro Sánchez por “escorarse hacia el radicalismo con tal de tocar poder territorial”.

Sobre Podemos y las plataformas que gobiernan alcaldías principales como las de Madrid o Barcelona, “la verdad es que lo que preocupa en el CEC es la seguridad jurídica”, en palabras de una de las fuentes consultadas. “Habrá que comprobar en estos próximos meses si se respetan los contratos firmados en los grandes ayuntamientos y no se empiezan a denunciar, lo cual sí provocaría no sólo tensiones sino desconfianza y hasta huida de inversión extranjera”, añade.

Todos reconocen el punto de coincidencia que se produjo en la reunión del CEC: “Hay un desencanto evidente con Rajoy y su Gobierno”, dice uno de los portavoces del núcleo duro del IBEX. “No han sabido conectar con la calle, entender el cabreo generalizado, y es obvio que no tienen credibilidad ni tampoco habilidad para vender las reformas realizadas, que eran necesarias y urgentes”.

Con un tono más duro o más suave, esa conclusión fue reiterada por varios de los asistentes. Aún faltaban dos días para conocer los cambios decididos por Rajoy en la cúpula del PP, pero el presidente del Gobierno había insistido en un mismo mensaje en sus últimos contactos con el empresariado, incluso en algunas comparecencias públicas. Ha reconocido un “problema de comunicación” y se ha quejado repetidamente de las críticas que recibe el PP en cadenas de televisión como La Sexta y Cuatro. En la reunión del CEC del martes pasado, hubo un amago para hablar del asunto. Lo protagonizó Juan Roig, presidente de Mercadona, dirigiéndose a José Crehueras, presidente de Atresmedia como sucesor del fallecido José Manuel Lara. Al parecer, Alierta cortó el incipiente reproche: “Dejad tranquilo a Pepe” (Crehueras, sentado precisamente junto a Roig).

2.- Acusaciones en el Congreso

Las tensiones entre el Gobierno y los dos grandes grupos privados de televisión han sido constantes desde 2012, y los intentos de presión para “suavizar” la línea editorial de programas informativos de éxito en La Sexta y Cuatro, también. Arreciaron tras la muerte de José Manuel Lara a finales de enero pasado, pero ha sido el propio Rajoy quien ha situado esa tensión en primer plano tras la debacle del PP el 24-M. “Nos ha hecho daño la corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones”, afirmó el presidente ante el Círculo de Economía reunido en Sitges el día 30 de mayo.

Esas palabras de Rajoy protagonizaron la sesión de control parlamentario al Gobierno el miércoles 17, sólo unas horas después de la citada reunión del CEC. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, preguntó a la vicepresidenta por el concurso de seis nuevas licencias de televisión digital convocado por el Gobierno con un plazo de resolución de seis meses. Tras la primera respuesta de Soraya Sáenz de Santamaría en defensa de ese concurso,  negando que se trate de una forma de presión para condicionar a las televisiones, Hernando recordó las palabras de Rajoy sobre “el martilleo” y acusó al Gobierno de tener “aversión a la libertad de información” y de “poner una pistola en el pecho a las televisiones” con el concurso en marcha. Dejó entonces la vicepresidenta una sospecha en el aire, al sugerir a Hernando: “Hable usted con su anterior jefe [Alfredo Pérez Rubalcaba] a ver lo que opina de esa cuestión; no le vendría nada mal que le refrescara las conversaciones que en algún momento tuvo conmigo”.

Sobre esa misteriosa alusión, desde Vicepresidencia del Gobierno no se ha querido dar ningún otro detalle. Preguntado por infoLibre, Rubalcaba se muestra contundente: “Jamás he hablado con Soraya sobre televisiones, así que no sé a qué se puede referir”. Un alto ejecutivo de Atresmedia comenta que tras la muerte de Lara hubo gestiones entre PSOE y PP para intentar presionar para una “rebaja de la crítica en determinados programas de La Sexta”, y sitúa a Rubalcaba como protagonista de iniciativas en esa línea, manteniendo contactos con empresarios y banqueros del Consejo de la Competitividad e intentando convencer a Pedro Sánchez de que era conveniente acordar con el Gobierno “cierta paz mediática en este año electoral”.

Rubalcaba asegura que en el último año, tras su retirada de la secretaría general del PSOE, no ha mantenido “ningún contacto con empresarios del IBEX” y que tampoco conoce “a Crehueras ni a Lara hijo” [José Lara, consejero delegado del Grupo Planeta]. Señalado desde siempre por su estrecha relación con Juan Luis Cebrián y el Grupo Prisa, esos contactos con el Gobierno y algunos de los acreedores de Prisa convertidos ya en accionistas de la empresa editora de El País tendrían de paso como objetivo que Cebrián obtuviera los dos canales a los que aspira de los seis incluidos en el nuevo concurso.

“Que no me metan en esto, porque estoy fuera”, responde Rubalcaba, quien sin embargo relata algo que hablaba con Rajoy sobre las televisiones ya en 2012: “Rajoy se quejaba a menudo del trato que le daba La Sexta, y yo le decía: 'Pero tú de qué te quejas, ¿acaso te trata a ti mal Antena 3? Más motivos tengo yo, que me machaca La Sexta siendo supuestamente de izquierda”.

El relato de Rubalcaba desmiente, por otra parte, la leyenda que ahora se pretende filtrar desde Moncloa de que Rajoy ni siquiera sabía hasta hace unos días lo que es El Intermedio, y más bien corrobora lo que transmiten directivos tanto de Atresmedia como de Mediaset: la presión a través de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y su equipo ha sido permanente durante la legislatura, y muy especialmente con la aparición de Podemos y Ciudadanos en el paisaje político y televisivo. Cuentan que, aunque Rajoy no lo siga, su mujer, Elvira (Viri) Fernández, ve a menudo El Intermedio y traslada sus quejas en Moncloa.

3.- El negocio de las licencias

Las protestas y reproches desde Moncloa a Lara primero y después a Crehueras por la línea informativa y editorial de La Sexta han chocado siempre con la defensa de los profesionales de la cadena, respaldados además por los datos de audiencia registrados, en contraposición con el constante descenso de RTVE, al servicio de las directrices del Gobierno como viene denunciando el Consejo de Informativos, que incluso ha llevado al Parlamento Europeo esa denuncia de manipulación de la televisión pública.

A la vista de la escasa o nula eficacia de las constantes presiones, el Gobierno decidió hace meses un cambio de estrategia aprovechando el proceso judicial seguido en el Tribunal Supremo sobre la concesión de licencias de televisión digital en la anterior legislatura. El asunto es complejo técnica y jurídicamente, pero fundamental en términos de intereses económicos y empresariales, y clave en la actual tensión política.

En diciembre de 2013, el Tribunal Supremo dictaminó el cierre de nueve canales de TDT tras la denuncia presentada por Infraestructuras y Gestión 2002, una curiosa empresa dedicada al negocio audiovisual de apuestas y líneas eróticas, entre otras cosas. La sentencia obligó, en mayo de 2014, a Atresmedia a clausurar tres canales, dos a Mediaset, dos a Veo TV (Unidad Editorial, o sea El Mundo) y otros dos a Net TV (Vocento).

Nuevas demandas de la misma y de algunas otras empresas supuestamente perjudicadas por no haber existido concurso previo en las concesiones de TDT han prosperado en el Supremo, que este próximo martes, 23 de junio, tenía previsto aplicar la doctrina de la sentencia anterior y decretar el cierre de otros ocho canales (cuatro de Mediaset, dos de Atresmedia, uno de Vocento y otro de Unidad Editorial). A la vista de una sentencia “cantada” que supondría pérdidas millonarias al sector, el Gobierno abrió en abril un concurso para la concesión de seis nuevas licencias de televisión (tres en alta definición y tres estándar) con un plazo de seis meses hasta la adjudicación. Era una forma evidente de tener a las televisiones pendientes de una decisión gubernamental en vísperas de elecciones generales. Ya que la presión política directa no funcionaba suficientemente, ahora se trataba de tocar el músculo del negocio.

Pero las televisiones afectadas han rematado precisamente este jueves una jugada que afloja el nudo con el que el Gobierno de Rajoy las apretaba. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), organización que congrega a las cadenas privadas, ha llegado a un acuerdo con los denunciantes para que retiren el recurso en el Supremo a cambio de un verdadero dineral. Uno de los principales representantes de UTECA ha reconocido a infoLibre que la cifra pactada se acerca a los veinte millones de euros, que pagarán las cuatro empresas de forma proporcional al número de canales que se arriesgaban a perder.

El Gobierno lo tiene muy difícil para esquivar las consecuencias de esta jugada,  pese al empeño en estudiar todas las posibilidades para que se mantenga lo previsto. La misma fuente explica que la retirada del recurso es imparable, puesto que “el Abogado del Estado no puede ir contra los intereses del propio Estado, así que no se entendería que pretendiera mantener la causa viva en el Supremo si los impugnantes se retiran”. Las televisiones han preferido pagar una fortuna (al menos una fortuna para el resto de los mortales) antes que quedar condicionadas por las decisiones que se le antojen al Gobierno de aquí a noviembre. Todas aspiran en cualquier caso a más canales, especialmente cuando cabe la posibilidad de llegar después a acuerdos de cesión, explotación, alquiler… con terceros. En el sector dan por hecho que 13TV, ahora en régimen de “alquiler” de una licencia de Unidad Editorial, obtendrá una propia en el concurso abierto. 

  

Rajoy dice que los cambios en el Gobierno y el PP se conocerán antes de fin de mes

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Ese mismo jueves anunciaba Rajoy los cambios en la dirección del PP, donde la principal novedad consiste en que él mismo se pone al frente del partido y se rodea de nombres de confianza con una nueva estrategia de comunicación. “Vamos a estar en todas las tertulias. Os váis a cansar de vernos”, anunciaban el viernes desde la sede del PP en la calle Génova, según informa Yolanda González.

Un alto directivo de Mediaset apunta otro elemento en la nueva situación. “Hasta ahora desde Moncloa acusaban a La Sexta y a Cuatro de dar más voz a Podemos y Ciudadanos, sin estar representados en las instituciones, que al PP. Después del 24-M, los llamados emergentes están en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, así que desde el PP tienen que fajarse y dejar de culpar al mensajero”.

Una de las fuentes conocedoras del Consejo de la Competitividad consultadas para esta crónica reconoce que “si Rajoy pretendía solucionar sus problemas silenciando algunas cadenas, lo tiene hoy más complicado, por su propia debilidad y porque aquí se trata tanto o más de negocio que de ideología”.